El ajuste en el sistema público de salud de la Argentina

Si ya era un paciente delicado, el sistema de salud argentino pasó, en las últimas semanas, a tener un pronóstico reservado. Mediante el decreto 1138/24 publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) el última día del año pasado, se confirmaba la estructura del Ministerio de Salud de la Nación. El 15 de enero y mediante un posteo publicado en la red social X, la misma dependencia informaba que “se tomó la decisión de no renovar 1.400 contactos”. Bajo el argumento de la eficiencia, el oficialismo ya comenzó a reducir personal en hospitales nacionales y organismos descentralizados sin precisar cómo impactará eso en la demanda y en la atención de la salud de la población.

El sistema público de salud atiende a alrededor del 27 por ciento de la población que no está afiliada ni a una obra social ni a una prestadora privada. Dado el aumento constante que estas últimas están aplicando a sus afiliados y a la disminución en el número de trabajadores formales, la proporción de argentinos que recurrirán a la salud pública gratuita será (esperablemente) superior. Un total de 54 empresas de medicina prepaga fueron dadas de baja, y los cálculos indican que el sector perdió entre un 4% y un 6% de sus afiliados sólo a noviembre del 2024.

Aunque no se dió a conocer un listado oficial de hospitales y estructuras que perderán trabajadores, se supo que las no renovaciones de contratos se darán (y ya se están dando) en la sede misma del Ministerio de salud nacional, en el Instituto Nacional del Cáncer (INC), en la Superintendencia de Servicios de Salud, en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis-Malbrán), en el PAMI, en el Hospital Español (depende de éste último), y en los hospitales nacionales Posadas, Bonaparte, Sommer, René Favaloro y Cuenta Alta, entre otras dependencias. 

Por su parte, el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, detalló que se cerraron 15 áreas imprescindibles para la gestión del sistema de salud, junto con coordinaciones: entre otras, las direcciones de Géneros y Diversidad, Investigación en salud, integración del sistema de salud, equipamiento médico y arquitectura sanitaria, Uso apropiado de antimicrobianos, zoonosis, Tuberculosis y lepra, Hepatitis virales, Integración de información sanitaria y de Vigilancia epidemiológica por laboratorios. 

Esto causó la inmediata reacción de especialistas y epidemiólogos. La comisión directiva de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) dio a conocer un comunicado, en el cual informan que “solicitaremos una reunión al Mtro. de Salud de la Nación sobre las áreas de enfermedades transmisibles, vinculada a preservar su rol federal, igualitario en el acceso a la salud, conservando sus funciones, su calidad profesional, científica y técnica”. Y agrega que “el 14/1/25 se envió nota a la Dirección Nacional de Enfermedades Transmisibles para conocer alcances e impacto que podrían producirse por la modificación del organigrama del Ministerio de Salud de la Nación en las coordinaciones de Zoonosis, Tuberculosis y Lepra, Hepatitis Virales y Uso apropiado de antimicrobianos. Se estableció contacto con otras sociedades científicas en pos de realizar acciones conjuntas sobre el tema”.

¿Ajustar hasta dónde?

NOTICIAS accedió a la lista de personal cuyo contrato sólo fue renovado entre el 1ero y el 31 de enero en el Ministerio de Salud y que se desempeña en su amplia mayoría en las direcciones de Vacunas y VIH. Fuentes del Ministerio afirmaron a la revista que no todas esas personas quedarán fuera del organismo, pero lo que alertó a expertos en vacunología y VIH es que el 61 por ciento de esos 210 empleados son personal especializado y técnico. “Los programas del Ministerio también están garantizados. Las funciones de coordinaciones y direcciones cerradas quedan cubiertas por la estructura superior. No se eliminan”, dijeron desde el Ministerio a esta revista. Y entonces surge la duda de cómo el ajuste de personal técnico podría no influir sobre el funcionamiento necesario del ministerio en áreas tan sensibles. ¿No implica esto una reducción presupuestaria y una futura falta de expertos que cubran todo el territorio en sus diferentes funciones?

Desde el Ministerio afirman que no habrá reducción presupuestaria, “lo que habrá es un ahorro del gasto de unos 1.300 millones de pesos, producto de que haya menos estructura jerárquica, que se redujo aproximadamente en un 30%. Los programas y su funcionamiento están garantizados”. Expertos en sanitarismo y enfermedades prevenibles no concuerdan con esta afirmación porque, de acuerdo con su experiencia, si el ajuste es de cuadros técnicos no hay manera de continuar con las tareas de manera adecuada. “Trabajar cada programa del Ministerio de Salud en coordinación con los programas provinciales, cada uno con su especificidad, es muy complejo, tanto por el volumen de planificación y acciones que implican, como por la diversidad involucrada. No podemos quedarnos sin personal técnico para llevar a cabo estas tareas, el achicamiento implicará que no se llegue con los plazos para cumplir en tiempo y en forma con las acciones y las obligaciones que tienen los programas”, explica un experto que prefiere mantener en reserva su nombre. 

El diputado nacional Pablo Yedlin, médico y ex Ministro de Salud Pública de Tucumán entre 2007 y 2015, presentó un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que a través del Ministerio de Salud, “informe respecto a la no renovación de contratos del personal de la Dirección Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y la Dirección Nacional de VIH y el consecuente vaciamiento y/o cierre que puede producirse de esas áreas”.

