El debate sobre la protección al sector industrial ni es nuevo ni distingue situaciones o particularidades. Décadas más tarde, la disputa, lejos de atenuarse, se potenció por una tradición de casi un siglo de políticas intervencionistas, regulando y estableciendo barreras más o menos sutiles que dificultaban la competencia. Las distorsiones fueron tantas que, sumadas a un cuadro de estancamiento e inestabilidad macroeconómica, la coyuntura les presenta un futuro incierto y lleno de amenazas para la industria.
El origen de todo
Para el investigador y profesor de la facultad de Ciencias Económicas de la UCA, Ernesto O’Connor, en los últimos tres gobiernos aperturistas -incluyendo el actual- la producción industrial se redujo y paradójicamente también lo hizo durante el tercer kirchnerismo; sólo creció en el primer kirchnerismo, mucho menos en el segundo y algo bajo el impulso extremadamente subsidiario de la gestión Fernández postpandemia.
A su juicio, el tema central es que Argentina no puede resolver por consenso un perfil productivo donde los recursos naturales, con o sin mucha agregación de valor, sí son competitivos, lo mismo que algunos segmentos intensivos en capital humano, en contraste a algunas ramas industriales más bien orientadas al mercado interno que hace tiempo no pueden competir con la producción global. “Dani Rodrik señaló que la industria ya no es la gran creadora de empleo y que sus posibilidades a nivel nacional quedaron limitadas”, concluye. Esta visión nada optimista también ayuda a comprender los dilemas actuales.
La economista Marina Dal Poggetto, por ejemplo, sostiene que “la historia no se repite, pero rima, en un país que no ha logrado romper el loop descendente frente a una dirigencia con mirada cortoplacista que sobrerreacciona a las demandas de la sociedad”. Explica que en 1989 la demanda de la sociedad era bajar la inflación, en 2001 bajar el desempleo y en 2023 volvió a ser bajar la inflación. “
En ambos casos (los ‘90 y la coyuntura actual) se venía de un modelo de economía muy cerrada con alta inflación, tasas de interés negativas y brecha cambiaria en una economía que había perdido el acceso al crédito; que dio como resultado una bajísima productividad que, protección mediante, permitía sostener un bajo nivel de desempleo”, detalla. Y en ambos casos, la apertura de la economía y la suba de tarifas fue parte de la estrategia de corrección de precios relativos. Pero resume las diferencias que son mayores: Menem arrancó su mandato con las reformas estructurales (entre ellas la Ley de Reforma del Estado y las privatizaciones), con una participación estatal en el PBI mucho menor que la actual y sin embarcarse en una modernización laboral.
Lo que no se negocia
El ancla cambiaria era, por definición, mucho más rígida durante la década que duró la Convertibilidad y la variable de ajuste en el empleo fue la ocupación antes que el salario real. Además, “la presente extensión del escenario de apertura agresiva de la economía con un dólar que no está adelantado y sin un salto en la productividad sistémica que acompañe, está dejando fuera de juego a una cantidad importante de sectores”, analiza.
Eduardo Fracchia, investigador y economista del IAE, señala que un punto importante es el de la dinámica de los cambios, aun cuando fueran imprescindibles y tuvieran consenso, los frutos tardan en emerger. Hasta un economista cercano a la política oficial como Ricardo Arriazu reconoce que ocurre una “destrucción creativa” de empresas y puestos de trabajo que más tarde serían compensados con empresas emergentes y mejores empleos. “La Argentina con los sectores ‘estrella’, los ganadores, no alcanza, porque serían US$ 1.000 per cápita de exportación cuando Australia y Canadá tienen US$ 7.000 per cápita de exportación de recursos naturales”, apunta Fracchia.
La duda relevante, en su visión, es si va a haber una nueva configuración de las actividades asociadas a las diferencias con el tipo de cambio. “Hay sectores que quedan especialmente comprometidos, como el textil y calzado, y muchos otros más que comprometen a vastas regiones”, concluye.
Desde noviembre de 2023 cerraron 19.114 empresas y desaparecieron 224.000 empleos formales en total, de los cuales más de la mitad corresponde a la industria manufacturera (más de 30.000 puestos registrados) y la construcción, castigada por la sequía financiera y el desánimo de inversiones en el sector.
Los empleos formales privados cayeron seis veces más que los públicos, sobre los que, incluso, pasó la declamada “motosierra”, sobre todo a nivel nacional. Según los datos de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad industrial cayó un 10,3% desde 2023, o sea que no alcanzó todavía los niveles previos a la pandemia. La última medición de la serie que elabora FIEL arrojó que en octubre pasado la actividad industrial cayó 5,3% contra el mismo mes de 2024.
Varios frentes abiertos
A esto se suma una renovada presión fiscal ya que, como admitió recientemente el ministro Federico Sturzenegger, para poder bajar impuestos necesariamente tendrá que acelerar el talado de gastos. Pero también las críticas de los industriales se focalizaron en dos estamentos: el provincial por el incremento de las tasas de Ingresos Brutos y los municipios por la creación o ampliación de otros como “Seguridad e Higiene” que los observan como una ampliación de un tributo encubierto a las ventas.
El economista y empresario Gustavo Lazzari, que dirige una compañía familiar de chacinados, tiene un alto perfil mediático y también supo participar en la cámara de su sector, cuando aborda el tema del desafío del Gobierno para que la industria asuma un compromiso para aumentar su productividad, se desmarca y pone la pelota en el otro arco. “A la industria se le exige competitividad para poder enfrentar al mismo tiempo la apertura del comercio por desregulación de importaciones, pero a la vez no tiene ningún alivio tributario y debe enfrentar una caída en el consumo generalizado”, sostiene.
