Cabezas: ¿un presidente habla de hogueras para los periodistas?

Soy docente. Hay palabras que para algunos pueden ser una exageración, una provocación o una simple metáfora. Para mí, que soy la hermana de José Luis Cabezas, tienen el peso insoportable de una tragedia que nunca terminó. A mi hermano lo secuestraron, lo esposaron, lo asesinaron y quemaron su cuerpo dentro de un automóvil por haber hecho su trabajo como fotógrafo. Casi treinta años después, escuchar al presidente de mi país hablar de personas que deberían quemarse en una hoguera, después de señalar públicamente a periodistas, me devuelve inevitablemente a aquella madrugada de enero de 1997. Vuelven el dolor, la ausencia, el recuerdo de nuestros padres y las preguntas que todavía nos acompañan. No pretendo equiparar palabras con asesinatos ni atribuir intenciones que no están demostradas. Tampoco quiero convertir la muerte de José Luis en una bandera contra ningún gobierno. Pero hay expresiones que, pronunciadas desde el poder, lastiman una memoria que sigue viva. No escribo desde el odio ni desde una posición partidaria. Escribo como una hermana que sigue extrañando a su hermano y que no quiere que ningún otro periodista, ni ninguna otra familia, tenga que vivir lo que nosotros vivimos.

El crimen de mi hermano

Las expresiones del presidente Javier Milei sobre determinados periodistas merecen una reflexión serena, con equilibrio, sin exageraciones ni justificaciones automáticas. A casi treinta años del asesinato de José Luis Cabezas, su memoria nos recuerda que la libertad de prensa no pertenece a ningún gobierno, partido político ni sector ideológico. Es un derecho de toda la sociedad.

Hay momentos en los que siento la necesidad de hablar, aunque preferiría que ciertas discusiones nunca tuvieran que producirse. No porque me falten convicciones, sino porque conozco demasiado bien las consecuencias que puede tener la violencia cuando deja de ser una palabra y se convierte en un hecho. Soy la hermana de José Luis Cabezas. Mi hermano fue asesinado el 25 de enero de 1997 por ejercer su profesión como reportero gráfico de la revista Noticias, de Editorial Perfil. Han transcurrido casi treinta años desde aquella madrugada que cambió para siempre la vida de nuestra familia y dejó una herida profunda en la sociedad argentina. Durante todo este tiempo aprendí que la memoria no consiste solamente en recordar a quienes perdimos, sino también en defender los principios que su muerte puso dolorosamente en evidencia.

Por eso me preocupan las recientes expresiones del presidente Javier Milei durante un encuentro de la Fundación Faro, cuando cuestionó duramente a determinados periodistas, los identificó públicamente y, posteriormente, utilizó una expresión que evocó la imagen de personas que deberían quemarse en una hoguera. No quiero exagerar sus palabras ni atribuirle intenciones que no puedo conocer. Tampoco quiero minimizar su significado. Mucho menos deseo que la memoria de José Luis sea utilizada para alimentar una nueva confrontación entre argentinos. No escribo contra un presidente. Escribo a favor de un derecho que debe ser respetado por todos los presidentes, cualquiera sea su orientación política. Y quiero hacerlo con tranquilidad, porque creo que las convicciones más profundas no necesitan gritos para hacerse escuchar.

Grupo mafioso

José Luis era mi hermano antes de convertirse en un símbolo de la libertad de prensa. Era parte de nuestra familia, de nuestra vida cotidiana, de nuestros afectos. Tenía proyectos, responsabilidades, sueños y personas que lo querían. Trabajaba como fotógrafo, amaba su profesión y estaba comprometido con ella. En 1996, mientras trabajaba para la revista Noticias, logró fotografiar al empresario Alfredo Yabrán en una playa de Pinamar. Aquella imagen tuvo una repercusión extraordinaria. Yabrán era un empresario poderoso, vinculado con actividades económicas importantes y relacionado públicamente con sectores del poder político. Su figura despertaba numerosas preguntas que el periodismo tenía derecho a investigar. La fotografía permitió que la sociedad conociera su rostro. Mi hermano no había cometido ningún delito, no había amenazado a nadie ni había ejercido violencia. Había hecho una fotografía. Sin embargo, el 25 de enero de 1997 fue secuestrado, esposado, asesinado y quemado dentro de su automóvil, en una cava cercana a General Madariaga.

