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¿Qué cambió en America Latina después del posneoliberalismo?
¿Qué mejoras trajo a la región el "giro a la izquierda" de las últimas décadas? Avances en educación, salud y género y los terrenos en los que todavía subsiste la desigualdad.
¿Cómo es la estructura social de América Latina en la actualidad? ¿Qué cambios se han registrado en las últimas décadas y, en particular, en los primeros quince años del nuevo milenio, cuando la región atravesó una bonanza económica general y lo que se ha llamado el “posneoliberalismo” o “giro a la izquierda” en lo político? Para abordar estos interrogantes analizamos las tendencias y los lineamientos generales de política en dimensiones clave: demografía, familia, distribución de ingresos, educación, salud y vivienda.
Una mirada de conjunto sobre estas dimensiones muestra importantes cambios, que entre otras cosas dieron lugar a un incremento en el bienestar de la población latinoamericana. Pero el alcance de la transformación no fue el mismo en cada tema abordado, ni tampoco el lapso de tiempo en que tuvo lugar. Cada dimensión tiene condicionantes del pasado, ciclos e incluso temporalidades específicas. Los cambios en los patrones demográficos y las relaciones familiares en general ocurren lentamente; las transformaciones en salud, educación y vivienda un tanto menos, porque en términos relativos son más sensibles a las políticas de un período dado. En fin, las tendencias en la pobreza, la distribución de los ingresos y el mercado laboral suelen ser más inestables al estar afectadas de manera más directa por las políticas y los ciclos económicos, y de hecho aquí es donde la impronta del período es más potente.
Respecto de los cambios en el nuevo milenio, sostenemos que en ciertas cuestiones (aunque no en todas) la mejora de los indicadores comenzó antes, pero se intensificó en el período. Por eso, para responder de manera cabal a nuestros interrogantes es preciso adoptar una perspectiva de más largo plazo, hasta mediados del siglo pasado, cuando se iniciaron o aceleraron algunos de los procesos centrales que dieron su actual configuración a las sociedades latinoamericanas. De este modo emergen metamorfosis que, en su conjunto, han modificado en forma sustancial las vidas cotidianas de las y los habitantes de la región. En efecto, las sociedades latinoamericanas experimentaron intensos procesos de urbanización y dejaron de ser predominantemente rurales: en 1950, 4 de cada 10 latinoamericanos vivían en ciudades; en la actualidad, son 8 de cada 10. La esperanza de vida al nacer pasó de 51 años en 1950 a casi 75 años en la actualidad, y los latinoamericanos se enferman y mueren de otras enfermedades que hace décadas atrás. En 2015 la tasa de fecundidad era de 2,1 hijos por mujer, y en 1950, de 5,8, casi 3 veces más. Las mujeres fueron incorporándose de manera creciente al mercado laboral y, sobre todo, al sistema educativo, y modificaron sus actividades cotidianas, proyectos y expectativas y, en cierta medida, sus relaciones conyugales y el lugar que ocupan en la familia. El acceso a la educación formal se amplió de modo paulatino pero constante: la educación primaria es casi universal, la secundaria es mayoritaria y el acceso al ciclo superior aumentó de manera sostenida en las últimas décadas. En comparación con los años cincuenta, cuando la región se urbanizaba aceleradamente, hoy es más reducido el porcentaje de viviendas deficitarias y sin acceso a servicios básicos. Podemos afirmar entonces que, pese a todas las desigualdades y exclusiones persistentes, la sociedad latinoamericana es más urbana, más longeva, con mayores años de educación y menos desigual en términos de género que en ese entonces.
Ahora bien, el siguiente interrogante es si acaso las transformaciones eran solo cuestión de tiempo y, si así fuera, qué impronta dejó el contexto económico y político del posneoliberalismo en la estructura social. La primera novedad fue una caída de la desigualdad de ingresos debida sobre todo a mejoras en el mercado de trabajo y a la expansión de las transferencias condicionadas y de pensiones a la vejez, por medio de las cuales comenzaron a contar con recursos monetarios aun quienes no estaban insertos en el mercado laboral o en los sistemas de pensiones tradicionales. Gracias a eso hubo menos población respecto de la década previa sin acceso a algún tipo de ingreso, aunque en muchos casos insuficiente. La segunda novedad fue la ampliación de las coberturas en salud y, sobre todo, educación, así como las mejoras en hábitat y vivienda. El papel del Estado fue crucial, quizá no tanto por el carácter novedoso de las medidas implementadas –pues hubo pocas innovaciones en las políticas públicas–, sino por su mayor inversión y aumento de los beneficiarios, así como por retomar la senda de la protección del trabajo que había sido debilitada en el período neoliberal. En su conjunto, las políticas de vivienda, salud, educación, ingresos y trabajo tendieron a tejer una red de protección básica y un piso mínimo de bienestar para los sectores más desfavorecidos.
