Susana Pernas (CEDOC)
Quién es la fiscal Susana Pernas, promovida por el Gobierno y rechazada por Bullrich
En redes sociales, la senadora porteña se pronunció en contra del pliego de la fiscal que acusó al ex policía Luis Chocobar.
"Voy a votar en contra del nuevo nombramiento de la fiscal Susana Pernas. Esta fiscal pidió cárcel para Chocobar, un policía que se jugó la vida para frenar a un delincuente que había apuñalado a un turista. Y cuando anularon esa condena, salió a defenderla otra vez. Ellos están para defender a la sociedad y perseguir el delito, no para defender delincuentes y perseguir a quienes nos cuidan. No puede seguir teniendo un lugar en la Justicia. Por eso, aunque logre tener dictamen de la Comisión de Acuerdos y llegue al recinto, va a tener mi voto negativo. Del lado de la gente, siempre", anticipó Patricia Bullrich en su cuenta de X.
Susana Marta Pernas quedó en el centro de una nueva disputa política alrededor de la Justicia luego de que la senadora porteña anticipara que votará en contra del nuevo nombramiento impulsado por el Gobierno de Javier Milei. El enfrentamiento tiene como antecedente directo la actuación de Pernas en la causa que investigó al policía Luis Chocobar, un caso que durante el gobierno de Mauricio Macri se transformó en uno de los principales símbolos del debate sobre el accionar policial y el uso de la fuerza.
La controversia volvió a aparecer ahora, casi una década después de aquel episodio, porque el Poder Ejecutivo envió al Senado el pedido de acuerdo para que Pernas continúe en el cargo de fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal, Fiscalía N° 2. El pedido figura formalmente en el expediente PE-261/26 remitido por el Poder Ejecutivo al Senado. Según la información publicada por la propia Procuración General de la Nación y los antecedentes citados durante la audiencia parlamentaria, la funcionaria lleva alrededor de 50 años de carrera en el ámbito judicial.
El trámite que hoy genera la discusión tiene una particularidad jurídica. La designación de Pernas le prermitiria continuar después de haber alcanzado los 75 años. La Constitución Nacional establece que los magistrados que llegan a esa edad pueden permanecer mediante un nuevo nombramiento del Poder Ejecutivo, pero requieren nuevamente el acuerdo del Senado. La Ley 27.148, que regula el Ministerio Público Fiscal, establece el mismo límite y dispone que esos nuevos nombramientos son por cinco años y pueden reiterarse mediante el mismo procedimiento.
En ese contexto, el caso Pernas tiene una característica que lo diferencia de una discusión puramente administrativa. El Gobierno decidió sostener a una fiscal cuya actuación en el caso Chocobar es particularmente cuestionada por la misma Bullrich, precisamente una de las figuras que hoy integra el oficialismo y conduce el bloque de La Libertad Avanza en el Senado. La paradoja política es evidente: quien fuera una de las principales impulsoras de la denominada “doctrina Chocobar” durante su gestión como ministra de Seguridad de Macri ahora forma parte del bloque oficialista que debe analizar un pliego enviado por la propia administración mileista y en el que decidió marcar públicamente su diferencia.
El 8 de diciembre de 2017, el entonces policía bonaerense Luis Chocobar intervino después de un violento robo cometido contra el turista estadounidense Frank Wolek en el barrio porteño de La Boca. El visitante había sido atacado y apuñalado por dos jóvenes. Chocobar persiguió a los delincuentes y disparó contra Juan Pablo Kukoc, de 18 años, quien murió como consecuencia de los disparos. El episodio se convirtió inmediatamente en un caso testigo para el debate sobre la legítima defensa policial, el uso de armas de fuego y los límites de la actuación de las fuerzas de seguridad.
Pernas tuvo una intervención central cuando llegó el momento del juicio oral. Como fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores N° 2, sostuvo que el policía había excedido los límites legales de su actuación. En su alegato solicitó tres años de prisión en suspenso para el policía por el delito de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego cometido en exceso del cumplimiento del deber. El Tribunal Oral de Menores N° 2 finalmente condenó a Chocobar en mayo de 2021 a dos años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber.
La historia judicial, sin embargo, no terminó allí. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional posteriormente anuló parcialmente aquella sentencia y ordenó realizar un nuevo juicio respecto de Chocobar. Frente a esa decisión, Pernas, junto con las fiscales María Fernanda Poggi y María Luisa Piqué, presentó en 2024 un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para intentar revertir la decisión de Casación.
Ese último aspecto es fundamental para entender el enojo de Bullrich. La senadora no cuestiona solamente que Pernas haya participado en el juicio original: también le reprocha que haya defendido la condena después de que Casación la anulara parcialmente. En la audiencia del Senado del 7 de octubre, Bullrich sostuvo que Pernas había pedido cárcel para Chocobar, a quien describió como un policía que “se jugó la vida” para detener a un delincuente, y recordó que la fiscalía había recurrido posteriormente para sostener la acusación.
El choque adquirió todavía más fuerza porque Pernas estuvo presente en la audiencia de la Comisión de Acuerdos y respondió a las objeciones de Bullrich. La fiscal consideró injusto el cuestionamiento y defendió su trayectoria profesional, mientras que la senadora afirmó que la actuación de la funcionaria judicial le genera “grandes dudas”. La audiencia, además, terminó sin quorum suficiente para avanzar con los dictámenes, por lo que el proceso parlamentario todavía no quedó cerrado.
Por otro lado, la posición de Bullrich también expone una tensión dentro de la propia coalición oficialista. Para Bullrich, la actuación de Pernas representa una posición judicial incompatible con la defensa de los policías que ella sostuvo durante años y para el Gobierno, el expediente constituye formalmente el pedido de continuidad de una fiscal con décadas de carrera. El desenlace dependerá ahora de la Comisión de Acuerdos y, finalmente, del voto del Senado, donde Bullrich ya dejó explícito que no acompañará el nuevo nombramiento.