Periodismo por sustracción

Existe una manera de discutir política migratoria y hay una forma deshonesta. La manera positiva consiste en reconocer los datos y luego argumentar qué valores deben prevalecer sobre ellos. La manera negativa consiste en desconocer la información para evitar la discusión ética. Entre tanto, la prensa europea de centro lleva años practicando la segunda. Y cuando los hechos quedan fuera del debate público, este se vuelve imposible.

Tomemos un ejemplo reciente, una columna de análisis comparado entre Estados Unidos y Europa occidental examina la caída reciente de homicidios y la recuperación de la expectativa de vida estadounidense. El texto selecciona causas tales como postura policial, transferencias fiscales pandémicas, programas comunitarios locales o la adopción de medicamentos contra la obesidad. La columna omite una variable como la composición migratoria de ambas regiones, esta cambió de forma sustantiva en la última década, y fue en direcciones opuestas. Por una parte, Europa occidental recibió flujos migratorios netos positivos sostenidos durante quince años. Estados Unidos, bajo la segunda administración Trump, redujo los arribos irregulares de forma marcada y expandió las operaciones de remoción interior desde 2025.

Los datos europeos no son objeto de disputa entre los institutos estadísticos oficiales. Suecia publica desde hace años series sobre homicidios por arma de fuego concentrados en barrios con alta proporción de población extranjera o de segunda generación. Brå, la agencia sueca de prevención del delito, documenta la composición de las víctimas y de los victimarios. Países Bajos da cuenta a través del CBS la sobrerrepresentación de ciertos grupos en categorías específicas de criminalidad. Por su parte, Francia publicó en 2024 datos oficiales del Ministerio del Interior sobre nacionalidad de los autores de delitos. Y Alemania mantiene desde hace décadas el Polizeiliche Kriminalstatistik con desagregación por nacionalidad. También Bélgica documenta lo propio en Bruselas y Amberes y el Reino Unido registra conteos sobre cuchilladas en Londres con distribución demográfica conocida.

Estos datos vienen de los propios gobiernos, no de partidos de derecha, medios alternativos o redes sociales. Su origen está en los ministerios del interior, las policías nacionales y las oficinas estadísticas oficiales. Cualquier ciudadano europeo puede descargarlos, y sin embargo, cuando un periodista del Financial Times compara la criminalidad europea con la estadounidense para extraer lecciones de política pública, esos datos desaparecen.

La pregunta es por qué, pero la respuesta no es ignorancia. Los periodistas de un diario como el Financial Times conocen los datos oficiales de los países que cubren. Existe en la prensa europea de centro y centroizquierda una convención no escrita según la cual la variable migratoria debe excluirse del análisis criminológico, salvo cuando puede presentarse como factor exculpatorio. El consenso opera por temor a alimentar partidos políticos considerados indeseables. La consecuencia es que los lectores reciben análisis incompletos sobre los fenómenos que más afectan su vida cotidiana.

Esta práctica tiene un nombre histórico. La prensa soviética llevaba décadas presentando datos económicos sin mencionar las variables que contradijeran la narrativa oficial. Las estadísticas existían, las recolectaban los institutos correspondientes, pero la prensa omitía los segmentos incómodos. No se trataba de mentir directamente, sino de seleccionar. Esa edición sistemática produce, con el tiempo, una población incapaz de discutir su propia realidad.

En el plano factual, los hechos son, primero, varios países europeos registran concentraciones de criminalidad violenta en poblaciones con origen migratorio reciente, según sus propias estadísticas oficiales. Segundo, Estados Unidos registra desde 2023 caídas pronunciadas en homicidios que coinciden temporalmente con cambios en política migratoria y con la reducción de la inmigración irregular. Tercero, ningún análisis serio sostiene que la migración sea la única variable explicativa, asimismo, ningúna consideración seria puede excluirla.

En el plano ético, las posiciones son legítimas y diversas. Una persona puede sostener que la apertura migratoria es un valor superior a la seguridad ciudadana, y que las sociedades receptoras deben aceptar incrementos de criminalidad como costo de cumplir obligaciones humanitarias. Esta posición tiene defensores articulados y argumentos serios. Otra persona puede apoyar que la prioridad debe ser la seguridad de los ciudadanos residentes, y que la política migratoria debe ajustarse en consecuencia. Esta posición también tiene defensores articulados y argumentos serios. Una tercera persona puede sostener que existen políticas intermedias, integración acelerada, selección por habilidades, controles fronterizos sin remociones masivas, que minimizan ambos costos. Esta posición es probablemente la más extendida en la práctica.

