Lilia Lemoine reveló que fue víctima de una violación y pidió que el delito no prescriba

"Fui victima de violación en 2006, el culpable no fue preso; con la ley de registro de ADN ahora la Justicia podría encontrarlo y apresarlo si votamos a favor de que no prescriban los delitos de violencia sexual. De modo que estoy totalmente a favor de que no prescriban. Hoy se pidió un apartamiento para tratar esto en Diputados, y voté que no, queremos tratarlo el comisión y votarlo en la próxima sesión. Que no sea utilizado esto para decir que estamos en contra. El violador no se cura, la violación no prescribe. Y si por mí fuera, cadena perpetua", tuiteó Lilia Lemoine en su cuenta de X.

Con este posteo, la legisladora libertaria respaldó que el Congreso vuelva a debatir una de las principales demandas de las víctimas de abuso sexual infantil y sus familias: que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad no queden impunes por el paso del tiempo. La denominada Ley Segovia, impulsada por el diputado radical Pablo Juliano junto con Yamila Segovia, hermana de la víctima de un caso ocurrido en Puan, provincia de Buenos Aires, fue reclamada durante la sesión de la Cámara de Diputados del miércoles 21 de octubre y comenzaría a tratarse en comisión la semana próxima.

La iniciativa busca establecer que tanto la acción penal como las penas correspondientes a delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores de 18 años sean imprescriptibles. El objetivo es impedir que una investigación quede definitivamente cerrada porque transcurrieron los plazos legales, especialmente en casos en los que las víctimas tardan años en poder denunciar o en los que el acusado permanece prófugo para evitar ser juzgado. El proyecto cobró relevancia nacional tras el caso de Alberto Martín Del Valle, acusado de abusar sexualmente de su hijastra cuando tenía 11 años, dejarla embarazada y permanecer prófugo durante más de 14 años. Cuando finalmente fue detenido, en agosto, la Justicia declaró prescripta la causa principal por abuso sexual, una decisión que desató el reclamo de la familia y reavivó la discusión sobre los límites del régimen de prescripción penal argentino.

La discusión parlamentaria se produce en un contexto en el que existen distintas propuestas para modificar el Código Penal. Por un lado, la Ley Segovia está enfocada en la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. Por otro, la diputada de La Libertad Avanza Virginia Gallardo presentó el 5 de octubre el proyecto de ley 5323-D-2026, acompañado por legisladoras de distintos bloques, que propone una reforma más amplia del Código Penal: eliminar la prescripción para los delitos castigados con prisión perpetua, extender determinados plazos y endurecer las penas por abuso sexual.

La iniciativa de Gallardo fue girada a las comisiones de Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes. Aunque ambos proyectos coinciden en la necesidad de revisar las herramientas legales frente a delitos graves, no son idénticos en su alcance ni deben confundirse. La Ley Segovia plantea específicamente evitar que los abusos sexuales contra menores queden fuera del alcance de la Justicia por el paso del tiempo, mientras que el proyecto de Gallardo propone modificaciones más generales sobre prescripción, suspensión e interrupción de la acción penal y escalas de penas.

El caso que dio origen a la iniciativa comenzó en 2009, cuando Del Valle, que actualmente tiene 56 años, fue acusado de abusar sexualmente de su hijastra en reiteradas oportunidades en una vivienda de Puan. Según la investigación judicial, la niña tenía apenas 11 años y habría sido sometida a los ataques bajo amenazas de muerte. Cuando quedó embarazada, el acusado la trasladó al conurbano bonaerense con el argumento de realizar un viaje familiar y habría intentado provocarle un aborto clandestino en una vivienda de Quilmes. El procedimiento no prosperó y la niña dio a luz cuando todavía tenía 11 años. Posteriormente, un estudio genético confirmó la paternidad del padrastro con un índice de 99,9%.

