Son tiempos difíciles para la socialdemocracia. Hace apenas diez años, la combinación que propone del dinamismo productivo propio del capitalismo de libre mercado con medidas destinadas a garantizar que todos compartieran los beneficios parecía sumamente sensata. Variantes de esta modalidad de origen europeo estaban en el poder en la mayoría de los países desarrollados, incluidos aquellos gobernados por conservadores de mentalidad tradicionalista que por motivos culturales rechazaban a los hombres de negocios y despreciaban los valores comerciales que fomentaban.
El consenso centrista así supuesto se desintegró bajo la presión de partidos, que los defensores del statu quo calificarían de “populistas” o de “extrema derecha”, cuyos líderes supieron sacar provecho del descontento de millones de personas que se sentían marginadas. En Estados Unidos y Europa, los “moderados” se han convertido en una especie en peligro de extinción. Ahora es difícil encontrar puntos en común entre los partidarios de Donald Trump y los progresistas que empiezan a dominar el Partido Demócrata, o entre sus respectivos equivalentes en Europa.
La situación en buena parte de Europa guarda un claro parecido con la que prevalecía en Argentina en los años previos al ascenso vertiginoso de Javier Milei. En la mayoría de los países, los gobiernos no disponen de fondos suficientes para cumplir con lo que la mayoría considera son sus obligaciones básicas. Esto es especialmente cierto en Francia, que, según todos los indicios, está al borde de la bancarrota. Todos los esfuerzos del presidente Emmanuel Macron por evitar que la desorbitada deuda pública siga aumentando se topan con manifestaciones masivas que a menudo derivan en graves disturbios. Muchos temen que Francia pueda sumirse en el caos en cualquier momento.
La semana pasada hubo indicios de que ese momento finalmente había llegado. Lo que comenzó como una protesta de estudiantes adolescentes frente a una escuela en Saint-Denis, un barrio parisino conocido por su pobreza, que se quejaban de que las aulas estaban en mal estado e infestadas de cucarachas, y de que con frecuencia los profesores faltaban por motivos personales, pronto se extendió por todo el país. Según el gobierno, agitadores de izquierda vinculados al partido Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon intervinieron de inmediato para intentar sacar rédito político de los disturbios. Además, como suele ocurrir en estas ocasiones, un gran número de personas de origen inmigrante se unieron con entusiasmo a las protestas, mientras que la policía respondió con su contundencia habitual. En los enfrentamientos callejeros, un joven perdió una mano y otro un ojo, lo que proporcionó a los manifestantes una excusa para continuar su lucha contra el intento del gobierno de restablecer una apariencia de orden.
Francia está acostumbrada a las convulsiones políticas que surgen cuando un número suficiente de personas pierde la fe en el sistema vigente y considera que ha llegado el momento de sustituirlo por algo radicalmente diferente. Es lo que ocurrió en 1959, cuando la Quinta República, basada en una constitución redactada por el general Charles de Gaulle, obtuvo la aprobación de más del ochenta por ciento del electorado. ¿Podría la Quinta República, que es de naturaleza decididamente presidencialista, correr la misma suerte que sus predecesoras? Si bien es evidente que el sistema actual no funciona, diseñar uno mejor no sería nada fácil, ya que los mayores problemas de Francia tienen menos que ver con las reglas constitucionales que con una escasez crónica de recursos.
Como ocurre en muchos otros países, Francia tiene un generoso sistema de pensiones que fue diseñado cuando las circunstancias demográficas eran muy diferentes a las actuales. Los intentos de modificarlo para tener en cuenta la drástica caída de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida se ven sistemáticamente obstaculizados por los sindicatos. Durante su mandato, Macron ha tenido que hacer frente a enormes protestas callejeras de funcionarios públicos indignados a quienes, además de ver congelados sus salarios, se les comunica que, al jubilarse, sus ingresos serán inferiores a los que les habían prometido. Al igual que los jóvenes manifestantes que exigen una mayor inversión en educación, consideran que un gobierno insensible les está privando de lo que les corresponde por derecho.
