La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra Manuel Adorni por el uso de una custodia oficial y un vehículo del Estado, pese a que el ex vocero presidencial y ex jefe de Gabinete ya no ejerce ningún cargo público. La legisladora busca que la Justicia determine si hubo un uso indebido de recursos públicos.
A través de su cuenta de X, Pagano escribió: "Mientras los argentinos hacen esfuerzos todos los días para llegar a fin de mes, @madorni sigue usando custodia y un vehículo oficial sin ejercer un cargo que lo justifique. Por eso, presente una denuncia para que la Justicia determine si hubo un uso indebido de recursos públicos. Los privilegios no pueden sobrevivir a los cargos. La ley debe ser igual para todos".
En un segundo posteo, la diputada apuntó contra el mecanismo utilizado para sostener el operativo: "@madorni renunció pero sus curros siguen intactos: sigue con custodia oficial de gendarmería puesto fijo en su country y lo disfraza de 'servicio por alteración del orden público' para tapar que es una custodia personal pagada por los contribuyentes". Según Pagano, a los gendarmes afectados a esa tarea no se les pagaría el adicional que les correspondería por el servicio, y apuntó directamente contra Alejandro Monteoliva: "Y encima es tan rata @AleMonteoliva que a los gendarmes no les pagan el adicional que les corresponde por dicho servicio. Marche denuncia penal!".
La denuncia llegó horas después de que el propio Gobierno confirmara la continuidad del esquema de seguridad. En su segunda conferencia de prensa como portavoz, Adrián Ravier reconoció que Adorni mantiene la custodia oficial "por motivos de seguridad", pese a no ocupar ya ningún cargo en el Ejecutivo. Consultado sobre si existe una auditoría interna para revisar irregularidades en la gestión de Adorni, Ravier respondió que el tema "está claramente en la Justicia" y remarcó que no hay "un mecanismo aparte" dentro de Casa Rosada para investigarlo, ya que la causa por presunto enriquecimiento ilícito avanza por vía judicial.
El caso se suma a la serie de cuestionamientos patrimoniales que rodean al ex funcionario desde su salida del Gobierno, y expone una nueva controversia sobre el uso de recursos estatales por parte de ex funcionarios libertarios una vez concluida su gestión.
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