Todavía hoy resulta difícil expresar con palabras lo que significó recibir aquella noticia. Nuestra familia quedó atravesada por un dolor que no puede medirse. Mis padres, José y Norma, tuvieron que enfrentar algo que ningún padre debería vivir: enterrar a un hijo asesinado. Los hijos de José Luis perdieron a su padre. Quienes lo queríamos perdimos una parte de nuestra propia historia. Y la sociedad argentina descubrió que ejercer el periodismo podía tener consecuencias terribles cuando la actividad informativa interfería con intereses criminales vinculados al poder. A José Luis no lo mataron por lo que había hecho mal. Lo mataron por haber hecho su trabajo. Esa diferencia explica por qué su asesinato trascendió nuestra tragedia familiar y se convirtió en una causa colectiva.

El crimen ocurrió, como otros, durante la segunda presidencia de Carlos Saúl Menem, en una Argentina atravesada por profundas transformaciones económicas, concentración de poder y fuertes controversias sobre las relaciones entre empresarios, funcionarios y fuerzas de seguridad. Alfredo Yabrán se había convertido en una figura central de aquellas discusiones. La investigación judicial permitió reconstruir una organización criminal en la que participaron integrantes de la Policía Bonaerense y otras personas vinculadas con su estructura de seguridad. La intervención de funcionarios policiales en el asesinato fue uno de los aspectos más graves del caso. Quienes tenían la obligación de proteger a los ciudadanos participaron de un crimen destinado a castigar el ejercicio de una profesión. Eso debe permanecer en nuestra memoria.

Pero también considero importante establecer una distinción. Que el asesinato haya ocurrido durante el gobierno de Menem no significa que podamos atribuirle personalmente responsabilidad penal sin una sentencia que lo establezca. Las responsabilidades criminales deben probarse ante los tribunales. Las responsabilidades políticas e institucionales, en cambio, pueden y deben ser examinadas por la sociedad mediante criterios diferentes. Aquellos años demostraron que la democracia podía resultar profundamente dañada cuando determinados intereses económicos y estructuras criminales encontraban protección o complicidad dentro de instituciones estatales. La libertad de prensa necesitaba algo más que declaraciones de buenas intenciones. Necesitaba garantías reales. Y esas garantías habían fallado de la peor manera.

Después del asesinato comenzó otra etapa de nuestras vidas. Ya no se trataba solamente de aprender a vivir con la ausencia de José Luis. Había que exigir justicia. Mis padres, José y Norma, fueron fundamentales en esa lucha. Su dolor nunca les impidió reclamar que se investigara lo ocurrido y se identificara a los responsables. También estuvieron los hijos de José Luis, sus madres, nuestros familiares, sus compañeros, nuestro abogado y amigo y muchísimas personas que hicieron propia la causa. Editorial Perfil, la revista Noticias, los reporteros gráficos y periodistas de distintos medios mantuvieron vivo el reclamo. Hubo movilizaciones, investigaciones, presentaciones judiciales y una solidaridad que atravesó las diferencias políticas. La consigna “No se olviden de Cabezas” comenzó a escucharse en todo el país. Para muchos argentinos se convirtió en un símbolo. Para nosotros siempre tuvo también un significado íntimo: que José Luis no desapareciera por segunda vez, esta vez de la memoria de la sociedad.

No fue una lucha sencilla. Hubo momentos de esperanza, angustia, indignación y cansancio. La búsqueda de justicia exige una perseverancia que pocas veces se comprende desde afuera. A veces parece que una sentencia puede cerrar definitivamente una historia, pero quienes hemos perdido a alguien de esta manera sabemos que ninguna resolución judicial devuelve lo que nos quitaron. La justicia es indispensable, aunque no reemplaza la vida.

La justicia

En febrero de 2000, la Justicia condenó a los responsables del asesinato de José Luis. El juicio permitió establecer responsabilidades penales y reconstruir los hechos que habían terminado con su vida. Fue un momento importante para nuestra familia y para la sociedad. Pero la historia judicial no terminó allí.

