El derrotero de la declaración jurada de Adorni antes de pedir 15 días más para presentarla

La presentación de la declaración jurada patrimonial de Manuel Adorni se convirtió durante 2026 en uno de los episodios más controvertidos del gobierno de Javier Milei. Lo que inicialmente había sido anunciado como un trámite administrativo de rutina terminó transformándose en una extensa secuencia de postergaciones, rectificaciones y pedidos de prórroga que mantuvieron bajo sospecha la evolución patrimonial del entonces jefe de Gabinete y ex vocero presidencial. La demora se prolongó durante más de tres meses, atravesó promesas públicas del propio presidente, reclamos de la oposición, intimaciones judiciales y, finalmente, un nuevo pedido de quince días adicionales para responder a la Justicia por el origen de parte de sus bienes.

 La controversia comenzó en marzo de este año en el viaje oficial a Estados Unidos realizado junto al presidente Javier Milei. Se conoció que Bettina Angeletti, pareja del funcionario, había integrado la comitiva oficial y viajado en el avión presidencial pese a no ocupar ningún cargo público. La noticia generó fuertes críticas porque el propio Gobierno había construido buena parte de su discurso político sobre la utilización austera de los recursos estatales y había cuestionado durante años el uso del avión presidencial por familiares de funcionarios durante gobiernos anteriores. Ese episodio se transformó en el primer disparador de la investigación patrimonial.

A partir de ahí, distintas investigaciones  revelaron inconsistencias entre el patrimonio declarado por Adorni y su nivel de gastos e inversiones desde que ingresó al Gobierno nacional. En esas semanas se señalaron la compra de propiedades inmobiliarias con operaciones opacas, prestamos millonarios por parte de jubilados sin intereses, viajes familiares en avión privado a Punta del Este, gastos con tarjetas de crédito muy superiores a sus ingresos oficiales y la existencia de bienes registrados a nombre de su esposa que no figuraban en sus declaraciones patrimoniales anteriores. Con esas revelaciones, legisladores de la oposición como Esteban Paulón y también dirigentes que habían integrado La Libertad Avanza, como Marcela Pagano,  impulsaron denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y solicitaron la intervención de la Oficina Anticorrupción y de la Justicia Federal. 

Uno de los hechos que colocó el patrimonio del funcionario bajo la lupa fue la aparición de una vivienda en el barrio privado Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, inscripta a nombre de Angeletti. La propiedad no aparecía en la declaración jurada correspondiente al período anterior, pese a que había sido adquirida meses antes. Poco después trascendió también la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, que se sumaba a otros inmuebles atribuidos al funcionario presidencial. Las investigaciones periodísticas sostuvieron que esas adquisiciones no parecían compatibles con los ingresos que Adorni había declarado como vocero presidencial y luego como secretario de Comunicación. Desde ese momento el épico derrotero para la presentación de una nueva Declaración Jurada había comenzado. 

Frente al crecimiento del escándalo, Adorni reapareció en conferencia de prensa luego de casi dos meses sin brindar declaraciones públicas. Allí negó cualquier irregularidad y sostuvo que no tenía "nada que esconder". Cuando fue consultado sobre las propiedades y los viajes respondió que todo lo que debía estar declarado se encontraba declarado y dejó entrever que algunos bienes aparecerían en la próxima declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025, la cual todavía no había sido presentada. Esa respuesta marcó el primer compromiso público de presentar una nueva declaración patrimonial para despejar las dudas.

La promesa volvió a repetirse a fines de abril, durante su exposición ante la Cámara de Diputados. El 29 de abril, interpelado por legisladores sobre la investigación judicial, Adorni afirmó que en sus declaraciones juradas figuraban "todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio" y negó cualquier ocultamiento. Sin embargo, para ese momento la documentación correspondiente al año 2025 seguía sin aparecer en la Oficina Anticorrupción.

En mayo el mismo presidente Javier Milei intervino personalmente para defender a su jefe de Gabinete. Durante una entrevista aseguró que Adorni tenía "todo listo" para presentar la declaración jurada y que el documento sería publicado en pocos días. Esa afirmación fijó un nuevo plazo político. La oposición comenzó entonces una cuenta pública de los días transcurridos desde aquella promesa presidencial, mientras insistía con pedidos de informes y de interpelación en el Congreso.

