ATE llamó a un paro nacional para el 15 de octubre

En redes sociales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para el jueves 15 de octubre, acompañado por asambleas y movilizaciones en todo el país, para reclamar la derogación completa del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, una de las principales herramientas de desregulación económica impulsadas por el presidente Javier Milei. La medida fue anunciada por la conducción nacional del sindicato, en una semana marcada por la controversia en torno a la Ley de Tierras Rurales, la discusión parlamentaria sobre el decreto y la movilización en defensa de la educación pública universitaria.

La convocatoria quedó formalizada en una notificación fechada el 9 de octubre y dirigida a Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano. El documento, firmado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, y la secretaria general adjunta, Mercedes Cabezas, establece una «Jornada Nacional de Lucha de 24 horas con Paros, Asambleas y Movilizaciones». La protesta alcanzará a la Administración Pública Nacional —incluidos sus organismos centrales, desconcentrados y descentralizados—, entes, empresas y sociedades del Estado, además de las administraciones provinciales y municipales de todo el país.

Según lo dispuesto por la conducción sindical, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la movilización se concentrará frente al Congreso de la Nación a partir de las 13.30, mientras que en las capitales y principales ciudades de las provincias las actividades serán definidas por las respectivas conducciones locales. La metodología contempla paros, asambleas y movilizaciones, por lo que la extensión de las interrupciones y las modalidades concretas de protesta podrán variar según la jurisdicción y el organismo. ATE informó, además, que se garantizarán guardias mínimas en los hospitales y atención de urgencia en los centros asistenciales destinados a niños, adolescentes y adultos mayores.

En redes sociales, Aguiar endureció ese planteo al anunciar la huelga. "Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo", afirmó el secretario general del sindicato. Y agregó: "No podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto". Para el dirigente, la medida constituye una respuesta al programa económico de Milei y a lo que considera un proceso de transferencia de recursos y facultades hacia los grandes grupos empresarios.

Uno de los puntos que adquirió mayor relevancia es la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta por el artículo 154 del DNU. La norma establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales, entre ellos un tope del 15% de la superficie rural por provincia y restricciones para determinadas adquisiciones. ATE considera que su eliminación facilita la extranjerización de territorios y recursos estratégicos, y que puede afectar la soberanía nacional.

La discusión se intensificó después de las decisiones judiciales adoptadas durante septiembre y octubre. La Corte Suprema había revocado un fallo que declaraba inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras por considerar que la organización demandante carecía de legitimación suficiente. Posteriormente, el máximo tribunal dispuso una medida cautelar interina que suspendió los efectos del artículo 154 y restableció provisoriamente la aplicación de la ley. Esa decisión judicial no resolvió definitivamente la controversia, pero volvió a colocar la cuestión en el centro del debate político.

Por supuesto, la posición del Gobierno es diferente. En una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la apertura a las inversiones extranjeras y afirmó que permitir la compra de tierras por parte de ciudadanos o empresas de otros países no supone, por sí mismo, una pérdida de soberanía. Según el funcionario, los inversores pueden producir, contratar trabajadores, generar actividad económica y exportar bajo las leyes argentinas. La discrepancia, por lo tanto, no se limita a una cuestión jurídica: enfrenta dos concepciones sobre el papel de la inversión extranjera y la capacidad regulatoria del Estado.

El reclamo sindical también apunta a la desregulación de otros sectores. Aguiar sostuvo que el decreto afecta normas vinculadas con los alquileres, las góndolas y las empresas públicas, y cuestionó las modificaciones que, a juicio de ATE, favorecen a las grandes corporaciones. El dirigente calificó el DNU como "un delivery para las grandes corporaciones" y sostuvo que no se trata de una reforma administrativa, sino de una transformación económica que perjudica a los trabajadores y reduce herramientas de intervención estatal. 

La jornada del jueves 15 coincidirá, además, con una movilización de alcance nacional en defensa de las universidades públicas. La Marcha Federal Universitaria reclamará el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.

Entre los sectores que podrían registrar interrupciones figuran la recolección de residuos, los auxiliares de educación, las guardias urbanas, los controles migratorios, las tareas sanitarias del Senasa en puertos y aduanas, los agentes de tránsito, los trabajadores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, los controladores aéreos y parte del personal de la Administración Nacional de Aviación Civil. También podrían verse afectadas la atención del PAMI y de la ANSES, las actividades de los medios públicos y las tareas de prevención y manejo de incendios forestales. La magnitud del impacto dependerá del nivel de adhesión de los trabajadores y de la organización de cada servicio.