Todo esto se observa desde los mercados de bonos que controlan la calificación crediticia de los países. Los operadores financieros, influenciados por estos mercados, están vendiendo bonos franceses en cantidades cada vez mayores, lo que está afectando al euro, provocando una rápida depreciación frente al dólar estadounidense. Para empeorar aún más la situación para los europeos -y para Trump-, existen preocupaciones sobre el suministro de energía y otros elementos vitales que se transportan a través del estrecho de Ormuz y el mar Rojo, donde los aliados de Irán, los hutíes yemeníes, están esforzándose por bloquear las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita.
Europa, gobernada durante décadas por hombres y mujeres afines a la socialdemocracia, atraviesa una grave crisis; es por lo tanto comprensible que su ideología esté perdiendo atractivo. Sin embargo, no hay razón para pensar que cualquiera de las alternativas propuestas satisfaga a quienes se sienten víctimas de un engaño ideológico. Para ello, los gobiernos europeos tendrían que recaudar muchos más impuestos, pero si bien gravar a los ricos puede parecer una propuesta atractiva, quienes pertenecen a ese grupo tienden a buscar alternativas en otras zonas del mundo, reduciendo así los ingresos fiscales del país. Aunque existe un consenso según el cual aumentar la producción debe ser una prioridad, las empresas europeas lo encuentran difícil no solo por los altos impuestos, sino también porque el costo de la energía es mucho mayor que en Estados Unidos y la competencia china les está arrebatando un número creciente de clientes.
No solo en Francia, sino también en España, el Reino Unido y otros países, los jóvenes acusan a los mayores de anteponer egoístamente sus propios intereses, condenando así a sus descendientes a un futuro sombrío. Señalan que, a diferencia de sus padres o abuelos cuando se incorporaron al mercado laboral, hoy en día la mayoría no puede permitirse independizarse tras finalizar sus estudios o, si lo hacen, se ven obligados a compartir un departamento pequeño con desconocidos. En España, esta lamentable situación ha provocado cientos de manifestaciones, a veces violentas, que, paradójicamente, comenzaron como protestas contra el desahucio en Madrid de una anciana por parte de una empresa financiera que había comprado los edificios donde había vivido durante setenta años. Aunque el gobierno socialista de Pedro Sánchez intervino para que la jubilada pudiera quedarse en su hogar, los numerosos problemas derivados del altísimo costo de la vivienda en España y otras partes del mundo persisten sin solución aparente. En un intento por sacar provecho de las protestas, Sánchez convocó elecciones anticipadas después de que el Congreso rechazara su propuesta para mitigar la crisis congelando los alquileres y dificultando a los propietarios el desalojo de los inquilinos.
Los partidos de izquierda y centro se crearon para defender a los pobres de la “avaricia capitalista”, pero con el tiempo fueron tomados por profesionales y funcionarios acomodados. Como resultado, hoy en día pocos trabajadores o de clase media baja en Europa o Estados Unidos sienten mucha simpatía por sus supuestos benefactores, razón por la cual la mayoría tiende a votar por partidos estigmatizados como de “extrema derecha”. Lo hacen en reacción a la tendencia de los izquierdistas o “progresistas” en los países occidentales a aferrarse cada vez más a causas que la mayoría de su clase trabajadora rechaza rotundamente como la inmigración masiva desde países musulmanes, donde prevalece una hostilidad febril hacia Israel, el racismo anti-blanco, el feminismo agresivo y el transgenerismo. Si bien, en general, los socialdemócratas genuinos no quieren tener nada que ver con las creencias “woke” más extravagantes que favorecen muchos profesores universitarios y sus estudiantes, se han visto desacreditados por su reticencia a oponerse a ellas por temor a ser “cancelados”.
En Brasil, la situación es algo diferente. Como lo demostraron los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y, de manera aún más significante, de las legislativas, los estados del norte, donde sectores de la población dependen en gran medida de las ayudas gubernamentales, votaron a favor del Partido de los Trabajadores de Lula, mientras que los estados del sur, más prósperos, respaldaron a Flávio Bolsonaro y su Partido Liberal. Si bien la gestión económica de Lula no ha sido llamativamente izquierdista y, según los estándares regionales, los cargos legales en su contra nunca fueron tan graves, el movimiento que se formó en torno a él es ampliamente visto como corrupto, hipócrita y, al igual que sus equivalentes ideológicos en otras partes del mundo, excesivamente propenso a dar por sentada su propia superioridad ética.
Galería de imágenes
Comentarios