A nuestro entender, la agenda posneoliberal puso de hecho el foco en remediar las formas de exclusión más extremas producidas en las últimas décadas del siglo XX y, en menor medida, otras de mucha más larga data, como las que afectaban a los pueblos originarios y afrodescendientes. Por ende, consideramos que el período logró realizar con mayor éxito la promesa incumplida de las políticas sociales del ciclo neoliberal: la creación de una red de protección básica para los sectores más excluidos.
¿Pero qué ha sucedido con la disminución de la desigualdad, la promesa de la década posneoliberal? En comparación con el ciclo previo, en esta etapa hubo una tendencia a la disminución de las desigualdades. Sin embargo, sostenemos que sería más ajustado afirmar que el período se caracterizó más por una disminución de la exclusión que por un avance concreto en términos de igualdad. ¿Por qué? Porque en general los gobiernos no modificaron las bases estructurales de las desigualdades persistentes. No hubo casi transformación en las estructuras productivas ni muchas alternativas a los modelos extractivos o neoextractivistas, como tampoco innovaciones tributarias muy progresivas o políticas de reforma agraria; en otras palabras, procesos que llevaran a un cambio profundo en la relación entre las clases, los sexos y los grupos étnicos.
A fin de cuentas, si bien es cierto que hubo menos pobreza y disminuyó la desigualdad de ingresos, las élites se tornaron aún más ricas. En la misma dirección, la mayor parte de los indicadores de salud, educación o vivienda mejoró en términos absolutos, los “pisos de bienestar” se incrementaron y casi todos los grupos, clases y regiones conocieron mejoras en el período. Sin embargo, en muchos casos las brechas no disminuyeron. Y esto porque los países, regiones subnacionales y grupos más favorecidos avanzaron más que los países más pobres y que los grupos y zonas más desaventajados.
Asimismo, en cada país subsisten núcleos de exclusión importantes y problemas del pasado: grupos sociales que no acceden a la educación básica; asentamientos informales que continúan siendo un rasgo distintivo de las ciudades de la región, y, lejos de desaparecer, enfermedades de la pobreza que se intensificaron y hasta reaparecieron otras consideradas erradicadas. Estos problemas sociales se concentran en los individuos de menor nivel socioeconómico, en los pueblos originarios, los afrodescendientes y la población rural. Otros sectores sociales, a pesar de haber mejorado, se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, como los trabajadores en ocupaciones informales o los beneficiarios de transferencias estatales quienes, ante un cambio en el contexto económico o político, tienen altas chances de ser los primeros en perder las mejoras obtenidas en sus niveles de vida.
Por lo demás, la desigualdad adquiere nuevas formas. América Latina fue exitosa en la expansión de la cobertura educativa, pero la inclusión parece haber estado acompañada de un aumento en las desigualdades de calidad. Los déficits de vivienda son menores, pero la segregación espacial se hizo más visible. Se expandió el acceso a servicios básicos de salud, pero debido a las necesidades de atención de la población envejecida y a los avances tecnológicos, aparecen tratamientos y drogas muy caros, inaccesibles para los de menores ingresos. Aumentó la participación de las mujeres en el mercado laboral, pero son aún peor renumeradas y experimentan una sobrecarga de trabajo porque a su mayor presencia en el mundo laboral todavía suman el peso de las tareas domésticas. Si, como dijimos, hay ciertas mejoras en los indicadores sociales de los pueblos originarios, el avance de la frontera agrícola y en particular de la minería extractiva está perjudicando de manera violenta a sus comunidades. Por último, es preciso señalar que corrientes del pensamiento latinoamericano, como el del “buen vivir”, han puesto cada vez más en cuestión nuestras perspectivas hegemónicas sobre el desarrollo y el bienestar económico.
