Riesgo de empleo

En el sube y baja al que nos tiene acostumbrada la configuración “macro” de nuestra economía, el saldo fue una tasa de inflación inercial mayor, el estancamiento del empleo privado y un piso más alto de la pobreza estructural, según midió a través de estos años el Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

Manuel Mera, director de Protección Social de CIPPEC señala que desde 2010 Argentina atraviesa un estancamiento en la creación de empleo registrado privado y un cambio estructural hacia actividades de menor productividad. Así, como destaca en su informe CIPPEC, el número de asalariados formales se mantuvo casi igual, lo que redujo su peso dentro del total de ocupados de casi el 60% a menos del 50%. Además, en paralelo, el sector manufacturero perdió participación y crecieron el comercio minorista y otros servicios de baja productividad; aumentaron los monotributistas (64%) y la informalidad, consolidando a la Argentina entre los países con mayor caída de productividad laboral en la región. “En conjunto, la tendencia revela que el país no logra crecer económica ni laboralmente”, subraya Mera.

Además. Es probable que esta parálisis del empleo formal y en especial del privado haya disparado otras formas de poder generar nichos profesionales que, más temprano que tarde, elevan el costo laboral y atentan contra la productividad. Precisamente es esta la batalla que encuentra consenso entre oficialistas y opositores para incrementar la demanda laboral y poder aumentar también la calidad del empleo. Pero cuando se baja al terreno de las políticas para hacerlo, la verdadera prueba ácida para ubicar la prioridad que tiene el desarrollo en la praxis de cada administración, aparecen las dilaciones y las divergencias.

En un reciente informe de Laura Caullo, responsable de la sección Social-Laboral del IERAL, se destaca que la litigiosidad laboral volvió a convertirse en un factor que condiciona la generación de empleo formal. Los datos muestran un retorno a niveles de judicialización cercanos a los que motivaron la última reforma de 2017 (ley 27.348). “La evolución del sistema vuelve a exhibir nuevamente una desconexión, evidenciando menos siniestros, pero más juicios, lo que genera incertidumbre operativa, costos crecientes para las empresas y presiones sobre las alícuotas del seguro” comenta Caullo.

El foco, a diferencia de lo que ocurría al principio de la vigencia del sistema de riesgos del trabajo, dejó de ser la siniestralidad por accidentes del trabajo, que, según números de la Unión Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) cayó 80% desde el inicio. Esto se tradujo en menos fallecimientos por eventos laborales, afecciones e incapacidades. Sin embargo, al mismo tiempo que bajaba la siniestralidad por accidentes y enfermedades vinculadas al trabajo, aumentaba la litigiosidad.

Los procedimientos que se aplican en las justicias provinciales para efectuar las pericias médicas son centrales para comprender el problema. En varias provincias aún rige un esquema en el cual el perito judicial surge por sorteo de una lista de médicos inscriptos para realizar pericias. En algunos casos —aunque no en todos—los honorarios de los peritos judiciales no están fijados en función del trabajo realizado, sino que se calculan como porcentaje de la incapacidad determinada, lo que genera una tendencia sistemática al sobrediagnóstico.

Alerta amarilla. Recientemente la Superintendencia de Seguros de la Nación dispuso una inhibición general de bienes a Galeno ART hasta tanto presente un plan de regularización, saneamiento e integración de su capital. Es sólo la punta del iceberg en un problema mayúsculo para el sector y que adquiere características de una crisis económica aguda por el crecimiento exponencial de la cantidad de juicios entablados contra las ART aduciendo incapacidades laborales. En un reciente informe de IDESA, destacan que resulta muy paradójico que, en los últimos 20 años, la tasa de siniestralidad bajó de 68 a 33 siniestros laborales cada 1.000 trabajadores, mientras que la litigiosidad pasó de 1 a 13 juicios por cada 1.000 trabajadores. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) casi 8 de cada 10 casos que van a juicio son evaluados por las comisiones médicas de la SRT como “no laborales” o como “laborales sin incapacidad”. Pero luego, en los juzgados provinciales, los peritos oficiales determinan que sí son laborales, con un promedio de incapacidad de 13%. “La dispersión entre provincias e incluso entre diferentes juzgados dentro de la misma provincia es enorme, que son indicios sólidos de que los peritos médicos aplican criterios subjetivos para evaluar el daño laboral”, completa el cuadro el presidente de IDESA, Jorge Colina.

El interrogante que sigue no es si impacta sino cuál es su magnitud en los costos del sistema. Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la alícuota en promedio es de casi 2,9% del salario bruto y el flujo de juicios es de más de 10 mil demandas por mes. Pero, como apuntan desde IDESA, dicho flujo de juicios tiene diferentes impactos:  el costo de los juicios propiamente dichos asciende a 0,6% del salario; el costo por honorarios de abogados y peritos oficiales asciende a 0,1% del salario y los costos administrativos e impositivos de los juicios generan dentro de las ART, ascienden a 0,3% del salario.

Desigualdad. El sistema argentino fue evolucionando a través de los años y presenta valores de siniestralidad semejantes a España y Chile, por ejemplo. Esto, tiene mucho que ver con la arquitectura aseguradora del sistema, la implementación de normas específicas y ejecutores con roles definidos. Sin embargo, cuando se compara la litigiosidad, resulta 15 veces más alta que la española y 21 veces más que la trasandina, a causa de la denominada “industria del juicio”. Luego de la última modificación a la ley de riesgos del trabajo, hubo 18 provincias que se adhirieron al sistema, congregando así casi 98% de los casos. Pero son pocas las que avanzaron un paso más para dotar a la justicia (provincial) de lo pedido por el sector: comisiones médicas evaluadoras

con peritos oficiales a tiempo completo en lugar de los profesionales inscriptos en listas cuyos honorarios están directamente vinculados con el monto fallado por los juzgados. En la UART citan como ejemplo el caso de Salta que sí hizo estos “deberes” confrontados con su vecina Jujuy, que está en deuda y los resultados están a la vista. En esta última provincia, la litigiosidad es 38 veces más alta que la ocurrida en Salta. O el caso de Entre Ríos, que gracias a una tasa de interés que engrosa 12% anual la actualización por el RIPTE (índice salarial registrado) el costo judicial supera a más del doble el gasto proporcional incurrido en la vecina provincia de Corrientes.

Con los juicios actuales, en las proyecciones realizadas por la UART, la alícuota técnica debería subir al 3,5% del salario, pero si agregamos la desproporción de tasas con juicios actuales y la desproporción de tasas, treparía al 5,15%. En cambio, con una litigiosidad marginal (“normal” en otras jurisdicciones), podría bajar al 2,19%.

Mara Bettiol presidente de la UART advierte que ninguna reforma laboral -cualquiera sea su alcance- podrá cumplir sus objetivos si el Sistema de Riesgos del Trabajo continúa sometido a esta dinámica judicial. “No hay modernización posible cuando un esguince puede derivar en una condena que equivale al valor de una Pyme. La previsibilidad jurídica no es una condición accesoria: es el núcleo mismo que permite invertir, contratar y producir”, concluye.