Aparecen otras dos jubiladas prestamistas en la historia patrimonial de los Adorni

Las versiones sobre presuntas irregularidades patrimoniales vinculadas al entorno familiar de Manuel Adorni volvieron a instalarse en la agenda pública a partir de la difusión de documentación que apuntan a operaciones financieras realizadas por su padre, Jorge Adorni, en los años previos a la llegada del actual funcionario al gobierno de Javier Milei. Una de las operaciones más señaladas es la constitución de una hipoteca sobre el departamento familiar para garantizar un préstamo de 22.500 dólares otorgado por dos jubiladas, en una maniobra que generó, una vez más, serios cuestionamientos por las condiciones del acuerdo y el perfil de las prestamistas.

Según lo trascendido, la operatoria se habría concretado mediante un contrato privado que luego fue respaldado con la garantía real del inmueble, lo que implicó la inscripción de una hipoteca. Las acreedoras, identificadas como dos mujeres jubiladas sin antecedentes en el sistema financiero formal, habrían entregado el dinero en efectivo en 1996, lo que despertó interrogantes sobre el origen de los fondos, la formalización de la operación y la tasa de interés pactada. En ese contexto, distintos informes señalan que la documentación incluye pagarés y compromisos de devolución incumplidos que derivaron en una denuncia en 2002 porque no se había devuelto el efectivo acordado.

Tras el fallecimiento del patriarca la familia Adorni, tanto el jefe de Gabinete, su hermano Francisco y su madre pidieron levantar la hipoteca para poder disponer del bien. El trámite llevó varios años y si bien no hubo ninguna constancia de que el grupo familiar hubiera cancelado su deuda con las jubiladas, la Justicia levantó el embargo en 2023. El clan tardó dos años más en poder inscribir el departamento y lo pusieron en venta por 95 mil dólares meses atrás. Según registros, el departamento de la familia tampoco figura en la declaración jurada del funcionario libertario. 

Pasaron casi un mes desde que el propio presidente  Javier Milei prometió que la declaración jurada de Manuel Adorni era "inminente". El jefe de Gabinete no la presentó. Según relevó el periodista Manu Jove, aunque el plazo de la Oficina Anticorrupción vence el 31 de julio, el de ARCA expira en los primeros días de junio, lo que convierte en una promesa que ya no admite demasiadas prórrogas. Tres meses después de que el tema estallara públicamente, se estima que el entorno del funcionario pueda justificar su patrimonio con un portafolio de criptomonedas, argumentando que ya las poseía y que el salto del bitcoin explica su crecimiento. De ser así, el coordinador de ministros debería aclarar  su omisión en la primera declaración jurada al ingresar al gobierno nacional y rectificarse formalmente.

En términos cronológicos, la investigación actual encabezada por el juez Ariel Lijo se concentra en una serie de operaciones inmobiliarias realizadas entre el anteaño pasado y el 2025. Antes de asumir funciones en la administración libertaria, Adorni poseía un departamento en Parque Chacabuco. Sin embargo, tras su llegada al poder comenzaron a detectarse nuevas adquisiciones, entre ellas una vivienda de mayores dimensiones en el barrio porteño de Caballito y una propiedad en un country en Exaltación de la Cruz, lo que marcó un salto patrimonial relevante. 

La operación más documentada es la compra de un departamento en Caballito, formalizada el 18 de noviembre de 2025 por un valor de 230.000 dólares. La Justicia detectó que la adquisición se realizó con un esquema de financiamiento inusual: cerca del 90% del monto habría sido cubierto mediante un préstamo otorgado por dos mujeres jubiladas, quienes además intervinieron como vendedoras del inmueble. Esta estructura, sumada a que el valor de escritura declarado sería inferior al de mercado, con estimaciones que duplican el monto registrado. 

El expediente también analiza las condiciones de pago de esa propiedad. Según la escribana interviniente, Adriana Nechevenko, el funcionario habría abonado inicialmente unos 30.000 dólares y financiado el resto en cuotas, lo que reforzó las dudas sobre la capacidad económica real para afrontar la operación. La misma escribana quedó bajo la lupa judicial debido a su reiterado oficio durante el período en que se concretaron las transacciones. 

En paralelo, la Justicia investiga una segunda propiedad: una casa en un country de Exaltación de la Cruz, vinculada a la esposa del funcionario, Bettina Julieta Angeletti. La operación también habría contado con financiamiento externo por unos 100.000 dólares aportados por terceros el mismo día de la compra, lo que forma parte de la hipótesis de posibles préstamos cruzados o simulados. A esto se suma la sospecha de que ese inmueble no habría sido declarado inicialmente en las presentaciones patrimoniales. 

En este escenario, el caso Adorni se inscribe en una dinámica más amplia de escrutinio público sobre los patrimonios de funcionarios y sus entornos familiares, un fenómeno que se intensificó con la llegada de la actual administración de LLA y los crecientes escándalos de diversos funcionarios de Casa Rosada y que se replica tanto en investigaciones periodísticas como en denuncias políticas.