La aristocracia del capital

La comparación entre la empresa y la república es antigua. Así, el accionista es el ciudadano, la asamblea es el parlamento y el directorio es el gabinete. Las dos construyen su legitimidad alrededor del voto, pero cuentan unidades distintas; porque la democracia cuenta personas y la empresa cuenta acciones, y ahí se rompe la analogía.

En la democracia nadie tiene más de un voto, pero en la empresa los votos se acumulan según el capital. Así, quien pone más dinero tiene más voz. Esto no es un defecto del sistema porque es su lógica. Y durante décadas esa esencia bastó para que el sistema pareciera justo, porque al menos cada acción valía lo mismo que cualquier otra.

La Bolsa de Nueva York empezó a mirar con lupa el control accionario en 1926, después del escándalo de Dodge Brothers, y en 1940 dictó una regla lisa y llana contra la cotización de acciones sin voto. Existían excepciones heredadas, como Ford, admitida en 1956, pero se reconocían como tales. El principio de una acción, un voto tenía en el mercado estadounidense el rango de una norma casi constitucional, y así se mantuvo durante cuatro décadas y media.

La reversión se precipitó en 1984, cuando General Motors quiso emitir una clase de acciones con voto reducido, y se consumó al año siguiente: en 1985 la Bolsa de Nueva York cedió ante la competencia del Nasdaq y suspendió la prohibición. Así nacieron las acciones de doble clase. En este esquema, la empresa emite dos tipos de acciones: las de una clase valen diez votos o más, y las de la otra valen un voto o ninguno. Los fundadores se quedan con las primeras y el público compra las segundas. Google salió a bolsa así en 2004, Facebook en 2012 y Snap llegó en 2017 con acciones sin ningún derecho a voto para los compradores, la primera salida pública de ese tipo desde 1940.

Dos ejemplos alcanzan para ver el patrón. La familia Ford retiene el 40% de los votos con alrededor del 4% del capital. Zuckerberg controla el 61% de los votos en Meta con menos del 14% del dinero. SpaceX salió a bolsa en junio de 2026 con Musk en torno al 42% del capital y más del 80% de los votos: el prospecto presentado ante la SEC declaraba 85,1% de poder de voto antes de la oferta.

SpaceX agregó una capa más. Cuando un accionista cree que los directores dañaron a la empresa puede, bajo ciertas condiciones, demandarlos en nombre de ella. Eso se llama demanda derivativa y es el arma más antigua del accionista minoritario. La empresa se reincorporó en Texas, donde la ley SB 29, sancionada en 2025, habilita a exigir que quien demande posea hasta el 3% del capital. En SpaceX, valuada en torno a 1,75 billones de dólares, eso significa una posición de más de 50.000 millones de dólares. Nadie que compre acciones en el mercado tendrá ese dinero, por lo tanto, el derecho sigue escrito en la ley, pero en la práctica ya nadie puede usarlo.

La comparación histórica es con el voto censitario del siglo XIX. En la Francia de Luis Felipe, se necesitaba pagar 200 francos de impuestos directos para votar. En Gran Bretaña, la reforma de 1832 fijó el umbral en 10 libras anuales de valor locativo. El principio es semejante, porque para participar había que poseer algo. La aristocracia no se definía por la sangre sino por el umbral económico. La diferencia es que el ciudadano francés no podía vender su ciudadanía y el accionista sí puede ofertar sus acciones. Volveremos sobre esa diferencia, porque deja de ser cierta.

El 3% de SpaceX cumple la misma función que aquellos umbrales. No prohíbe nada de manera explícita, solo establece que únicamente quien posea cierto mínimo puede ejercer ciertos derechos. La doble clase opera por aritmética. En SpaceX, donde el fundador tiene mayoría absoluta de los votos, ningún accionista común ganará una votación que importe, y no hay modo de comprar la diferencia. Las acciones con voto múltiple no se venden al público y en general pierden sus votos extra al cambiar de mano. Ni con todo el dinero del mundo se adquieren los derechos del fundador. En el siglo XIX al menos permitía ascender comprando tierras.

La aristocracia corporativa avanza sin resistencia porque el ciudadano, descontento con su gobierno, emigra a un costo alto; pero el accionista descontento vende con un clic. El Estado tiene fronteras y el mercado tiene corredores de bolsa. Por eso nadie protesta mientras el precio sube, y así la doble clase de Google no impidió que la acción se multiplicara más de cien veces desde su salida a bolsa. La de Meta acompañó la construcción de una de las empresas más valiosas del mundo. La evidencia académica sobre estas estructuras es discutida, pero no las condena de modo inequívoco por rendimiento. Y mientras el rendimiento compensa, nadie pregunta por los votos.

El problema aparece cuando vender deja de ser posible. Esa era la defensa clásica de la desigualdad política dentro de la empresa. Si no te gusta, te vas; pero hoy muchos ahorristas no compran acciones de empresas sueltas, sólo compran fondos indexados que reproducen la composición de un índice como el Nasdaq 100 y poseen todas las empresas integrantes. El ahorrista puede vender el fondo entero, lo que no puede es ofertar solo su parte de SpaceX y quedarse con el resto. Y el gestor del fondo no puede desviarse del índice que replica. Un fondo de pensión estatal que sigue ese índice posee SpaceX aunque no le guste su gobierno. Si presiona al directorio que Musk controla, arriesga su acceso a las operaciones futuras. Por eso los responsables de los fondos públicos de pensión de la ciudad de Nueva York, del estado de Nueva York y de CalPERS escribieron una carta y no presentaron una demanda. Por lo tanto, pueden criticar pero no pueden actuar.

Ahí está la contradicción de la empresa moderna. Democratizó la propiedad y aristocratizó el gobierno. Así, millones de personas son dueñas de SpaceX a través de sus jubilaciones y sus fondos. El poder de decidir queda en una persona que posee una fracción minoritaria del capital.

El régimen resultante no es un retroceso democrático en sentido clásico. Es un sistema donde el capital se separa cada vez más de la representación dentro de la empresa. El nombre histórico de ese régimen es aristocracia. La diferencia con las anteriores es que esta carece de linaje, de protocolo y de teoría política propia. Se justifica solo por el rendimiento y el día que el rendimiento falle, la estructura quedará sin argumento.

Hacia dónde vamos depende de un momento que ningún manual registra. El momento en que un fundador con control absoluto tome una decisión que destruya valor a gran escala y deje al fondo pasivo sin poder salir ni votar. Esa instancia llegará, y entonces será posible una reacción legislativa con argumentos tomados de la teoría democrática del siglo XIX. La aristocracia del capital cumplirá así su tarea histórica. Demostrar, con su propio exceso, los límites de la separación entre capital y representación.

Mientras tanto el pequeño accionista hace lo que siempre hizo. Compra, mira los precios y calla. No vino al mercado por convicción republicana sino a ganar dinero. Si lo gana, la república puede esperar.

Las cosas como son.

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.