Con el paso de los años, los condenados fueron recuperando la libertad mediante diferentes decisiones y mecanismos previstos en el sistema penal. Todos los condenados por el asesinato de mi hermano terminaron recuperando la libertad mucho tiempo antes de lo que había fijado la sentencia: ninguno cumplió la pena completa. Quiero ser cuidadosa con las palabras: recuperar la libertad no significa que una persona haya sido declarada inocente, ni implica necesariamente que su condena haya desaparecido. Comprendo que existen leyes, garantías y derechos que deben respetarse incluso respecto de quienes han cometido delitos gravísimos. No reclamo que se desconozca el Estado de derecho. Pero tampoco puedo ocultar lo que significa para nuestra familia saber que quienes fueron condenados por el asesinato de José Luis terminaron saliendo de prisión, y mucho antes de lo que la ley mandaba.

Esa realidad duele. Duele porque ninguna reducción de pena, ningún beneficio y ninguna explicación procesal pueden modificar lo sucedido aquella madrugada de enero. Duele porque mi hermano nunca pudo recuperar su libertad. Y duele porque sus hijos tuvieron que crecer sin su padre. No pretendo transformar ese dolor en una exigencia de venganza. La justicia no debe confundirse con la venganza. Pero una sociedad tiene derecho a preguntarse cómo funciona su sistema penal, cómo se ejecutan las condenas y qué lugar ocupan las víctimas en ese proceso. Son preguntas legítimas que merecen respuestas serias.

Es desde esa experiencia, y no desde una posición partidaria, que observo las recientes declaraciones del presidente Javier Milei. Durante su intervención en la Fundación Faro cuestionó severamente a determinados periodistas, mencionándolos por sus nombres, y posteriormente utilizó una expresión que incluyó la imagen de personas quemándose en una hoguera. Sus palabras provocaron reacciones diferentes. Algunos las consideraron una manifestación de violencia incompatible con la investidura presidencial. Otros las interpretaron como una expresión retórica dentro de una controversia política, sin intención de provocar daño físico. Creo que ambas posiciones deben ser examinadas sin prejuicios.

Presidente: “Los hdp… se tienen que quemar en la hoguera”

No considero correcto afirmar que el presidente impartió una orden concreta de asesinar periodistas. Eso no surge de las palabras pronunciadas. Pero tampoco creo que debamos ignorar la gravedad que puede adquirir una expresión semejante cuando se utiliza después de identificar públicamente a personas determinadas. La cuestión no consiste en atribuir intenciones criminales sin pruebas, sino en preguntarnos si determinadas formas de expresión son apropiadas para quien ocupa la máxima responsabilidad institucional del país. Un presidente tiene derecho a defenderse de las críticas, pero también tiene la responsabilidad de cuidar el significado público de sus palabras. Esa afirmación debería ser válida para Javier Milei y para cualquier otro presidente, independientemente de su orientación política.

Quiero dejar algo especialmente claro: no creo que los periodistas tengan siempre razón. No creo que todos ejerzan su profesión de manera impecable. Tampoco creo que un presidente deba permanecer en silencio cuando considera que una publicación contiene falsedades, errores o acusaciones injustas. La libertad de expresión pertenece a todos. Protege al periodista que investiga, al ciudadano que cuestiona y también al gobernante que responde. El artículo 14 de nuestra Constitución Nacional reconoce la libertad de publicar ideas sin censura previa, mientras que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Esas garantías no dependen de nuestras simpatías personales. No podemos defenderlas solamente cuando las utiliza alguien con quien estamos de acuerdo.

Si un periodista publica información falsa, corresponde cuestionarlo y exigir las responsabilidades que legalmente procedan. Si un funcionario considera que ha sido difamado, puede defender sus derechos por los mecanismos correspondientes. Lo que debemos evitar es que las controversias públicas se transformen en una disputa donde el adversario deja de ser alguien con quien discrepamos y comienza a ser presentado como alguien que merece ser eliminado o castigado fuera de las instituciones, o directamente quemado en una hoguera. La libertad de expresión no exige que compartamos todas las opiniones. Exige que respetemos el derecho de los demás a expresarlas.

