México frente al terror narco

Para el gobierno norteamericano actual, los narcotraficantes no son delincuentes comunes sino terroristas plenamente equiparables con los islamistas más fanatizados que quieren llamar la atención al salvajismo extremo que los caracteriza, razón por la que Donald Trump  cree que Estados Unidos tiene derecho a perseguirlos en cualquier parte del mundo sin tomar en cuenta la soberanía de los países en que se encuentran.

En 2011, el entonces presidente Barack Obama ordenó a las fuerzas especiales estadounidenses matar en Pakistán al islamista Osama bin Laden, el cerebro detrás de los atentados devastadores contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington en que murieron tres mil personas. Hace poco, Trump recurrió a la misma lógica para justificar la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. Sin embargo, le importaban menos los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Maduro por ser cuestión de un “asunto interno” que su supuesto papel en la exportación de cocaína y otras drogas a territorio norteamericano. Por lo demás, los militares norteamericanos no han vacilado en hundir embarcaciones que, según ellos, traían drogas a Estados Unidos, sin preocuparse ni por los detalles legales ni por la posibilidad de que las víctimas mortales de sus ataques fueran pescadores inocentes.

A pesar de amenazar con hacerlo, Estados Unidos se ha abstenido de incursionar militarmente en México, pero nadie ignora que los servicios de inteligencia de la superpotencia colaboran activamente con las autoridades del país vecino. La semana pasada, sus agentes ayudaron a poner fin a la carrera criminal de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho” que, dicen los expertos en esta materia, había llegado a ser el narcotraficante más temido del planeta, al aportar información clave a las autoridades mexicanas que se encargaron de asestarle el golpe de gracia.

Enfurecidos por lo ocurrido, los soldados del Cartel Jalisco Nueva Generación de El Mencho reaccionaron como militantes políticos bloqueando calles, incendiando autos y ómnibus y atacando frontalmente a las fuerzas de seguridad con el propósito evidente de advertirle a la presidenta Claudia Sheinbaum que le convendría permitirles seguir con su negocio que, por las dimensiones que ha alcanzado, se encuentra entre los mayores del planeta.  

Si no fuera por la fuerte presión estadounidense, podría resultarle irresistible a Sheinbaum la tentación de pactar subrepticiamente con los carteles riquísimos y sumamente violentos que están sembrando terror en su país. Es lo que hizo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, que optó por tratar a los narcos como si fueran extremistas políticos que, a cambio de concesiones, podrían ser incorporados al sistema vigente. Aunque la estrategia así supuesta resultó ser contraproducente, tampoco prosperaron los intentos de gobiernos anteriores de solucionar el problema por medios militares  

Puede que los narcos no tengan objetivos políticos explícitos, pero de salirse con la suya, México no tardaría en asemejarse a Haití donde el Estado está efectivamente en manos de bandas criminales. Sin embargo, como los mexicanos -y los brasileños, entre otros- aprendieron hace mucho, la alternativa, que es librar una guerra de exterminio contra las organizaciones narcotraficantes, puede tener consecuencias terroríficas no sólo para las autoridades sino también para la población “civil”. Desde hace años, los mexicanos de a pie, como los habitantes de algunos países del Oriente Medio y África, están acostumbrados a ver docenas de cuerpos decapitados en la calle o colgados de puentes. Por motivos comprensibles, entre los policías y militares se han vuelto rutinarios los casos de gatillo fácil.  

¿Beneficiará a los carteles la rebelión violentísima de los seguidores de El Mencho?  Dadas las circunstancias, Sheinbaum no podrá sino sentirse obligada a redoblar los esfuerzos por aplastar al grupo del que fue el jefe indiscutido y a los otros que a buen seguro intentarán aprovechar la muerte de su enemigo más peligroso. A menos que lo haga, la primera mujer a ocupar la presidencia de México figurará como una persona demasiado débil como para combatir el crimen organizado que tanto daño está haciendo a su país.

También se expondría a la venganza de Trump que ha hecho de la lucha a muerte contra los carteles mexicanos una de sus prioridades estratégicas. Según el mandamás estadounidense, los narcos latinoamericanos son los responsables principales de las adicciones que todos los años causan la muerte de más de cien mil personas en su país. Le preocupa especialmente el fentanilo, que es cincuenta veces más potente que la heroína, que suele fabricarse en México con ingredientes importados de China, si bien parecería que últimamente se ha reducido la proporción de muertes atribuibles a la sustancia.

