Adorni renunciaría también al directorio de YPF tras su salida del Gobierno

Manuel Adorni formalizó su renuncia indeclinable al máximo cargo ministerial el sábado 27 de junio, a horas del enfrentamiento de la selección nacional de fútbol con su par de Jordania por la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de casi cuatro meses de un desgastante escándalo judicial y político por presunto enriquecimiento ilícito que volvió insostenible su permanencia en el Poder Ejecutivo. La dimisión fue aceptada de inmediato por el presidente Milei, quien pocas horas después, el domingo por la noche, designó formalmente al ministro Diego Santilli como reemplazante en la coordinación del Gabinete de la Nación.

La caída de Adorni comenzó a gestarse en marzo, cuando la opinión pública y los tribunales posaron su mirada sobre la velocidad con la que crecieron sus bienes particulares desde que ingresó a la función pública en diciembre de 2023. El funcionario enfrentaba una investigación penal bajo la lupa del fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, impulsada por informes técnicos y contables de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI). El expediente judicial avanzó rápidamente tras detectarse un llamativo desbalance entre los ingresos registrados de todo su núcleo familiar y sus fastuosos gastos corrientes.

Los investigadores lo cercaron tras comprobar desembolsos en efectivo superiores a todos sus ahorros históricos previos, la utilización de tarjetas de crédito por montos millonarios cercanos a los 85 millones de pesos y la suntuosa adquisición y remodelación de una propiedad en el exclusivo barrio privado Indio Cuá, además de un departamento en Caballito y costosos viajes internacionales de su esposa, Bettina Angeletti.

La situación judicial y los justificativos de Adorni avivaron el fuego de la sospecha pública. En sus rectificaciones patrimoniales de 2024 presentadas ante la Oficina Anticorrupción, el funcionario pasó de admitir ahorros de apenas 22.500 dólares en efectivo a consignar de golpe un total de 513.000 dólares líquidos en mano. Su defensa argumentó que el dinero provenía de una supuesta herencia de su padre fallecido en 2002 y de ganancias extraordinarias obtenidas mediante transacciones con bitcoins realizadas en el circuito informal entre 2014 y 2018.

Sin embargo, la fiscalía detectó contradicciones flagrantes al contrastar ese descargo con videos de archivo públicos del año 2017 y 2022 donde el propio Adorni confesaba ante las cámaras que no comprendía el negocio cripto y que no consideraba a Bitcoin como un instrumento de inversión genuino. Para colmo de males, el secuestro y posterior peritaje del teléfono celular de Matías Tabar, contratista de obras del ex ministro, aportó al expediente pruebas sobre millonarios gastos en refacciones que no se correspondían con el nivel de ingresos declarado. El intento desesperado de Adorni por acogerse al régimen de "inocencia fiscal" —el blanqueo de capitales aprobado por el propio gobierno— terminó acelerando el repudio social y el aislamiento de su figura.

Este vertiginoso frente judicial puso en alerta máxima al Palacio Legislativo, donde la oposición y los bloques aliados intentaron forzar una interpelación parlamentaria y una moción de censura con el fin de destituirlo formalmente de su cargo. La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para obligar al jefe de ministros a dar explicaciones cara a cara que no pudo llevarse a cabo por operatorias del bloque oficialista y sus aliados. Pero, no obstante, las maniobras parlamentarias operaron estableciendo un ultimátum político contra el funcionario.

Aunque Javier Milei se había resistido inicialmente en público afirmando de manera tajante desde el exterior que "ni en pedo se va Adorni", la senadora Patricia Bullrich coordinó un operativo de contención de daños en el Congreso. En privado, la ex ministra advirtió al Presidente que defender al coordinador de ministros frente a una ineludible remoción parlamentaria significaría que una moción de censura de las dos cámaras diera la vuelta al mundo, destruyendo la credibilidad ética de la gestión de La Libertad Avanza. Tras un encuentro de urgencia en la Quinta de Olivos, Adorni terminó redactando su carta de renuncia alegando que el hostigamiento mediático había encontrado su límite en el bienestar emocional de su entorno familiar.

La desvinculación de la función pública no se limitó a su sillón en la Casa Rosada, ya que en las próximas horas el ex funcionario formalizará también su renuncia al directorio de la petrolera estatal YPF. Adorni ocupaba un cargo como director titular en representación del Estado nacional desde el 30 de enero de 2026, un sillón corporativo que históricamente se le asigna de forma directa al jefe de Gabinete en funciones para supervisar y mantener el control político y estratégico de la principal empresa energética de la República Argentina.

En la práctica, las labores de Adorni en la petrolera se limitaban a participar en reuniones de directorio periódicas que demandaban un promedio de cuatro horas mensuales. El cargo conllevaba una retribución bruta anual asignada de 954.000 dólares —el equivalente a unos 95 millones de pesos mensuales—. Al ejercer en simultáneo la Jefatura de Gabinete, Adorni no percibía esos honorarios corporativos debido a la incompatibilidad legal de cobrar doble sueldo estatal, manteniendo únicamente su remuneración como ministro coordinador. Tras su eyección del Gobierno, las normativas internas de YPF habilitaban de forma automática la activación de este millonario beneficio económico a su favor.

Ante este escenario, todo el arco de la oposición y diversos sectores aliados exigieron su apartamiento inmediato para evitar que el directorio de la compañía se convirtiera en un millonario "premio consuelo" pagado con fondos públicos. Presionado por el escándalo y para evitar nuevas causas penales mientras se ajusta a derecho, Adorni resolvió apartarse por completo de la esfera institucional para refugiarse en el bajo perfil y la actividad privada.