Quién es la sindicalista a la que intentaron echar del Garrahan

La decisión de las autoridades del Hospital Garrahan de avanzar con la cesantía de la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, abrió un nuevo capítulo en el prolongado conflicto entre el Gobierno Nacional y los trabajadores del principal hospital pediátrico del país. El episodio se produjo en medio de la disputa salarial, las denuncias por presuntas irregularidades administrativas y el enfrentamiento público que desde hace meses mantienen la dirigenta sindical y el periodista Eduardo Feinmann, uno de los principales defensores de la política oficial hacia el Garrahan.

Sin embargo, el intento de desvinculación terminó frustrándose porque la medida chocó con la protección legal que ampara a los representantes gremiales y porque la sindicalista nunca recibió una notificación formal de despido, condición indispensable para que la cesantía produzca efectos jurídicos. La controversia comenzó cuando el Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Mario Lugones, y la intervención del Hospital Garrahan difundieron públicamente que Lezana había sido despedida de la institución.

La información apareció primero en redes sociales oficiales y luego fue replicada en distintos medios de comunicación, entre ellos A24, donde Feinmann anunció la noticia. El periodista presentó la medida como una decisión ya consumada y la vinculó directamente con las investigaciones administrativas realizadas por las autoridades del hospital sobre el desempeño laboral de la gremialista. El conductor recordó el enfrentamiento que había protagonizado meses atrás con la sindicalista durante una entrevista en vivo, cuando la acusó de utilizar el conflicto del Garrahan con fines políticos. En la emisión donde informó la supuesta desvinculación afirmó: "Rajaron del Garrahan a la gremialista Norma Lezana. Hacía más de un año que no trabajaba y cobraba igual", y remató: "La echaron porque no iba a trabajar. Se terminó el privilegio." 

Según la explicación oficial difundida por el Ministerio y la intervención del Garrahan, la decisión se sustentaba en una auditoría interna que concluyó que Lezana habría incumplido de manera reiterada sus obligaciones laborales. El argumento central fue que durante todo el año 2025 la nutricionista no habría prestado servicios efectivos en el hospital pese a continuar percibiendo su salario como empleada de planta permanente. Las autoridades sostuvieron que Lezana utilizó licencias gremiales y distintos mecanismos administrativos para ausentarse de sus tareas asistenciales durante un período prolongado y que la investigación determinó una supuesta incompatibilidad entre su cargo y la actividad sindical desarrollada fuera del establecimiento.

Funcionarios del Ministerio de Salud afirmaron que la medida formaba parte de una auditoría más amplia impulsada luego del conflicto salarial de 2025, cuando el Ejecutivo acusó a sectores sindicales de utilizar políticamente el hospital durante las protestas por recomposición salarial y financiamiento. En ese contexto, Lezana fue señalada por la administración nacional como una de las principales referentes opositoras dentro del establecimiento y como una dirigente que, según la visión oficial, había privilegiado la actividad gremial por encima de sus funciones profesionales.

La difusión de la supuesta cesantía tuvo un fuerte impacto porque Lezana se enteró de la noticia por redes sociales y por los medios de comunicación. La especialista en Nutrición aseguró que nadie del hospital ni del Ministerio le había entregado una resolución administrativa ni una notificación formal informándole que dejaba de pertenecer al plantel del Garrahan. Horas después grabó un video y publicó un extenso descargo en el que denunció una persecución sindical y calificó el procedimiento como ilegal y autoritario.

En el registro audiovisual difundido por la APyT sostuvo que la información era falsa y explicó que continuaba siendo trabajadora del hospital. "Es mentira que esté despedida. Primero porque no fui notificada", afirmó. Luego agregó que tanto el ministro Mario Lugones como la intervención del Garrahan y Eduardo Feinmann difundieron la noticia como una "primicia" sin que existiera un acto administrativo válido que le hubiera sido comunicado.

La secretaria general del sindicato también recordó que posee tutela sindical por haber sido elegida democráticamente al frente de la Asociación de Profesionales y Técnicos, organización que representa a médicos, bioquímicos, nutricionistas, kinesiólogos, farmacéuticos, psicólogos y otras profesiones del hospital. En ese sentido afirmó: "Soy secretaria general electa del sindicato y tengo protección gremial vigente. No puede decidir ninguna cesantía". 

El intento de despido finalmente no pudo concretarse por esas razones jurídicas. La primera es que Lezana cuenta con tutela sindical, una protección prevista por la Ley de Asociaciones Sindicales que impide despedir, suspender o modificar las condiciones laborales de un delegado o dirigente gremial sin autorización previa de la Justicia laboral. Esa inmunidad tiene como objetivo garantizar la libertad sindical y evitar represalias patronales contra representantes de los trabajadores. Mientras la tutela permanezca vigente, cualquier empleador —incluido un organismo estatal— debe iniciar previamente un proceso judicial denominado acción de exclusión de tutela sindical para solicitar que un juez habilite la cesantía. Sin esa autorización, el despido carece de efectos legales.