El duro spot del Gobierno contra las universidades públicas

"Desde el Ministerio de Capital Humano buscamos la transparencia y la eficiencia en el financiamiento de las universidades nacionales. Queremos instituciones con altas tasas de egreso, con rendimientos eficaces de sus cuentas, auditados periódicamente y que utilicen las posibilidades que habilita el gobierno para tener un financiamiento más eficiente. Por eso estamos avanzando en la creación de un micrositio de datos universitarios al alcance de cada ciudadano de nuestro país", posteó la ministra Sandra Pettovello en su cuenta de X.

La titular del Ministerio de Capital Humano compartió un spot de dos minutos de duración en el que el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, manifiesta su disconformidad ante los costos de las universidades públicas, observando puntualmente el caso de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). "¿Ustedes sabián que cada egresado de la Universidad Nacional de las Artes significa una erogación para todos los argentinos de alrededor de 400 millones de pesos?", interrogó el funcionario.

"Desde el principio de nuestra gestión siembran el miedo afirmando falsamente que las universidades van a cerrar. Pero lo que nadie se pregunta es por qué tenemos una de las tasas de egreso más baja de la región y casi el 40% de los alumnos no rinden ni una sola materia. La UBA alega que el gobierno no  transfirió los fondos para el funcionamiento de los hospitales escuelas, cuando si se realizaron todas las transferencias correspondientes", añadió Alvarez. 

En el mismo editado, Alvarez sostiene que la gestión libertaria habilitó a las universidades a cobrar a los estudiantes extranjeros, pero los centros de estudios decidieron no hacerlo. Enfocando en ese tópico, el secretario dio a conocer que el 40% de los estudiantes de Medicina de la UBA son extranjeros, mientras que el 51% de los estudiantes de la misma carrera de la Universidad Nacional de La Plata , también lo son. A continuación, el funcionario destacó: "La UBA alega transparencia; sin embargo, interpuso una medida judicial para no dejarse auditar por la Sindicatura General de la Nación. que es el órgano del PEN que corresponde que realice ese control". Al finalizar, la grabación anunció la creación de un sitio web para el control de las casas de estudios universitarios de todo el país. 

Este martes se llevo cabo la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, la protesta se convirtió en una de las marchas más masivas contra el gobierno nacional durante este año. Con movilizaciones simultáneas en Buenos Aires y en decenas de ciudades del país, estudiantes, docentes, investigadores, autoridades universitarias y trabajadores no docentes reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, denunciaron el desfinanciamiento del sistema público de educación superior y cuestionaron la pérdida salarial acumulada en el sector. La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

El acto central se realizó en Plaza de Mayo, donde confluyeron columnas de universidades nacionales, gremios docentes y organizaciones estudiantiles. La protesta también tuvo réplicas en Córdoba, Rosario, La Plata, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata, Bahía Blanca y otras ciudades universitarias. Según los organizadores, la movilización buscó “defender la universidad pública, la ciencia nacional y el derecho social a la educación”. 

El principal reclamo estuvo dirigido al Gobierno nacional por la negativa a ejecutar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso tras meses de conflicto presupuestario. Rectores, docentes y estudiantes denunciaron que la Casa Rosada incumple la norma sancionada por el Poder Legislativo y además desobedece fallos judiciales que ordenaron aplicar artículos vinculados a la recomposición salarial docente y al financiamiento de becas universitarias. 

La ley se había transformado en el eje central de la disputa entre el sistema universitario y la administración libertaria. El Congreso aprobó el proyecto luego de las primeras grandes marchas universitarias de 2024 y 2025, impulsadas por la presión de rectores, sindicatos y federaciones estudiantiles. La norma contemplaba mecanismos automáticos de actualización presupuestaria, fondos específicos para funcionamiento de universidades nacionales, becas y recuperación salarial docente. Sin embargo, el Ejecutivo rechazó de plano su aplicación argumentando que afectaba el objetivo de superávit fiscal. 

La pelea escaló cuando la Justicia falló en dos instancias a favor de las universidades y ordenó al Gobierno ejecutar partes de la ley. El conflicto terminó judicializado y actualmente permanece bajo análisis de la Corte Suprema. Durante el acto en Plaza de Mayo, los organizadores reclamaron públicamente que el máximo tribunal obligue al Estado nacional a cumplir la legislación votada por el Congreso. 

Otro de los ejes de la protesta fue la situación salarial. Los gremios universitarios denunciaron una caída histórica del poder adquisitivo de docentes y no docentes desde la asunción de Milei. Informes difundidos durante la marcha señalaron que los salarios docentes acumulan pérdidas superiores al 30% en términos reales y que muchos trabajadores universitarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza. 

 El Frente Sindical de las Universidades Nacionales denunció además que el ajuste presupuestario pone en riesgo el funcionamiento académico, la continuidad de investigaciones científicas, los hospitales universitarios y el inicio normal del segundo cuatrimestre. El conflicto venía creciendo desde principios de año. Las universidades denunciaron sucesivos recortes presupuestarios y cuestionaron una reciente decisión administrativa del Gobierno que redujo partidas destinadas a educación superior. Según distintos informes , el ajuste acumulado sobre universidades públicas y organismos científicos alcanzó cifras millonarias.