Manuel Adorni (CEDOC)

Adorni tardó 35 días en presentar su declaración jurada “en forma inminente”

El Jefe de Gabinete se acogió al régimen de inocencia fiscal y en una entrevista televisiva justificó su patrimonio utilizando ahorros en criptomonedas.

Después de anunciar durante más de un mes que la presentación de su declaración jurada era "inminente", Manuel Adorni finalmente formalizó la documentación con la que intenta justificar el origen de una parte sustancial de su patrimonio. Lo hizo 35 días después de que estallara la crisis política y judicial que lo tiene bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito, y apenas horas antes del inicio del Mundial 2026, un contexto que en la Casa Rosada observaban como una oportunidad para reducir la intensidad de la cobertura mediática del caso.

La presentación realizada ante la Oficina Anticorrupción incluyó una modificación profunda de las declaraciones juradas que había presentado desde su desembarco en el gobierno de Javier Milei. Según la documentación difundida y reconstruida, el actual jefe de Gabinete incorporó activos y ahorros que no figuraban en las versiones originales de sus declaraciones patrimoniales y sostuvo que una porción significativa de su fortuna proviene de operaciones realizadas con Bitcoin entre 2014 y 2018.

El dato más impactante fue la magnitud de los fondos incorporados. Adorni informó que obtuvo ganancias por unos 513.000 dólares vinculadas a inversiones en criptomonedas y corrigió retrospectivamente la composición del patrimonio familiar desde 2020. La rectificación modificó sustancialmente el cuadro patrimonial que había exhibido hasta ahora ante los organismos de control.

La explicación oficial llegó luego de semanas de creciente presión judicial. La investigación ya había detectado movimientos en plataformas de activos digitales, fondos asociados a billeteras virtuales y operaciones con criptomonedas que despertaron sospechas sobre la existencia de activos no declarados. Los investigadores incluso analizaban la posibilidad de que existieran más tenencias digitales que las inicialmente identificadas.

 El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió información proveniente de plataformas de activos digitales y ordenó profundizar la trazabilidad de esas operaciones para determinar montos, origen de los fondos y eventuales omisiones en las declaraciones patrimoniales.  La cuestión cripto se transformó en uno de los ejes principales de la causa porque distintas publicaciones señalaron que al menos dos billeteras virtuales habrían movilizado cerca de 80.000 dólares que no aparecían en la declaración jurada correspondiente a 2024. Los investigadores también habrían puesto bajo observación otras wallets vinculadas al entorno patrimonial del funcionario. 

Durante una entrevista concedida a José Del Río en Mesa Chica por LN+, el funcionario defendió la procedencia de esos fondos y aseguró que correspondían a ahorros e inversiones previas a su ingreso al Estado. Allí reconoció que parte de ese dinero permaneció fuera de las declaraciones oficiales durante años y justificó esa conducta afirmando que él y su familia habían ahorrado "en negro", una frase que desató una nueva tormenta política.

La demora en la presentación había comenzado a convertirse en un problema político propio. El primero de junio, cuando la polémica ya llevaba casi tres meses instalada, fuentes cercanas al funcionario aseguraban que la documentación sería presentada antes del 15 de junio. En aquel momento se hablaba de una definición inminente, aunque todavía no existía una fecha concreta. Finalmente la entrega se concretó recién diez días después de aquella promesa y más de un mes después de que Adorni comenzara a anunciar que estaba ultimando los detalles de la justificación patrimonial.

Las rectificaciones alcanzaron también la situación patrimonial de su esposa, Bettina Angeletti. La nueva documentación incorporó modificaciones en la composición de los bienes familiares y buscó explicar diferencias detectadas entre el nivel de vida exhibido por el matrimonio y los ingresos declarados oficialmente.La causa judicial se originó precisamente por esas inconsistencias. En los últimos meses aparecieron revelaciones sobre viajes familiares al exterior, vuelos privados, compras inmobiliarias, reformas millonarias en una vivienda de un country bonaerense y consumos que, según los investigadores, resultaban difíciles de compatibilizar con los ingresos declarados por el funcionario.

Entre los elementos que más atención despertaron figuran las remodelaciones realizadas en una casa de fin de semana, valuadas en alrededor de 250.000 dólares según testimonios incorporados a la causa, además de la compra de propiedades y una sucesión de viajes de alto costo. La Justicia intenta determinar si esos gastos pueden explicarse razonablemente con los recursos que Adorni declaró poseer antes de las recientes rectificaciones.

En paralelo, el jefe de Gabinete y su esposa decidieron adherir al régimen simplificado de Ganancias, llamado de "inocencia fiscal",  previsto por la Ley 27.799, una herramienta impulsada por el propio mileismo para regularizar situaciones fiscales. Desde el oficialismo sostienen que la medida no implica reconocimiento de irregularidades, mientras que la oposición interpreta que constituye un intento de blindar fiscalmente parte de los fondos ahora incorporados a las declaraciones juradas.

La presentación realizada esta semana no cierra automáticamente el expediente. El material deberá ser evaluado por la Justicia, que continuará analizando movimientos bancarios, operaciones inmobiliarias, consumos, registros fiscales y transacciones con criptomonedas. La cuestión central sigue siendo la misma que dio origen al caso: determinar si la evolución patrimonial del jefe de Gabinete puede justificarse íntegramente con ingresos lícitos y debidamente documentados.

Por ahora, la principal novedad es política. Después de 35 días de anuncios sobre una presentación "inminente", Adorni finalmente exhibió los números con los que busca explicar una fortuna que pasó de convertirse en una incógnita judicial a transformarse en uno de los mayores problemas públicos para el gobierno conducido por Javier Milei.