En redes sociales, el gobernador Gustavo Sáenz se pronunció ante la propuesta gubernamental de privatización del sistema ferroviario y como afecta a su provincia. Con el titulo "Salta y el norte argentino no pueden seguir esperando", el mandatario salteño compartió un mensaje sobre el tema acompañado de un video de él frente a cámara.
"Los ramales C-14 y C-15 del Belgrano Cargas no pueden quedar sujetos a la voluntad de unas pocas empresas. Las obras deben ser incluidas como obligatorias, y no como optativas, en los pliegos de licitación. Hace más de un mes que vengo gestionando ante el Gobierno Nacional para revertir esta situación. No podemos seguir esperando otros 50 años por las obras ferroviarias que necesitamos para transportar nuestros productos, reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de nuestra producción", sostuvo el dirigente.
A continuación, en el mismo tuit, aclaró: "La falta de inversión obligatoria en estos ramales profundiza el atraso, las desigualdades respecto del resto del país y la falta de oportunidades que históricamente afectan a las provincias del norte argentino. Hay que terminar de una vez por todas con la postergación del norte. Es con infraestructura, transporte y tecnología como vamos a desarrollarnos, y no con más impuestos a la distancia. Junto a los sectores productivos y empresariales de Salta, estamos unidos en este reclamo. Convoco también a los legisladores nacionales y a los representantes del Norte Grande a acompañarnos".
En ese aspecto, la decisión de Javier Milei de avanzar con la privatización del Belgrano Cargas abrió una discusión que excede la administración de los ferrocarriles y el principal interrogante es si la participación privada permitirá recuperar vías, locomotoras y vagones deteriorados, reducir los costos logísticos y mejorar la conexión con los mercados internacionales, o si, por el contrario, terminará relegando los ramales menos rentables y profundizando las desigualdades entre el centro del país y las economías regionales.
Por ese motivo, Sáenz convirtió ese planteo en un reclamo directo ante la Casa Rosada: pidió modificar las condiciones de la licitación para que la recuperación de los corredores ferroviarios estratégicos del norte deje de ser una posibilidad y se transforme en una obligación para el futuro concesionario. El plan oficial fue presentado en agosto de 2026 y contempla la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, mediante una licitación pública nacional e internacional.
Según la información publicada por el Ministerio de Economía y el área de Transporte, la red comprende 7.594 kilómetros de vías operativas y atraviesa 16 provincias, con conexiones hacia los principales centros productivos, los puertos y los pasos fronterizos con Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay. El proceso se enmarca en la Ley Bases y busca transferir al sector privado la operación, el mantenimiento y las inversiones necesarias para recuperar la infraestructura ferroviaria.
El Gobierno argumenta que el sistema estatal arrastra décadas de deterioro, falta de mantenimiento y escasa capacidad para acompañar el crecimiento de la producción. De acuerdo con los fundamentos oficiales, durante 2023 el Estado debió aportar 112 millones de dólares para sostener Belgrano Cargas y Logística, mientras que el volumen de toneladas transportadas permaneció prácticamente estancado durante años, a pesar de la expansión de la producción agropecuaria. La administración libertaria sostiene que la inversión privada permitirá aumentar la eficiencia, mejorar la seguridad operativa y reducir los costos del transporte de mercancías.
El concesionario tendrá responsabilidades sobre la infraestructura, las vías y su mantenimiento, pero no contará con exclusividad comercial sobre ellas. Otros operadores podrán utilizar la red bajo las condiciones establecidas. Los pliegos contemplan inversiones obligatorias y penalidades por incumplimientos, además de la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), siempre que se cumplan sus requisitos. El Gobierno informó que para acceder a esos beneficios se requieren inversiones de al menos 200 millones de dólares destinadas a la renovación de vías, junto con el cumplimiento de los plazos previstos.
Sin embargo, el punto central de la controversia no es únicamente quién administra los trenes, sino qué ramales serán efectivamente recuperados y qué obligaciones asumirán las empresas que obtengan las concesiones. Allí aparece el reclamo de Salta, que advierte que una privatización puede mejorar los corredores de mayor movimiento comercial, pero dejar relegadas las conexiones periféricas que resultan fundamentales para las economías regionales.
El ramal C-14 conecta Salta con Socompa, en la frontera con Chile, y tiene importancia estratégica para el transporte de mercancías hacia el Pacífico. Su recuperación permitiría mejorar la integración logística con los puertos chilenos y facilitar el movimiento de productos vinculados con la minería, la actividad agroindustrial y otras economías regionales. El C-15, por su parte, comprende el corredor que vincula Perico, en Jujuy, con Embarcación y Salvador Mazza, en Salta, hasta la frontera con Bolivia. Se trata de una conexión relevante para la producción agrícola, el azúcar, los derivados industriales y los biocombustibles, además de su potencial para fortalecer el comercio transfronterizo.
La discusión se concentra en que, de acuerdo con el reclamo de las autoridades salteñas y las entidades productivas, las obras de recuperación de esos corredores aparecen como optativas y no obligatorias para los futuros concesionarios. Esto significa que la empresa adjudicataria podría no asumir el compromiso de rehabilitarlos en las condiciones que reclama la provincia. Cuando el transporte ferroviario no está disponible o funciona con limitaciones, una parte importante de las mercancías debe trasladarse por camión durante largas distancias, con mayores gastos de combustible, mantenimiento y flete. Ese sobrecosto reduce los márgenes de los productores, encarece la llegada de insumos y puede afectar la competitividad de las exportaciones.
Un contrato por 50 años puede definir las posibilidades de desarrollo de la región durante varias generaciones. Si las conexiones estratégicas quedan fuera de los compromisos obligatorios, la provincia teme que las empresas prioricen los tramos con mayor rentabilidad inmediata y posterguen aquellos cuya recuperación requiere inversiones importantes o presenta una demanda comercial todavía en desarrollo.
En ese sentido, el gobernador convocó a los senadores y diputados nacionales por Salta y a sus pares del Norte Grande a acompañar el pedido. La Mesa Empresaria y Productiva de la provincia, por su parte, unificó las demandas de siete entidades: la Cámara de Minería de Salta, la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras (CAPEMISA), la Cámara de Comercio e Industria de Salta, la Cámara de Comercio Exterior de Salta, la Sociedad Rural Salteña, Prograno y la Unión Industrial de Salta. El reclamo conjunto busca que la rehabilitación de ambos ramales quede incorporada de manera explícita en las obligaciones del futuro concesionario.
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