Quiénes son los libertarios que se inscribieron en el régimen simplificado de ARCA

La denominada Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el gobierno de Javier Milei y reglamentada este año a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), nació oficialmente con el argumento de terminar con lo que el oficialismo definía como una “persecución fiscal” sobre contribuyentes, pequeños empresarios y ahorristas que mantenían dinero fuera del sistema formal. La iniciativa elevó de manera significativa los montos mínimos para configurar delitos tributarios, permitió la regularización de activos no declarados y creó un Régimen Simplificado de Ganancias que limita la capacidad del organismo recaudador para revisar declaraciones patrimoniales anteriores.

Según la explicación oficial de ese momento, el objetivo era incentivar la formalización de ahorros y capitales que permanecían fuera del circuito económico. Sus críticos, en cambio, sostienen que la norma se transformó en una vía de regularización para patrimonios cuya evolución no había sido debidamente justificada. Tras el escandalo sobre los bienes patrimoniales que tiene involucrado a Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, y la decisión de suscribirse al régimen de la entidad recaudadora, la segunda postura es la que mayor peso se sostiene hasta la fecha. 

El contenido de la ley elevó los umbrales para considerar configurados los delitos de evasión simple y agravada, generando además el cierre de cientos de expedientes tributarios que quedaron alcanzados por el principio de la ley penal más benigna. Al mismo tiempo habilitó mecanismos simplificados para declarar bienes, ingresos y fondos previamente no exteriorizados sin necesidad de reconstruir exhaustivamente toda su trazabilidad ante el organismo fiscal. Sin embargo, especialistas remarcan que la adhesión al régimen no impide investigaciones penales por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, cohecho u otros delitos contra la administración pública.

La polémica explotó cuando comenzó a conocerse que varios dirigentes y funcionarios vinculados a La Libertad Avanza decidieron acogerse a los beneficios creados por la propia administración nacional. Los casos más notorios, por supuesto, fueron los del Jefe de Gabinete y su pareja quienes ingresaron al Régimen Simplificado de Ganancias en medio de la investigación judicial del fiscal Pollicita sobre el patrimonio familiar.

Sin embargo, los Adorni no son el único caso de funcionarios gubernamentales adheridos.  Entre los adherentes se encuentran al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y al mismo titular de ARCA, Andrés Vázquez.  También se mencionan además al exdiputado nacional José Luis Espert , vinculado al empresario detenido por lavado de activos y fraude en Texas, Fred Machado, entre quienes utilizaron mecanismos contemplados por el nuevo esquema fiscal. Otros nombres del espectro del movimiento libertario son Santiago Oría,  Fernando Iglesias, Felipe Nuñez, Adrián Ravier y el ex Jefe de Gabinete , Guillermo Francos.  

Más allá de la nomina, la figura central del escándalo sigue siendo el coordinador de ministros. La cronología de la crisis comenzó a construirse durante los primeros meses de este año, cuando distintas investigaciones periodísticas empezaron a señalar inconsistencias entre los ingresos declarados y el nivel de vida exhibido por su grupo familiar. Los primeros cuestionamientos estuvieron relacionados con propiedades inmobiliarias, viajes y gastos cuya magnitud parecía difícil de compatibilizar con sus declaraciones patrimoniales públicas.

Durante marzo aparecieron las primeras revelaciones sobre una vivienda en el country Indio Cúa Golf Club, ubicada en Exaltación de la Cruz, vinculada al matrimonio. La propiedad quedó bajo observación debido a presuntas obras de remodelación valuadas en cientos de miles de dólares y por interrogantes acerca de quién financió efectivamente esos trabajos. Paralelamente surgieron dudas sobre viajes al exterior y vuelos privados, especialmente un desplazamiento a Punta del Este cuya financiación comenzó a ser investigada.

Poco después se sumó un nuevo capítulo relacionado con un departamento en Caballito. La operatoria inmobiliaria reveló que la adquisición del inmueble habría involucrado mecanismos de financiamiento poco habituales, a través de dos señoras jubiladas, y préstamos privados que despertaron sospechas sobre la verdadera estructura de la operación. Los investigadores comenzaron a reconstruir el recorrido de los fondos utilizados para la compra, las posteriores reformas y la evolución patrimonial asociada al inmueble.

El expediente judicial tomó una dimensión superior cuando comenzaron a analizarse movimientos financieros digitales. En mayo, el fiscal federal Gerardo Pollicita recibió informes provenientes de plataformas de criptomonedas que confirmaron operaciones vinculadas a Adorni. A partir de allí se inició una reconstrucción de billeteras virtuales, transferencias y movimientos de activos digitales. La Justicia sostiene que existen transacciones acreditadas y busca determinar si existen otras que todavía no fueron informadas.

La investigación patrimonial se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, con impulso de la fiscalía. Los investigadores procuran establecer si el patrimonio acumulado por Adorni puede justificarse con ingresos lícitos y debidamente declarados. Entre las medidas ya ordenadas figuran pedidos de información bancaria, fiscal, registral e inmobiliaria, además del análisis de movimientos con criptomonedas y operaciones financieras realizadas durante los últimos años.

La crisis alcanzó su punto más delicado cuando Adorni decidió presentar declaraciones juradas rectificativas. En ellas incorporó activos y fondos que no figuraban en versiones anteriores y explicó que una porción sustancial de su fortuna provenía de inversiones realizadas en Bitcoin entre 2014 y 2018. Durante una entrevista televisiva con José Del Río para LN+, llegó a reconocer que él y su familia habían mantenido ahorros no declarados durante años, afirmación que provocó una fuerte reacción política y profundizó el debate sobre la legalidad de su situación patrimonial.

Desde el punto de vista penal,  la principal hipótesis bajo análisis en la fiscalía es el presunto enriquecimiento ilícito. Dependiendo de la evolución de la investigación y de la documentación que logren reunir los peritos judiciales, también podrían analizarse eventuales figuras vinculadas a falsedad u omisión en declaraciones juradas, evasión tributaria, lavado de activos o utilización de terceros para ocultar bienes. Por ahora, la Justicia determinara si las explicaciones presentadas recientemente por Adorni son suficientes para justificar el crecimiento patrimonial registrado durante los últimos años.