De todos modos, puesto que la industria narco ha alcanzado sus dimensiones actuales merced a la voluntad de comprar sus productos, por muchísimo dinero, de tantos norteamericanos y europeos, algunos insisten en que sería mejor combatirla legalizando el consumo de drogas adictivas para que el mercado, fiel a las fluctuaciones de la oferta y la demanda, se encargue de atenuar la crisis. ¿Ayudaría tratarlo como un problema meramente médico?  Los contrarios a tales propuestas señalan que legitimar el consumo sólo serviría para que más personas se convirtieran en adictos vitalicios, lo que tendría un impacto terriblemente negativo en la salud pública de Estados Unidos y otros países prósperos que ya enfrentan graves problemas en tal ámbito debido al envejecimiento inexorable de la población. Asimismo, no cabe duda de que los drogadictos, aun cuando reciban tratamiento médico, son más proclives que otros a cometer crímenes violentos.    

Aunque en muchas jurisdicciones en América del Norte y Europa se han suavizado las leyes pertinentes a la tenencia de narcóticos, es poco probable que en los países principales se abandone por contraproducente la guerra contra los carteles que, además de provocar un sinfín de tragedias personales, hacen cada vez más corruptas a las sociedades en que penetran al comprar a políticos influyentes, jueces, funcionarios, militares y policías

Por un lado, los narcos están en condiciones de enriquecer a los dispuestos a colaborar, por el otro, pueden amenazar a los recalcitrantes con matarlos y ensañarse con sus familiares. Es por lo tanto comprensible que en muchas partes del mundo -incluyendo, desde luego, la Argentina- los grupos que han formado han podido operar como partidos políticos en las sombras que inciden en las decisiones tomadas por las autoridades. De más está decir que en los casos de enriquecimiento inexplicable que siguen tramitándose en los tribunales, hay motivos de sobra para sospechar que una proporción importante del dinero involucrado procedió de organizaciones narco.

Durante muchos años se daba por descontado que la Argentina era “un país de tránsito” que carteles de origen extranjero usaba para llevar sus productos a Europa pero que, por fortuna, no era un mercado de consumo muy significante. Se trataba de una ilusión. Puede que aquí el desafío planteado por el narcotráfico sea menos feroz que el enfrentado por otros países de la región, como Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil y, claro está, México, pero ello no quiere decir que sea un fenómeno meramente marginal. En el conurbano bonaerense, Rosario y otros lugares, la criminalidad está íntimamente vinculada con la disponibilidad de drogas baratas como el paco: según se informa, en muchos barrios pobres los dealers han reemplazado a los punteros políticos de antes. Se entiende: pueden ofrecer “salidas laborales” a jóvenes que de otro modo no podrían conseguir ni dinero ni una cuota de prestigio a ojos de sus coetáneos.

Los mexicanos han aprendido que procurar convivir con los carteles sería suicida pero también saben que reprimirlos por la fuerza significaría tolerar medidas que son difícilmente compatibles con el estado de derecho en los países de tradiciones occidentales. Por ser tan nefastos los estragos que están provocando las organizaciones narcos, en algunos países de la región, no extraña que quienes reclaman mano dura se sientan atraídos por el ejemplo brindado por Nayib Bukele que, para derrotar a las pandillas que antes de su llegada a la presidencia sembraban terror en El Salvador, instaló un Estado policiaco severísimo y vio subir hasta las nubes su índice de popularidad. Según algunos sondeos recientes, aprueba su gestión el 85 por ciento de sus compatriotas.

En México, Sheinbaum y muchos otros rezan para que el estallido de violencia narco que siguió a la muerte de El Mencho se apague pronto y que los conflictos internos en el cartel de Jalisco y sus igualmente sanguinarios rivales los debiliten hasta tal punto que las autoridades puedan desarticularlos y encarcelar a sus integrantes. A menos que algo así ocurra, la democracia mexicana, como la de otros países de la región, correrá el riesgo de sufrir un destino similar a la salvadoreña. Para ganar la guerra contra la violencia delictiva, el régimen democráticamente elegido de Bukele se hizo tan autoritario que se parece más a una dictadura militar plebiscitada que a un gobierno basado en el imperio de la ley