De matrimonios y patrimonios

En el 2023, el Premio Nobel de Economía fue otorgado a una mujer, Claudia Goldin, por sus aportes para la comprensión de la brecha salarial existente entre hombres y mujeres, estimada en un porcentaje que, según el BID alcanza el 23 %. No se trata de una comparación que promedia posiciones disímiles, sino una medición que toma iguales funciones, responsabilidades y formaciones homogéneas.

Hace varios años ya que, con diferentes grados de éxito o eficacia, los gobiernos, las empresas y organismos internacionales han puesto en agenda el problema de la brecha salarial, al menos para mantenerse dentro de lo políticamente correcto. Claramente, la existencia de la mencionada brecha evidencia que queda mucho por hacer al respecto, y que los progresos son más lentos que lo deseable. Siempre es más fácil predicar que hacer.

Ahora bien, el salario es una variable de flujo. Es dinámica. Todos los meses, en la medida en que se está ocupado, se percibe una retribución. Sobre esta variable está hoy puesto el foco.  Pero hay una variable de stock, que puede alcanzar montos significativos, cuyo manejo está, por razones diversas (históricas, legales, culturales, psicológicas, etc.) generalmente en manos de los varones. Se trata del patrimonio, entendido como el conjunto de activos financieros, inmobiliarios (urbanos y rurales), artísticos, tangibles e intangibles poseídos, así como los derechos y obligaciones vinculados a los mismos (ej.: una hipoteca). Tengamos en claro que no se trata de una problemática que concierne sólo a las más favorecidas. Las mujeres en la base de la pirámide sufren mucho más, en relación a su techo o su mínimo ahorro.

Un rápido recorrido por la historia pone en evidencia que los derechos patrimoniales de la mujer sufrieron también sus vaivenes.

En la civilización etrusca entre los siglos VIII y III AC, la mujer, ante la muerte del marido, asumía la tarea de asegurar la administración de las riquezas, la continuidad de la familia y la transmisión de la herencia. Todas estas libertades personales estaban claramente vinculadas con la capacidad de poseer y gestionar riqueza por derecho propio. La dominación romana les quitó estos derechos En la Roma de la época republicana, las mujeres estaban avocadas exclusivamente al hogar.

Ya en la Roma Imperial, las mujeres adquieren derechos personales y patrimoniales, aunque no políticos. Tras el fallecimiento de su padre, toda mujer romana (soltera o casada) pasaba a ser legalmente independiente, es decir, poseía de pleno derecho sus propiedades, teniendo libertad para gestionar todo tipo de operaciones de compraventa, préstamos, negocios, etc. También pagaba impuestos, y declaraba sus propiedades en el censo, un registro de todos los ciudadanos romanos que se efectuaba cada cinco años en el centro de Roma y que constituía uno de los rituales cívicos más relevantes.

Haciendo una gran simplificación, podemos considerar la Edad Media (476 -1492) como un período en el que se restringieron enormemente los derechos familiares, legales y económicos de las mujeres. Se instituyó la tutoría, ejercida por el varón, que limitaba incluso su libertad de elegir y disponer. Si fallecía el marido, el varón más próximo de la familia paterna, asumía la tutela.  Y además de hacerse cargo de su representación judicial tenía disposición y disfrute de su patrimonio, y podía castigarla y entregarla en matrimonio.

Hubo excepciones en este tiempo, como la de Leonor de Aquitania (1122-1204), madre de dos reyes, y reconocida por la historia como una mujer rebelde, con enorme poder político, económico y cultural. El descubrimiento de América, momento que la historia define como el final de la Edad Media, ocurrió por la determinación de una mujer. Fue la Reina Isabel la Católica (1451-1504) quien decidió financiar la campaña de Colón a las Indias.  

Otras mujeres notables, como Isabel I de Inglaterra (1533-1603) o Catalina la Grande de Rusia (1684-1727) marcaron su propio tiempo y evidenciaron poder y determinación política y económica. Pero fueron excepcionales.