Política y estructura social. ¿Qué lugar les cabe a las políticas públicas en las transformaciones de las sociedades latinoamericanas? A lo largo del tiempo las políticas educativas, de salud, de vivienda y más cerca en el tiempo de extensión de coberturas de ingresos coadyuvaron a la configuración actual de la estructura social. A la vez, se ha ido modificando de a poco la imagen que la sociedad construye sobre sí misma. Por caso, la calidad educativa, la segregación socioespacial, el embarazo adolescente o el cuidado no son necesariamente procesos o tópicos recientes, pero hasta hace poco no se las consideraba problemas que merecieran la atención de las políticas públicas. Sin indicadores forjados y medidos por el Estado, sin un grado determinado de problematización de la sociedad y de los gobiernos respecto de los procesos sociales, la imagen de la sociedad que habríamos compartido sería otra de la aquí presentada.
Sin embargo, creemos que una cuestión central es el déficit de las políticas públicas en relación con los problemas que muestran las sociedades latinoamericanas. En muchos casos, se sabe dónde actuar y qué se debería hacer, pero no se adoptan las medidas necesarias. No es un dato novedoso la extrema desigualdad de la región o el subdesarrollo productivo o los siglos de exclusión y violencia que ha sufrido gran parte de la población indígena y afrodescendiente. También las desigualdades de género son evidentes desde hace mucho. En paralelo, otros problemas más novedosos requerirían pensar acciones innovadoras. El envejecimiento poblacional plantea desafíos al sistema previsional, al de salud y al diseño urbano. El bono demográfico es una oportunidad para las naciones, pero precisaría planificaciones adecuadas en el sistema educativo y productivo. La mayor inclusión educativa nos pone frente al desafío de innovar en las formas escolares, y el cambio en el perfil epidemiológico cuestiona el funcionamiento de nuestros sistemas de salud. Por lo general, existe un desfase de las políticas públicas respecto de las consecuencias de los cambios estructurales, ya sea por restricciones económicas o falta de poder político y social, por inercias del pasado o por carencia de incentivos para acciones transformadoras a mediano y largo plazo.
A esto se suma el grado de incertidumbre sobre las consecuencias de ciertas transformaciones acaecidas. Algunas de ellas no han sido las esperadas: el aumento de la cobertura educativa no implicó un cambio en la estructura productiva ni un gran incremento de la productividad o una profundización de los valores democráticos. A contramano de lo sostenido por las teorías que vinculaban privación económica y delito, durante la reactivación aumentaron los delitos contra la propiedad en América Latina, en parte debido a la mayor circulación de bienes y dinero. También cambios positivos en ciertas dimensiones pueden producir consecuencias negativas en otras: el crecimiento de la economía y la mayor demanda de bienes agrícolas incidieron en el aumento de los precios de la tierra rural y urbana, lo que intensificó las dificultades de acceso a la vivienda para los pobres urbanos y a la tierra para los pueblos indígenas. El endeudamiento creciente de los sectores populares fue uno de los corolarios del boom del consumo del nuevo siglo. Por eso, es preciso revisar el modo en que pensamos sobre los distintos cambios sociales y sus implicancias.
Y esto nos lleva a una preocupación central. ¿Cuán sustentables son los cambios? La época de bonanza ha pasado, y el posneoliberalismo también. Las reacciones conservadoras en torno a las mejoras conseguidas por los sectores populares y por movimientos feministas, LGTBIQ+, indígenas y afrodescendientes son cada vez más frecuentes. Se ha producido un giro a la derecha en varios países respecto de los gobiernos electos, sobre todo en Brasil en 2018 y Colombia en 2019, y el desapego con la democracia en la región se ha intensificado, como muestran los datos más recientes de la encuesta regional Latinobarómetro. Un creciente descontento con las democracias que se contrapone con su relativo buen funcionamiento, si se lo compara con el pasado reciente de dictaduras militares y autoritarismo.