Las tres posiciones requieren los mismos datos y requieren saber cuál es la magnitud real del fenómeno, cómo se distribuye geográficamente, cómo varía entre generaciones y cómo responde a distintas políticas. Sin esos datos, las tres líneas se vuelven posturas de fe sin posibilidad de resolver problemas de política pública.

Los europeos pagan impuestos altos. Una parte significativa de estos financia sistemas de bienestar generosos, que incluyen prestaciones para residentes recientes. Esta es una decisión política deliberada que los ciudadanos europeos eligieron para sostener esos sistemas. Optaron también, durante décadas, por la llegada de flujos migratorios sostenidos por razones humanitarias, económicas o demográficas. Estas decisiones son legítimas. Lo que no es válido es ocultar las consecuencias de esas elecciones a los propios ciudadanos que las pagan.

Si la apertura migratoria produce incrementos en ciertas categorías de criminalidad, los electorados tienen derecho a saberlo. Pueden decidir entonces si el costo vale la pena y si prefieren mantener la política, o si prefieren modificarla. Esa decisión es suya y no corresponde a los editores de los grandes diarios decidir por ellos mediante la omisión sistemática de información relevante.

El caso estadounidense ofrece un contraste porque la administración Trump aplicó desde 2025 una política migratoria restrictiva que incluyó remociones interiores, fin de programas de parole humanitario, presión sobre jurisdicciones santuario y reducción del cruce fronterizo. Esta política tuvo costos visibles con familias separadas, comunidades temerosas, sectores económicos con escasez de mano de obra, y, conflictos jurisdiccionales entre el gobierno federal y los estados. Los costos están documentados y sus críticos los señalan correctamente. Pero la política también produjo resultados medibles en otras dimensiones. La caída de homicidios en 2024 y 2025 coincide temporalmente con estos cambios, y la fracción del efecto atribuible a la política migratoria respecto a otros factores es discutible.

Un análisis serio de las lecciones transferibles entre Estados Unidos y Europa requeriría poner ambos costos sobre la mesa. Reducción de criminalidad medida en homicidios evitados frente a costos humanitarios, económicos y políticos de la política restrictiva. Una sociedad europea puede mirar ese cálculo y concluir que prefiere su modelo actual; o arribar a la idea que el precio humano de la política de Trump excede los beneficios securitarios. Esa es una conclusión defendible, lo que no es admisible es pretender que el cálculo no existe.

La prensa cumple una función específica en las democracias, y no es proteger a los lectores de información incómoda, sino proveer los datos para la toma de decisiones colectivas informadas. Cuando un editor considera que cierto dato es demasiado peligroso para sus lectores, ese gerente toma una decisión política. La opción puede estar bien intencionada, pero el resultado es que el debate público se empobrece, las posiciones se polarizan, y los partidos que sí mencionan los datos crecen precisamente porque ocupan el espacio que la prensa convencional dejó vacío.

Existe una ironía adicional. Los editores que evitan estos datos justifican la omisión señalando el riesgo de crecimiento de la extrema derecha, pero la salvedad produce el efecto contrario. Cuando los ciudadanos perciben que la prensa establecida les oculta información, buscan esos datos en otros lugares. Los lugares disponibles suelen ser peores que los tradicionales, y mezclan datos verdaderos con teorías conspirativas, presentando la información sin contexto estadístico para instrumentalizarla con fines políticos específicos. La prensa de calidad ofrece los mismos datos con el contexto y el rigor que les corresponde, pero elige no hacerlo. Así, la consecuencia es predecible.

Los hechos son los siguientes, Estados Unidos redujo su criminalidad, en parte por factores que el análisis convencional reconoce. Otra parte se explica por cuestiones que la metodología establecida omite. Por su parte, Europa enfrenta el problema inverso. Una sociedad puede preferir el modelo europeo o el estadounidense. Lo que ningún electorado puede permitirse es la decisión entre modelos sin conocer los costos y beneficios reales de cada uno.

La función del periodismo serio es exponer esas relaciones, no la protección discursiva. Se debe exponer esos vínculos, con el mejor rigor disponible, y permitir que las sociedades democráticas hagan lo que les corresponde hacer, es decir, tomar una decisión.

Cuando un diario elige en cambio que ciertos datos son demasiado peligrosos para sus propios lectores, ese medio de comunicación dejó de ser periodismo y pasó a ser otra cosa.

Las cosas como son.

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.