La primera postergación formal ocurrió justamente después de esa promesa presidencial. Pasaron las semanas de mayo y la declaración jurada no fue presentada. El diputado Paulón de la Coalición Cívica exhibió durante una sesión un cartel señalando que ya habían transcurrido trece días desde que Milei había anunciado la inminente publicación del patrimonio de Adorni. El oficialismo logró bloquear la sesión especial que buscaba interpelarlo y el documento siguió sin difundirse. El propio entorno del vocero sostuvo que la presentación era "inminente" y que sólo faltaban cuestiones administrativas vinculadas a la carga de la información ante la Oficina Anticorrupción. La documentación volvió a demorarse varios días más.

En ese contexto apareció un dato que generó todavía más cuestionamientos. Antes de presentar finalmente la declaración jurada, Adorni solicitó adherirse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, conocido popularmente como parte del régimen de "inocencia fiscal" impulsado por el Gobierno. La adhesión también fue realizada por su esposa. La oposición interpretó esa decisión como un intento de regularizar activos que hasta ese momento no figuraban declarados y cuestionó que el funcionario recurriera al nuevo esquema tributario justo antes de informar su patrimonio.

La tercera postergación terminó recién el 10 de junio, cuando Adorni presentó una declaración jurada rectificatoria y, además, modificó declaraciones correspondientes a años anteriores. Fue entonces cuando reconoció que existían aproximadamente 506.000 dólares que no habían sido incluidos originalmente en sus declaraciones patrimoniales. Según explicó, esos fondos provenían de inversiones en criptomonedas realizadas entre 2014 y 2018 y habían permanecido sin declarar ante el fisco. En una recordada entrevista televisiva pronunció una de las frases más polémicas del caso: aseguró que esos ahorros estaban "en negro" y afirmó que era una situación similar a la de "la mayoría de los argentinos".

La admisión modificó completamente el escenario político y judicial. Hasta ese momento el portavoz de Casa Rosada había sostenido que nunca había existido ocultamiento alguno. Con la rectificación reconoció que las declaraciones anteriores eran incompletas y presentó nuevas versiones tanto de su patrimonio como del de su esposa. Las modificaciones incluyeron cambios en el monto de sus ahorros, en la valuación de bienes y en la incorporación de activos que no figuraban previamente.

La investigación judicial, encabezada por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, continuó pese a la presentación de la declaración jurada. La fiscalía consideró que todavía existían inconsistencias respecto del origen de los fondos utilizados para comprar inmuebles, realizar viajes internacionales y afrontar gastos personales. Por ese motivo intimó al ex jefe de Gabinete a presentar documentación respaldatoria y explicaciones sobre la evolución de su patrimonio. Se le otorgó un plazo de quince días para responder.

Ese requerimiento abrió una nueva etapa de demoras. En lugar de entregar inmediatamente la documentación solicitada por la Justicia, Adorni dejó transcurrir el plazo otorgado por la fiscalía y, antes de su vencimiento, presentó un escrito solicitando otros quince días adicionales para justificar el origen y la evolución de parte de sus bienes patrimoniales. El pedido fue presentado por su abogado ante el juez Lijo, quien debía resolver si concedía o no la prórroga solicitada luego de consultar al fiscal Pollicita. Durante todo ese proceso la oposición sostuvo que las demoras no eran meramente administrativas sino una estrategia para ganar tiempo mientras se rectificaban declaraciones anteriores y se incorporaban activos omitidos. 

La situación política de quien fue la mano derecha de Karina Milei se deterioró progresivamente. Durante los primeros meses del escándalo prácticamente dejó de cumplir el rol de portavoz cotidiano que había desempeñado desde el inicio de la gestión y redujo significativamente sus conferencias de prensa. Las explicaciones públicas quedaron limitadas a pocas intervenciones y entrevistas, mientras el Gobierno concentró la defensa política en declaraciones del presidente y de funcionarios cercanos.

Como epilogo, Manuel Adorni dejó la Jefatura de Gabinete en medio de la investigación patrimonial y de la creciente presión política derivada del caso. Su salida se produjo mientras continuaban las actuaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y antes de que concluyera el proceso de justificación de sus bienes ante la Justicia. El expediente siguió abierto porque la fiscalía consideró necesario analizar la documentación respaldatoria del incremento patrimonial y resolver si las explicaciones ofrecidas alcanzaban para justificar el origen de los fondos incorporados mediante las declaraciones juradas rectificadas.