Frente a la necesidad de comprender esta situación, quisiéramos introducir un interrogante. ¿Cómo gravitan las tendencias demográficas, de ingresos, en salud, vivienda y educación en el nuevo panorama político latinoamericano? A nuestro entender, los cambios en la estructura social afectan tanto la oferta como la demanda política. El aumento de la tasa de participación laboral y educativa femenina es sin duda uno de los pilares de la fuerza que ha ganado el movimiento feminista en la región. El incremento de la cobertura educativa rural y la gran expansión universitaria contribuyen a modificar de raíz las expectativas e identidades de latinoamericanas y latinoamericanos históricamente relegados. Ahora bien, como hemos aprendido de la sociología, el aumento de expectativas y el bloqueo de acceso a lo prometido pueden estar en la base de movimientos políticos de descontento de derroteros diversos. También el envejecimiento poblacional tiene un signo distinto al del pasado: lejos de una relación directa entre mayor edad y adscripción a valores conservadores, trabajos recientes en Brasil muestran una mayor polarización política en los grupos de mayor edad. Una de las hipótesis es que la experiencia de la transición democrática imprimió un sesgo indeleble en la cultura política de esas generaciones, lo que promovió la configuración de un polo de adultos profundamente progresistas que podrían constituir un actor político renovador en el futuro cercano.
Todo esto sugiere una estructura social cambiante, en movimiento, multiforme, un plexo convergente de experiencias y subjetividades políticas novedosas y muy diversas entre sí. Esto nos lleva a un segundo interrogante: hemos sostenido que hubo al mismo tiempo una disminución de las desigualdades, pero también registramos su fuerte persistencia. Ahora bien, ¿cómo perciben los habitantes de la región esta situación matizada?, ¿qué evaluaciones políticas realizan? Hemos aprendido que las percepciones de desigualdad nunca son el reflejo de una situación objetiva. Influyen, entre otras variables, las experiencias locales de mejoras en los bienes colectivos, la trayectoria y comparación con el grupo social de referencia, con las generaciones anteriores, con el propio pasado y con las expectativas personales. Gravita también la mayor o menor fuerza de la promesa de movilidad social en cada país, el punto de referencia temporal que cada quien elija para evaluar el desempeño de una época, así como la ponderación que realice respecto de otras variables, como la percepción de la corrupción, del funcionamiento institucional o de la inseguridad. Evaluaciones, a su vez, tan cambiantes como el resto de los juicios actuales de la opinión pública. El panorama es, a todas luces, complejo, y el análisis de la estructura social ya nos muestra un abanico de situaciones y matices en cada tema, zona, país o grupo, por lo cual, se perfila un basamento estructural multiforme para la evaluación individual y colectiva de lo sucedido y del futuro deseable.
A esto se suma el aspecto relacional de todo proceso social y, en este caso, de la desigualdad. A fin de cuentas, los avances de algunos sectores o en ciertas temáticas pueden percibirse como retrocesos, pérdida de posiciones y poder o incomodar o ser indiferentes para ciertos grupos. La disminución de las desigualdades de género, el mayor acceso al consumo de sectores populares, la mayor potencia de las organizaciones indígenas o las (tibias) medidas de acción afirmativa para población afrodescendiente, entre otras, han generado evaluaciones y reacciones políticas y sociales divergentes. Así, muchos de los avances y derechos conseguidos serán un piso de experiencia socialmente compartida y un umbral de bienestar a ser defendido con fuerza: los intentos por erosionar coberturas alcanzadas en educación, salud o ingresos mínimos podrían generar conflictos sociales intensos. Y estos avances son hoy al mismo tiempo el umbral para luchar por mantener lo adquirido y ganar nuevos derechos, pero también la piedra de toque de la ofensiva de sectores restauradores que están pugnando por revertirlos.
Concluimos estas palabras en un momento de cambio para la región y, como sucede cada vez más a menudo, hay incertidumbre sobre el futuro cercano, porque nunca el porvenir está escrito de antemano y es en gran medida contingente a la acción colectiva de las mujeres y de los hombres de cada época. Pero, en todo caso, estamos convencidos de que los cambios en la estructura social estarán en el corazón de las disputas y conflictos políticos de los tiempos que nos toca vivir y en parte por eso quisimos contribuir a elucidar cómo son hoy nuestras sociedades. Conocerlas en forma fehaciente es un punto de partida necesario para pensar y actuar hacia el rumbo que colectivamente quisiéramos imprimirles.
Gabriela Benza y Gabriel Kessler son sociólogos. Autores de “La ¿nueva? estructura social de América latina. Cambios y persistencias después de la ola de gobiernos progresistas” (Siglo XXI).
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