Verónica Magario (Cedoc)
Candidatos testimoniales: un día volvieron
El cierre de listas mostró candidatos que no asumirán, como en 2009. Los indefinidos.
El objetivo prioritario es aferrarse al territorio como sea, conservar el poder caminando por la cornisa de la legalidad, aún a sabiendas de que van a engañar a su electorado. El cierre de listas en la Provincia reflotó una vieja maña de la política: volvieron los candidatos testimoniales.
Una quincena de intendentes de Fuerza Patria, ministros y hasta la vicegobernadora aparecen como candidatos a legisladores bonaerenses o concejales de sus distritos. Aún cuando la mayoría no se manifestó al respecto, se sobreentiende que si son electos no van a asumir. Que sólo será un artilugio para traccionar votos.
“Lo de las testimoniales no está bueno. Lo que intentamos hacer con la política es que la gente se sienta representada”, protestó Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y una de las pocas excepciones a la regla: prometió que si es elegida ocupará su banca. El resto, en su propio frente, prefirió el silencio a tener que explicar una verdad incómoda.
Mendoza es apenas una de los ocho intendentes de Fuerza Patria que aparecen en las listas de la tercera sección, un enclave fundamental del Conurbano. Es el territorio del que surgen la mayor cantidad de testimoniales: Mariano Cascallares (Almirante Brown) junto a la quilmeña ocuparán el segundo y tercer lugar de la lista que encabeza la vicegobernadora, Verónica Magario. Otros seis mandatarios irán a la cabeza de sus listas de concejales: Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso) y Andrés Watson (Florencio Varela).
En las listas de los frentes La Libertad Avanza y Somos Buenos Aires también aparece un puñado de intendentes, pero desde sus espacios aseguran que van a asumir sus bancas.
Por la reaparición de las candidaturas testimoniales, los senadores nacionales de la UCR Mariana Juri y Rodolfo Suárez presentaron un proyecto para que la acción sea sancionada con cuatro años de inhabilitación para presentarse a cargos públicos.
Dieciseis años después de que la política bautizara la estrategia poco ética, volvió a aparecer en el escenario electoral.
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