Mayor competitividad
En esta mirada, no se puede hablar livianamente de competitividad sin referirse al lastre de regulaciones, carga impositiva, falta de normativas reales y mala infraestructura que agrava el denominado “costo argentino”. “Recién después de una reforma fiscal de fuste podemos saber quién puede quedar y quién no porque yo te puedo asegurar que, entre el empresariado local, es mucho más el que es competitivo que el que no lo es”, enfatiza Lazzari.
Por su parte, Jorge Vasconcelos, economista jefe de la Fundación Mediterránea, destaca que la industria manufacturera necesita ganar en competitividad en cualquier escenario. “Las exportaciones de MOI -manufacturas de origen industrial- han caído a un andarivel del orden del 0,16 % de las exportaciones mundiales, viniendo de un 0,25%, antes y después de la crisis de la Convertibilidad, pero esa reconversión requiere condiciones adecuadas”, subraya. Cita como ejemplo el caso de una exportadora del sector automotor que, en sus ventas al exterior, imprime a sus unidades un sobreprecio del 12% al 13 % que se explica por impuestos distorsivos, nacionales, provinciales y municipales, que no se pueden descargar en la Aduana como sí ocurre con el IVA.
“Estudios sectoriales muestran que la carga impositiva (por fuera del IVA) en cadenas de valor comparables duplica en la Argentina los guarismos de Brasil y México (30% contra 15% aproximadamente). Un verdadero lastre para la competitividad que no sólo dificulta las exportaciones, sino que pone en desventaja a muchos productos locales para pujar de igual a igual con los importados”, destaca.
Vasconcelos cree que dichos datos reafirman la necesidad de un proceso sincronizado en la política de apertura de la economía, para que el mecanismo de la señalada “destrucción creativa” sea funcional al crecimiento de largo plazo. Sobre todo, cuando se presenta como uno de los efectos colaterales más notorios en la pulseada entre Estados Unidos y China la mayor agresividad del gigante asiático en sus exportaciones a terceros mercados. Incluso, reconoce que, antes de la declarada “guerra comercial”, la irrupción de China capturando un tercio de las exportaciones industriales del planeta ya había puesto sobreaviso a los industriales locales.
Carrera entre sectores
La vieja dualidad entre las empresas o los rubros que se inscriben en sectores más o menos competitivos frente a un escenario cambiante y marcado por las adscripciones a corrientes de comercio y acuerdos multilaterales está en plena revisión por estas circunstancias. Vasconcelos dice que los nuevos proyectos tienden a apoyarse en ventajas competitivas que se consideran “sustentables” y son una mezcla de industria y servicios, relacionados con núcleos productivos como el agro, los hidrocarburos y la minería.
El economista Leandro Mora Alfonsín, director ejecutivo de Argencon (la entidad que agrupa a las exportadoras de servicio basadas en el conocimiento), sostiene que la incorporación de tecnología no es una cuestión aislada y referida a un sector en particular, sino que se genera una fuerte incidencia en toda la cadena industrial. Este sector exportó este año unos US$ 9.700 millones (21% más que el año anterior) y es el tercer exportador luego del agroindustrial y el energético.
La estrella es, sin duda, la aplicación de Inteligencia Artificial utilizada para mejoras concretas en la competitividad (como la robótica y la utilización de datos). “La tecnología es cada vez más barata y, en ese sentido, los vasos vinculantes entre los servicios, la industria y el agro tienen perspectivas de incrementarse, bajo la obligación de mejoras que empujan todo esto”, señala. Por último, la incorporación de la tecnología es muy heterogénea en cuanto a diferentes sectores e incluso entre empresas del mismo rubro, observándose trayectorias distintas con resultados muy diferentes.
Otro ejemplo que cita Vasconcelos es el del gas natural abundante y a precios muy competitivos que pueden facilitar parte de esa reconversión, tal como aconteció en los Estados Unidos tras la irrupción del ‘shale’: que incluyen una gama amplia de sectores, desde la petroquímica a los alimentos, el vidrio, el cartón, las fibras orgánicas, fundiciones, alcohol, fertilizantes, etcétera. “La expansión de la oferta de gas de la mano de Vaca Muerta es un verdadero imán para los sectores detallados, pero las políticas macro y 'micro' tienen que ser más consistentes para facilitar las decisiones de inversión”, concluye.
Por su parte, Dal Poggetto apunta a la denominada “agenda de reformas estructurales” que vuelve a aparecer después de la elección de octubre, pero que va mucho más lenta, lógicamente, que los tiempos de las empresas para adaptarse a las nuevas reglas de juego. “El RIGI para los grandes proyectos y la informalidad para los más chicos vienen funcionando, en los hechos, como ‘reformas tributarias (y laborales) de facto’ generando grandes asimetrías”, sostiene, marcando la diferencia entre el andamiaje normativo y la práctica diaria en que se mueven las empresas.
Así, dentro de las aspiraciones comunes entre los industriales, también existe ansiedad por saber cómo impactarán dentro del negocio de cada uno las nuevas reglas de juego. Si serán una profundización de lo ensayado en los dos primeros años de este Gobierno y, en cambio, tendrán un resultado que divida aguas entre las que integran la cadena de valor de los sectores “ganadores” (energía, minería, buena parte de la agroindustria y los vinculados con la exportación de tecnología con valor agregado) y los que no podrán competir con un “reglamento” que todavía se desconoce, aunque se puede inferir. No necesariamente esa frontera cruzaría por la dimensión (grande-pyme), la nacionalidad (multinacional-local) o el objeto de su actividad (manufacturas con bajo alto valor agregado). Es otro interrogante que se suma al de la velocidad con la que el Gobierno jugará su rol en esta disputa.
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