También creo necesario distinguir entre aquello que puede resultar institucionalmente reprochable y aquello que constituye un delito. Una expresión ofensiva no es automáticamente una amenaza penal. Una metáfora violenta no demuestra, por sí sola, la intención de ejecutar un acto criminal. El derecho penal exige hechos concretos, elementos legales determinados y pruebas suficientes. No sería justo abandonar esas exigencias porque las palabras fueron pronunciadas por un presidente que nos disgusta. Pero tampoco sería correcto sostener que toda expresión que no constituye delito resulta necesariamente aceptable. Existen responsabilidades políticas, éticas e institucionales que no dependen exclusivamente del Código Penal.

La investidura presidencial

La Presidencia de la Nación es una institución que representa a todos los argentinos, incluidos aquellos que no votaron al gobierno, quienes lo critican y quienes ejercen el periodismo de investigación. Esa responsabilidad no impide expresar desacuerdos. Exige comprender que las palabras pronunciadas desde el poder tienen una repercusión diferente de las que utiliza cualquier ciudadano en una discusión privada. No quiero que se criminalice la palabra. Tampoco quiero que se naturalicen expresiones que puedan contribuir a la intimidación de personas por el ejercicio de su profesión. Creo que podemos sostener ambas convicciones sin contradicción.

Hay algo que me preocupa especialmente. Cada vez que se produce una controversia sobre la libertad de prensa, el nombre de José Luis vuelve a aparecer. Comprendo las razones. Su asesinato forma parte de la historia del periodismo argentino y representa una de las expresiones más graves de violencia contra la libertad de informar. Pero no quiero que su memoria sea utilizada para establecer comparaciones que los hechos no justifican. Mi hermano fue secuestrado, esposado, asesinado y quemado dentro de un automóvil. Eso fue un crimen. Las declaraciones del presidente Milei, por cuestionables que puedan resultar, pertenecen a otra categoría de acontecimientos. No son hechos equivalentes. No sería justo equipararlos. La memoria histórica debe ayudarnos a comprender la realidad, no a deformarla.

Sin embargo, también considero que recordar lo sucedido en 1997 nos obliga a mantener una sensibilidad especial frente a las expresiones de hostilidad dirigidas contra quienes trabajan informando. No porque todas esas expresiones conduzcan necesariamente a hechos violentos, sino porque conocemos las consecuencias que puede alcanzar la intolerancia cuando se combina con el abuso de poder, la intimidación y la ausencia de controles institucionales. La enseñanza del caso Cabezas no consiste en sospechar que todo gobernante que discute con un periodista desea asesinarlo. Consiste en comprender que la libertad de prensa debe ser protegida antes de que resulte demasiado tarde.

Hace pocas semanas recibimos una noticia que tiene un significado especial para nuestra familia. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó que un tramo de la calle California, en Barracas, lleve el nombre de José Luis Cabezas. Es precisamente la zona donde funciona Editorial Perfil, la empresa para la cual trabajaba mi hermano. Quiero expresar mi reconocimiento a Rodrigo Lloret, impulsor de esta iniciativa, a Editorial Perfil y a quienes contribuyeron a concretar ese homenaje. Que una calle lleve el nombre de José Luis es una forma de mantenerlo presente en la vida cotidiana de la ciudad. No devuelve su vida, no modifica lo ocurrido ni borra el sufrimiento. Pero permite que nuevas generaciones conozcan su historia.

Imagino a una persona caminando por esa calle y preguntándose quién fue José Luis Cabezas. Me gustaría que la respuesta fuera sencilla y verdadera: que fue un fotógrafo, que tenía una familia, que amaba su profesión, que hizo una fotografía de interés público y que fue asesinado por cumplir con su trabajo. También me gustaría que supieran que sus padres, sus familiares, su abogado, sus compañeros y miles de argentinos lucharon para que aquel crimen no quedara impune. La memoria no debe ser patrimonio de una agrupación política, de una empresa periodística ni de una institución determinada. La memoria de José Luis pertenece a todos aquellos que creen que nadie debe ser perseguido o asesinado por investigar y publicar información.