“Querría resaltar a modo de ejemplo, algunos indicadores de salud que tenemos en nuestro país y que hacen que preocupe más todavía el desmantelamiento de las áreas que tienen esas gestiones bajo sus responsabilidades -le dice a NOTICIAS-. Una a tener en cuenta son las bajas coberturas de vacunación tanto a nivel global en la Argentina como en las provincias, particularmente como efecto de la postpandemia. En el caso el caso de la tuberculosis, durante el año 2023 la notificación de casos aumentó un 10,3% en comparación con 2022. Además, la Argentina forma parte de los países de alta carga de enfermedad de lepra. En lo que respecta a los despidos en el Instituto Nacional del Cáncer, lo cierto es que hay grandes diferencias inter jursdiccionales en la implementación y resultados de diferentes programas de oncología, por ejemplo las provincias de Misiones y Formosa se encontraron en el quintil más alto de mortalidad por cáncer cervicouterino y por cáncer de cuello de útero”.

Entre los sectores médicos que dieron a conocer su preocupación se puede mencionar a la Fundación Huésped, que en un comunicado destacó que la dirección de VIH “compra tests, reactivos y antirretrovirales (ARV) para miles de personas con VIH y tuberculosis que se atienden en el sistema público. Además, asiste en problemas con obras sociales y prepagas, realiza campañas y analiza datos”, y advirtió que el cierre de estas áreas no solo representaría un retroceso sanitario, sino también una violación de compromisos internacionales. “Sería incumplir el derecho internacional, además de una acción anticonstitucional y anticonvencional”, explicita el documento, que cita el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que garantiza el derecho a la salud.

Yedlin hace un repaso: “Faltan medicamentos para madres con VIH, y ya el año pasado no hubo reactivos para detectar VIH. El programa de vacunas del Ministerio no se ocupa solo de comprar vacunas, sino que al quitar personal del programa es quedarse sin expertos para evaluar posibles brotes, que siempre hay, como ya hubo en el caso de la legionella y de la fiebre hemorrágica, y de coordinar lo que sucede en las provincias”. Y completa el panorama: “Porque las capacidades son totalmente y es imprescindible que el gobierno nacional coordine estas necesidades. No se puede trasladar la salud a las provincias. Y esa es la intención”.

Calendario

Desde el Ministerio afirman que las vacunas para el 2025 incluidas en el calendario de vacunación nacional ya están compradas, que se renegoció el contrato por la vacuna contra la Covid-19 con el laboratorio Pfizer (no así con el laboratorio Cassará, que coparticipó junto con el CONICET en el desarrollo de la vacuna argentina contra la Covid-19) y que la vacuna con el dengue no será incluida en el calendario: “toda la campaña de vacunación de este año está completamente garantizada”.

¿Por qué esta decisión respecto a la vacuna contra el dengue? Porque, argumentan desde el Ministerio, "la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN)  no recomienda la vacunación en brote. Y se esperan más estudios para ver alcances". A decir verdad, ya a fines de marzo del 2024 la CONAIN había recomendado comenzar con una estrategia de implementación focalizada de la vacuna según jurisdicciones y grupos etarios. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, se ha aplicado en territorios priorizados, para adolescentes de 15 a 19 años de edad y para personal de salud, bomberos y policías de entre 20 y 39 años. En la provincia de Buenos Aires se comenzó a vacuna en el último trimestre del 2024 a a quienes ya tuvieron dengue, entre los 15 y los 59 años y la comenzaron con la segunda dosis para quienes hayan cumplido tres meses luego de la primera. 

Hospitales y medicamentos

Desde Salud de Nación aseguran que ya se están planificando las licitaciones para la campaña de vacunación del año que viene. Y advierten: “Puede ser que el Plan Remediar sí sufra alguna modificación porque, como órgano rector, el Ministerio considera que la salud y la educación son atribuciones que las provincias nunca delegaron en nación y por lo tanto es un objetivo de este gobierno reducir la estructura gigante y de apañamiento que el Ministerio de Salud tiene con respecto a las provincias y que sean las provincias las que deban ejecutar sus programas sanitarios en sus territorios. Pero es un proceso que se está charlando, el objetivo es indicarle a las provincias cuáles son esos insumos o medicaciones que el Estado Nacional va a dejar de proveer como para que la segunda mitad de este año o el año que viene las provincias empiecen a adquirirlos”.

En cuanto a los hospitales nacionales, el objetivo del Ministerio de Salud es que las provincias sean las que lleven adelante las políticas sanitarias y la atención en su territorio, salvo el caso del Garrahan, el objetivo es que los demás sean traspasados a las jurisdicciones. Si las provincias se niegan o no pueden hacerse cargo, en el Ministerio “se están evaluando posibilidades a partir de la negativa”. En los hechos, ni CABA ni PBA ni Santa Cruz tomaron los hospitales mencionados antes y habrá que ver qué implican esas "posibilidades" que se barajan en el organismo nacional de salud. ¿La entrada de empresas privadas? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué derechos, obligaciones, inversiones? 

Contrariando las lecciones que dejó la pandemia -donde fue necesario que el Estado fortaleciera al sistema de salud para brindar atención y llevar adelante la más importante campaña de vacunación de la que se tenga memoria- el ministerio a cargo de Mario Lugones, decide desmantelar prestaciones y servicios. Arrancó por lo más débil: la salud mental, representada por el Hospital Laura Bonaparte, que hoy enfrenta 200 despidos y una intervención a cargo del neurocirujano Mariano Pirozzo, que previamente se desempeñó como director de Atención Médica y Tratamiento del Hospital Nacional “Doctor Baldomero Sommer”, que también tuvo más de cien despidos en este enero del 2025.