Los ideales de la Revolución Francesa que proclamaba libertad e igualdad no se plasmaron inmediatamente en ningún cambio en los derechos de las mujeres. Napoleón, un apasionado por las mujeres, fue muy poco generoso a la hora de reconocerles derechos. Su Código Napoleónico (1804) le dio a los padres y maridos el poder supremo sobre sus hijas y esposas. Recién en 1965 (¡160 años más tarde!) se aprobó la ley que permitía a las mujeres trabajar y firmar cheques sin requerir la autorización del marido. Y sólo un par de años después de 1968, año en el que París estalló al grito de “la imaginación al poder”, las mujeres casadas dejaron de adoptar socialmente no sólo el apellido sino también el nombre de su marido (ej.: Mme. Paul Cézanne). ¿Hay acaso patrimonio más propio que nuestro nombre?

Así, durante largos períodos el matrimonio implicó para la mujer la imposibilidad de seguir manejando su patrimonio personal.

Si bien esto no sigue siendo así para las legislaciones de la mayoría de los países occidentales, persiste una delegación explícita o implícita de administración, gestión y disposición patrimonial de las mujeres hacia los hombres de la familia. No sólo hacia el marido, sino también a los hermanos, primos o sobrinos.

Este planteo no debe ser entendido cómo un reclamo feminista. Es más bien una apelación a la formación y al involucramiento de las mujeres en lo que hace a la administración de los bienes propios familiares, y los que se van adquiriendo a lo largo de la vida laboral, especialmente cuando la mujer está casada o en pareja. Las madres tenemos que educar a nuestras hijas para que asuman también ese rol.

En este mundo complejo y cambiante, en el que se requieren múltiples saberes para capturar la realidad, es deseable el aporte de diferentes miradas para llegar a mejores resultados. Adicionalmente, es conveniente no estar indefenso ante los avatares de la vida. El saber, salva. El conocimiento nos preserva de caer en manos de personas inescrupulosas, sean de la familia, o no. 

A lo largo de mi vida profesional he presenciado muchas situaciones (tanto en empresas familiares industriales o agropecuarias, como en patrimonios financieros o inmobiliarios) en las que las mujeres de la familia se enteraban al momento de la firma de un determinado documento, de lo que sus maridos o hermanos habían decidido. Al momento de una venta o constitución de una hipoteca, la obligación legal de la firma por parte del cónyuge era la única razón por la cual ellas estaban presentes. 

A veces es más cómodo dejar que otro se ocupe, que analice riesgos y retornos y decida. A veces es más fácil que otro se equivoque y culparlo por el error. Es sabido que el que nada hace, nunca se equivoca y puede criticar la vida entera. Pero ese comportamiento consolida inequidades tanto o más significativas que las salariales. La historia pone en evidencia cómo diferentes culturas y tiempos confirieron a la mujer grados disímiles de habilitación para la disposición y administración patrimonial.

El mejor antídoto contra estas inequidades es el conocimiento. Entender qué firmamos y porqué firmamos. Comprender las consecuencias de las decisiones y los riesgos implícitos. Conocer el valor de lo que tenemos. Discernir si esto que nos están ofreciendo a cambio de nuestra participación en el patrimonio familiar es lo que nos corresponde o es quizás un poco o mucho menos. Discernir y retribuir adecuadamente los diferentes factores que hacen a la producción: tierra, trabajo, capital, empresariado y conocimiento.

En síntesis, la conquista de derechos, para consolidarse, requiere del ejercicio responsable de los mismos. Y ese ejercicio es fructífero y constructivo cuando está basado en conocimientos. 

Así, mientras seguimos tratando de reducir la brecha salarial, no perdamos de vista la posibilidad y el derecho a gestionar y disponer de nuestro patrimonio. 

Un árbol puede ser el comienzo de un bosque, o una parte de él.  Pero nunca olvidemos que, si sólo atendemos nuestro árbol, podremos encontrarnos el día de mañana con un bosque diezmado.

*Alicia Caballero es Doctora en Economía, ex directora del BNA, ex Decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA y expresidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.