A fines de julio decenas de miles de personas cruzaron a nado y a pie desde Marruecos hacia Ceuta, una ciudad española de 84.000 habitantes situada en la costa norte de África. España conserva allí dos enclaves, Ceuta y Melilla, herencia de cinco siglos de presencia y objeto de un reclamo marroquí permanente. El 29 de julio el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, informó que en la última quincena habían entrado a nado unas 1.500 personas, 200 por día, con los centros de acogida desbordados, y exigió al gobierno central una acción contundente y sin dilación. La mañana del 30 el flujo se convirtió en avalancha cuando la Guardia Civil calculó 20.000 entradas en horas. Al día siguiente el Ministerio del Interior hablaba de 49.000 y Vivas de 60.000. Sobre los muertos ocurrió lo mismo, la Delegación del Gobierno informó 72 y el gobierno ceutí llegó a contabilizar 88, casi todos ahogados junto al espigón del Tarajal. Días después del máximo, cuando el discurso oficial proclamaba el regreso a la normalidad, Vivas estimaba que entre 3.000 y 5.000 personas seguían en la ciudad. Un Estado que no puede conciliar sus propias cifras de entradas, de muertos y de permanencias no administra una crisis, sino su relato, porque esta no es una historia de inmigración, ya que pasa por la credibilidad.
Un gobierno perdió su fiabilidad ante sus socios, vecinos y sus propios ciudadanos. Sin embargo, este episodio tiene un precedente. En mayo de 2021 unas 8.000 personas entraron a Ceuta en dos días, cuando Rabat aflojó sus controles en represalia porque Madrid atendió en un hospital al líder del Frente Polisario, el movimiento que disputa con Marruecos el Sahara Occidental. Aquella crisis se cerró cuando España abandonó su posición histórica y apoyó el plan marroquí de autonomía para ese territorio. Así, la frontera sur de España se abre y se cierra desde Rabat, y cada apertura tiene un precio político.
Esta vez la prensa europea repitió una explicación incompleta porque se habló de mafias, del malestar marroquí por el acercamiento español a Argelia y del efecto llamada. Se omitieron tres datos que cambian el cuadro.
El primero es jurídico. El 8 de julio se conoció una sentencia del Tribunal Supremo español que prohibió las devoluciones inmediatas de quienes llegaran por mar, las llamadas devoluciones en caliente. Las mafias vendieron esa sentencia como una puerta abierta, y el propio Pedro Sánchez, al llegar a Ceuta, atribuyó la estampida a esa interpretación interesada del fallo. Las llegadas a nado se multiplicaron desde entonces hasta desembocar en la avalancha. El detonante que señaló el presidente del gobierno español desapareció de la mayoría de las crónicas que lo defendían.
El segundo es simbólico y también jurídico. El 15 de julio, dos semanas antes de la crisis, España desmanteló la verja que la separaba de Gibraltar y Sánchez celebró la caída del último muro de la Europa continental. Madrid sostiene ante las Naciones Unidas que Gibraltar es una colonia británica cuya existencia viola la integridad territorial española. Es el mismo argumento que Marruecos usa contra España por Ceuta y Melilla. Madrid responde que la ONU lista a Gibraltar como territorio por descolonizar y no a los enclaves; Rabat responde que esa lista la escribieron los europeos. Un gobierno que derriba muros al norte mientras defiende vallas al sur, y que exige descolonizar lo ajeno mientras retiene lo propio, le regaló a Rabat el expediente completo.
El tercero es una fecha. La avalancha estalló el 30 de julio, día de la Fiesta del Trono, la celebración nacional marroquí.
Entre tanto, ninguna gendarmería abandona una frontera sensible el día de su fiesta nacional por descuido. Y observando la secuencia completa, desde las tres semanas de goteo creciente tras la sentencia del Supremo, hasta el estallido simultáneo el día festivo, se sugiere una operación tolerada, con coartada judicial y coartada festiva incluidas. Si bien faltan elementos probatorios para estos vínculos, la posibilidad existe y es la más económica de las explicaciones disponibles. Sin embargo, ningún medio grande la puso sobre la mesa.
