La investigación judicial por el denominado caso $LIBRA, que busca determinar si existió una maniobra fraudulenta vinculada con la promoción y posterior colapso de la criptomoneda difundida por el presidente Javier Milei en febrero de 2025, ingresó en una nueva etapa de controversia luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolviera excluir de la causa a todos los querellantes particulares. La decisión, adoptada a pedido de la defensa del empresario Mauricio Novelli, fue interpretada por las representaciones de los damnificados como un fuerte retroceso para el avance del expediente, ya que deja la investigación exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal en un contexto en el que los propios fiscales admitieron carecer de recursos técnicos para profundizar las medidas de prueba.
Hugo Alconada Mon en La Nación bajo el título "El laberinto judicial del caso $LIBRA: sin testigos, sin indagatorias, sin presupuesto y ahora sin querellantes" profundizó la decisión del Juzgado. En la nota sostiene que, a casi un año y medio de iniciadas las actuaciones judiciales, la causa pasó por al menos cuatro jueces, dos fiscales y tres camaristas, sin que hasta el momento se haya convocado a declarar a testigos directos de la operatoria ni se hayan ordenado indagatorias contra los principales investigados. Ese escenario alimenta el riesgo de que la investigación termine diluyéndose sin resultados concretos.
El caso comenzó la noche del 14 de febrero del año pasado, cuando el presidente publicó en su cuenta oficial de la red social X un mensaje de respaldo al token $LIBRA, presentado como un proyecto destinado a financiar emprendimientos privados argentinos. La difusión presidencial provocó una inmediata explosión en la cotización del activo digital, impulsando la compra por parte de miles de inversores. Sin embargo, pocas horas después el precio se desplomó abruptamente cuando los principales tenedores liquidaron grandes cantidades de tokens, provocando pérdidas millonarias para quienes habían ingresado durante el auge de la cotización. A partir de entonces comenzaron a radicarse denuncias penales en Argentina y también investigaciones en otras jurisdicciones para determinar si existió un esquema de manipulación del mercado conocido como "pump and dump".
La investigación argentina intenta establecer si existió una maniobra coordinada para inflar artificialmente el valor del activo utilizando la enorme influencia pública del mandatario y si algunos de los organizadores obtuvieron beneficios económicos mediante ventas anticipadas. En ese contexto quedaron bajo investigación el empresario estadounidense Hayden Davis, señalado como uno de los impulsores del proyecto; el mismo Novelli, vinculado desde hace años a Javier Milei por actividades académicas; el desarrollador Manuel Terrones Godoy y otros participantes de la operatoria. Paralelamente, la Justicia procura determinar si funcionarios públicos incurrieron en delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, tráfico de influencias o eventuales maniobras defraudatorias.
Desde el comienzo del expediente, la principal dificultad consistió en reconstruir el recorrido del dinero dentro de la tecnología blockchain. Los investigadores solicitaron cooperación internacional, exhortos y numerosos peritajes destinados a identificar a los titulares de las billeteras digitales involucradas, rastrear las operaciones y establecer el circuito seguido por los fondos obtenidos durante las primeras horas de cotización del token. Sin embargo, buena parte de esas medidas continúa pendiente de ejecución debido a la presunta complejidad técnica del caso y a las limitaciones materiales reconocidas por el propio Ministerio Público Fiscal.
La resolución firmada por Martínez de Giorgi genera una fuerte contradicción procesal porque exige a los querellantes acreditar con carácter prácticamente definitivo que fueron perjudicados por la operatoria, cuando la propia investigación todavía no logró identificar a los titulares de las billeteras digitales ni reconstruir completamente el recorrido de los fondos. El magistrado dedicó buena parte de su resolución a examinar cuestiones vinculadas con la naturaleza de los "memecoins", la volatilidad propia de esos activos y la posibilidad de que las pérdidas respondieran al riesgo habitual de ese mercado antes que a una maniobra fraudulenta, adelantando así criterios sobre el fondo del expediente pese a que únicamente debía resolver una cuestión procesal relacionada con la legitimación de los querellantes.
En su decisión, Martínez de Giorgi concluyó que quienes pretendían actuar como acusadores particulares no habían demostrado de manera suficiente haber sufrido un perjuicio directo derivado del colapso de $LIBRA. El juez sostuvo que debían acreditar fehacientemente la titularidad de las billeteras digitales utilizadas, el origen de los fondos invertidos y la relación causal entre esas operaciones y las pérdidas sufridas. Para los representantes de los damnificados, ese estándar probatorio resulta excesivo porque muchas de esas pruebas dependen precisamente de medidas investigativas que todavía no fueron producidas por la Justicia.
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