Tras avanzar la investigación, se dictó una orden de captura en marzo de 2012. Del Valle desapareció y permaneció prófugo durante más de 14 años, hasta que fue localizado y detenido en Florencio Varela en agosto de este año.  El desenlace judicial inmediato generó indignación porque, pocos días después de la detención, el juez de Garantías Guillermo Mércuri declaró prescripta la acción penal por el abuso sexual agravado y dispuso el sobreseimiento de Del Valle en ese expediente. La resolución se apoyó en la interpretación de los plazos legales y de las causales que interrumpen la prescripción previstas en el Código Penal, junto con los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En términos jurídicos, la prescripción extingue la posibilidad de continuar la persecución penal por el delito alcanzado por esa decisión; no equivale a una absolución dictada después de un juicio que haya examinado y descartado los hechos denunciados. La decisión tampoco significó que Del Valle recuperara automáticamente la libertad: continuó detenido por otras investigaciones, entre ellas las vinculadas con el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y la falsificación de identidad. La familia de la víctima apeló el fallo y anunció que recurriría las instancias judiciales disponibles para intentar revertirlo. 

La controversia judicial se concentra, entre otros puntos, en si los delitos atribuidos a Del Valle durante los años en que permaneció prófugo pueden tener efectos sobre el cómputo de la prescripción de la causa por abuso sexual. La familia y sus representantes sostienen que las conductas investigadas por falsificación de identidad e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar deben ser consideradas para determinar si el plazo se interrumpió.

El juez, en cambio, aplicó una interpretación restrictiva de las causales legales de interrupción y de la jurisprudencia de la Corte Suprema. La diferencia entre ambas posiciones revela uno de los problemas que busca abordar la Ley Segovia: cuando una persona permanece prófuga y no llega a ser sometida a juicio por el delito principal, el paso del tiempo puede terminar favoreciéndola, incluso si la víctima y su entorno llevan años reclamando que comparezca ante la Justicia. La abogada Yamila Segovia, hermana de la víctima, impulsó el reclamo legislativo a partir de esa experiencia y cuestionó que la fuga pueda convertirse en una vía para eludir el proceso penal.

La iniciativa que lleva el apellido de la familia propone modificar el artículo 67 del Código Penal para que la situación de rebeldía, la fuga o la existencia de una orden de captura vigente impidan que el plazo de prescripción siga corriendo en los supuestos contemplados por el proyecto. La intención es que una persona investigada por delitos sexuales contra menores no obtenga una ventaja procesal por mantenerse fuera del alcance de los tribunales.

También la propuesta busca evitar que la solución dependa de interpretaciones judiciales diferentes acerca de cuándo se interrumpe la prescripción y qué requisitos deben cumplir otros procesos penales para tener consecuencias sobre ese cómputo. No se trata solamente de ampliar los tiempos para denunciar, sino de intervenir sobre el efecto que tiene la evasión de la Justicia cuando existe una investigación penal abierta. El reclamo se apoya en una dificultad concreta: aun cuando una víctima o su familia hayan denunciado los hechos y colaborado con la búsqueda del acusado, el expediente puede quedar condicionado por el transcurso de los años y por las reglas legales aplicables.

El proyecto llegó al recinto de Diputados el miércoles 21 de octubre, cuando Pablo Juliano solicitó un apartamiento del reglamento para incorporar el tratamiento de la Ley Segovia a la agenda parlamentaria. El legislador planteó que el paso del tiempo no debería beneficiar a una persona que se sustrae deliberadamente de la Justicia y pidió avanzar con una modificación del régimen de prescripción para los abusos sexuales contra menores. La solicitud no consiguió los votos necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas y fue rechazada.

Sin embargo, durante la discusión, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, manifestó su compromiso de convocar a la comisión la semana siguiente para comenzar el debate. De esta manera, el proyecto no quedó aprobado ni obtuvo todavía dictamen, pero logró un compromiso político para iniciar su tratamiento por la vía ordinaria. El desafío para los legisladores será determinar cómo redactar una norma que impida que la fuga se convierta en una herramienta de impunidad sin desconocer los principios constitucionales que rigen el derecho penal.

La prescripción existe para garantizar seguridad jurídica y evitar que las personas queden sometidas indefinidamente a una persecución penal, pero el caso Del Valle volvió a poner en discusión si corresponde aplicar ese límite de la misma manera cuando el acusado permanece prófugo durante años. También será necesario definir con precisión qué delitos estarán alcanzados, cómo se computarán los plazos y qué efecto tendrá la nueva regla sobre las causas en trámite, sin dar por sentado que una reforma pueda aplicarse retroactivamente a hechos anteriores. La discusión deberá contemplar, además, los derechos de las víctimas y las obligaciones estatales de investigar las denuncias de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.