Vivimos en una sociedad atravesada por divisiones profundas. Hay quienes apoyan al presidente Milei y consideran que sus expresiones forman parte de una confrontación legítima con determinados sectores del periodismo. Hay quienes lo rechazan y encuentran en cada controversia una nueva razón para cuestionar su gobierno. No pretendo convencer a unos ni a otros de que abandonen sus convicciones políticas. Solamente quisiera que pudiéramos recuperar un espacio de reflexión compartida. Un espacio donde reconocer un acierto del gobierno no signifique convertirse en oficialista, donde cuestionar una expresión presidencial no signifique transformarse en opositor, donde defender a un periodista frente a una intimidación no implique aprobar todas sus publicaciones y donde reclamar responsabilidad profesional al periodismo no signifique justificar la hostilidad contra quienes informan.

No quiero que la memoria de mi hermano sea utilizada para dividir a los argentinos entre quienes aman y quienes odian a un presidente. José Luis no pertenece a ninguno de esos bandos. Su historia nos recuerda algo mucho más importante: la libertad de prensa es una garantía que debe sobrevivir a todos los gobiernos.

Quiero expresar mi solidaridad con los periodistas que se hayan sentido agraviados, señalados o intimidados por las recientes declaraciones presidenciales. Esa solidaridad no implica compartir sus opiniones, aprobar todas sus investigaciones ni asumir una posición política determinada. Significa reconocer su derecho a ejercer la profesión sin temor. También quiero reconocer el derecho del presidente a cuestionar informaciones que considere falsas y a defender públicamente su honor. Ambos derechos pueden coexistir. De hecho, deben coexistir.

El sistema democrático

La democracia necesita periodistas que investiguen y funcionarios que puedan responder. Necesita una prensa responsable y autoridades conscientes de la importancia de sus palabras. Necesita tribunales independientes para resolver los conflictos jurídicos y ciudadanos capaces de discutir sin transformar al adversario en enemigo. Después de casi treinta años de sostener la memoria de José Luis, no creo que la mejor forma de honrarlo sea alimentar nuevas hostilidades. Creo que debemos defender los principios que su asesinato puso dolorosamente en evidencia: la vida humana, la libertad de expresión, el derecho a informar, el respeto por la ley, la responsabilidad de quienes ejercen el poder y la necesidad de que ninguna persona sea perseguida por realizar legítimamente su trabajo.

A veces pienso en todo lo que pasó desde aquella madrugada de enero de 1997. En nuestros padres, en los hijos de José Luis, en quienes nos acompañaron, en los juicios, las condenas, las decisiones judiciales posteriores y los años durante los cuales tuvimos que volver una y otra vez sobre la historia de su asesinato. Pienso también en cuántas cosas cambiaron en la Argentina y en cuántas discusiones parecen repetirse. No quiero vivir atrapada en el pasado, pero tampoco quiero olvidar. Mi hermano era una persona, no solamente un símbolo. Y justamente porque era una persona, su vida merece ser recordada con verdad, con respeto y sin apropiaciones políticas.

No sé qué hubiera pensado José Luis sobre cada uno de los gobiernos que se sucedieron desde su muerte. No voy a inventar sus opiniones. Lo que sí sé es que trabajaba como periodista y que fue asesinado por ejercer esa profesión. Eso debería ser suficiente para comprender por qué su memoria sigue siendo importante.

Hoy, cuando volvemos a discutir sobre las palabras de un presidente y su relación con la prensa, quisiera pedir algo muy sencillo: que podamos discutir sin odiarnos, criticar sin intimidar y defender nuestras convicciones sin negar los derechos de quienes piensan diferente. Que los periodistas ejerzan su trabajo con responsabilidad. Que los gobernantes comprendan la dimensión institucional de sus expresiones. Y que la justicia actúe siempre conforme a la ley, sin presiones ni privilegios.

No quiero utilizar la muerte de mi hermano para condenar a un presidente. Tampoco quiero permanecer indiferente cuando el debate público incorpora expresiones que evocan violencia contra personas identificables. Entre esos dos extremos existe un camino de prudencia, respeto y responsabilidad. Es el camino que elijo para esta reflexión.

Porque defender la libertad de prensa no significa estar a favor o en contra de Javier Milei. Significa estar a favor de una Argentina en la que ningún periodista vuelva a perder la vida por hacer su trabajo.

Esa es mi convicción. Y es, también, la forma en que quiero seguir recordando a mi hermano.

No se olviden de Cabezas. Nunca.

Gladys Cabezas. Hermana de José Luis Cabezas