Manuel Adorni (CEDOC)

Piden que renuncien los más de 200 funcionarios que nombró Adorni

Según el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, el ex funcionario incrementó un 25 % más de empleados en su áreas.

La caída de uno de los hombres de máxima confianza de la administración libertaria se consumó tras meses de asfixia política, escándalos éticos y un frente judicial que terminó por volver insostenible su permanencia en la Casa Rosada. Manuel Adorni presentó su renuncia indeclinable a la Jefatura de Gabinete de la Nación, forzado por el avance de causas penales en los tribunales federales de Comodoro Py, acusaciones de nepotismo estructural y una inminente ofensiva legislativa opositora.

Apenas medio año después de asumir el cargo tras suceder a Guillermo Francos, el otrora vocero presidencial y defensor acérrimo del ajuste fiscal debió dimitir a través de una carta pública en la que adujo ser víctima de un complot mediático y ataques desmedidos hacia su entorno familiar, dejando vacante una de las sillas más calientes del Poder Ejecutivo. La salida se precipitó tras el regreso del presidente Javier Milei de su viaje, momento en el que el oficialismo activó un reordenamiento de urgencia designando a Diego Santilli como nuevo titular de la Jefatura de Gabinete.

El derrumbe del exfuncionario se aceleró en un raid cronológico que comenzó a tomar estado público a principios de este año, cuando se detectó la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en una comitiva oficial a Nueva York a bordo del avión presidencial para asistir a la Argentina Week de la ciudad estaounidense. El hecho dinamitó la credibilidad del discurso anticasta de Adorni, quien meses antes había ponderado el fin de los privilegios políticos mediante normativas que prohibían el traslado de familiares en transportes del Estado.

Poco después, una seguidilla de revelaciones periodísticas destapó inconsistencias fiscales insalvables: la adquisición de un costoso departamento en el barrio porteño de Caballito mediante un llamativo préstamo privado otorgado por dos jubiladas que declararon no conocerlo; el alquiler en dólares en efectivo de propiedades en el exclusivo country Indio Cuá; y gastos suntuosos no declarados en viajes a Aruba y el Llao Llao abonados en efectivo. El golpe de gracia en los tribunales federales se estructuró a partir de las investigaciones del fiscal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa, sumada a una causa por dádivas en el juzgado de Ariel Lijo por vuelos privados costeados por contratistas del Estado.

En las últimas horas previas a la dimisión, la directora general de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, reconoció formalmente ante el fiscal Pollicita que le prestó su tarjeta de crédito personal a Adorni para adquirir costosos periféricos y monitores de videojuegos que superaban ampliamente su salario como funcionario público, confirmando maniobras de triangulación financiera. Paralelamente, en el Congreso de la Nación fracasaron los blindajes del PRO y la UCR para frenar su interpelación; ante el inminente quórum legislativo para aplicar una moción de censura constitucional promovida por la oposición y avalada en última instancia por declaraciones de Mauricio Macri, el desgaste de su figura se tornó irreversible.

Como si fuera poco, el escándalo judicial y patrimonial se complementó con una reciente denuncia por nepotismo y sobredimensionamiento del Estado, centrada en el nombramiento masivo y a discreción de casi 249 empleados en áreas bajo la órbita de su secretaría y posterior jefatura. Pese a encarnar el discurso de la austeridad y la eliminación del empleo público superfluo, las investigaciones y los relevamientos de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expusieron que la dotación de la Secretaría de Comunicación y Medios bajo su control se incrementó un 25%, consumiendo un presupuesto anual superior a los 30.000 millones de pesos.

Según diversas fuentes sindicales, el entramado de designaciones políticas incluía salarios superiores a los dos millones de pesos mensuales asignados a familiares y allegados de la militancia digital de La Libertad Avanza. La saturación de personal sin experiencia específica en dependencias estatales contrapuso de forma violenta el despido masivo de miles de empleados contratados en los inicios de la gestión libertaria.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se refirió sobre el tema en los medios. “Ahora exigimos que se vayan todos los familiares, amigos y allegados que metió en el Estado. Porque desde que asumió no paró de llenar de militantes y ñoquis las áreas que dependían de él”, explicó y agregó:  “Según nuestros registros, son 249 los trabajadores incorporados por Adorni que perciben ingresos millonarios sin que exista una contraprestación. Todas las áreas que dependían de él están saturadas de personas que no van a trabajar”.

“Con la renuncia de Adorni no se lava la cara el Gobierno. Porque las graves irregularidades que hemos conocido, los delitos que se cometieron, nos colocan frente al Gobierno más corrupto de la historia”, remató Aguiar. Finalmente, sobre los distintos escándalos que la administración Milei afronta, el dirigente sindical cerró: “Los Spagnuolo, Espert y Adorni, nos muestran cuál fue el plan: llegaron para robar”.


En esta Nota