Hay un cuarto elemento que sí discutió Europa, aunque a media voz. En abril el gobierno español lanzó una regularización extraordinaria de inmigrantes. Se esperaban 500.000 solicitudes y llegaron 1.174.978. Así, el instrumento se aprobó por decreto, sin pasar por un parlamento donde el gobierno carece de mayoría. Esto significa que el cierre del plazo no cerró nada porque el mecanismo queda disponible y puede repetirse cuando convenga. Cuando 22 líderes europeos firmaron una carta contra las regularizaciones masivas como factor de atracción, no hablaban del pasado, sino del precedente.
La reacción europea fue reveladora por su dureza. Italia suspendió a España del espacio Schengen, la zona europea sin controles internos, y restauró inspecciones temporales sobre llegadas españolas. Francia reforzó su frontera. Cuando Bielorrusia empujó migrantes hacia Polonia en 2021, o Turquía hacia Grecia antes, la Unión Europea proclamó solidaridad plena con el país agredido. Sin embargo, con España hizo lo contrario. La diferencia es que los socios europeos ya no le creen al gobierno español, y que esa desconfianza tiene causas que exceden la política migratoria. Los orígenes están a la vista de cualquiera que lea la prensa de Madrid.
Sánchez llegó a esta crisis siendo el líder europeo con más frentes judiciales abiertos en su entorno directo. Su esposa está investigada por tráfico de influencias; al tiempo que su hermano fue procesado y espera juicio. Asimismo, el número tres de su partido terminó en prisión preventiva por una trama de comisiones ilegales que también alcanzó a un exministro de confianza. Y el expresidente Zapatero, su operador ante Venezuela, fue acusado por ser presunto líder de una organización criminal con vínculos con ese país. Nada de esto figura en los retratos europeos de Sánchez como mártir liberal de la inmigración. En suma, sin el contexto judicial, la resistencia europea a socorrerlo parece xenofobia; con el contexto, parece prudencia.
El historial de la televisión pública española merece mención aparte. Sus propios trabajadores denunciaron órdenes políticas en la cobertura de la acusación de Zapatero, su Consejo de Informativos abrió una investigación por una cobertura impropia de un servicio público y un estudio independiente midió que sus telediarios critican a la oposición el doble que al gobierno. Un país cuyos medios estatales arrastran ese expediente llega a cada crisis con un problema previo, aunque esta vez sus cifras acompañaron a las del resto de la prensa, ya nadie distingue cuándo informa y cuándo obedece. Esa incertidumbre es en sí misma un daño, y lo fabricó el gobierno que controla el ente.
Cuando la crisis escaló, las redes produjeron su propio monstruo. Un análisis del Combat Antisemitism Movement contó 173 publicaciones de cuentas influyentes que presentaron la avalancha como un complot judío, con un alcance estimado de 103 millones de personas en 72 horas, y el mismo relato circuló en la ultraderecha, en la izquierda antiimperialista y en cuentas islamistas, con el actor Javier Bardem difundiendo versiones que culpaban a Israel de castigar a España por su política sobre Gaza. Así, el gobierno denuncia como colonos a los israelíes, sostiene las dos últimas posesiones europeas en suelo africano, mientras una corriente oficial española insiste en que lo de América no fue colonialismo sino encuentro. La incoherencia no es un detalle porque es el material con que se fabrican las teorías conspirativas que luego se debe desmentir.
Ceuta demostró que 55 agentes custodiaban la primera línea de una frontera donde decenas de miles de personas cruzaron en horas, que el Estado español depende de que Rabat cierre el grifo y que la Unión Europea no acudirá. Si en lugar de una multitud que regresa hubieran entrado 500.000 personas dispuestas a quedarse, no había fuerza capaz de removerlas. Algunos llaman a esto una hipótesis alarmista, sin embargo es un ensayo cuyo resultado ya conocen en Rabat. La pregunta que Europa evita es cómo será la próxima vez.
Las cosas como son.
Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.
Galería de imágenes
Comentarios