La inversión en el área de Ciencia y Tecnología por parte del Estado durante el año 2024 cayó un 32,9% respecto de la realizada en el 2023, lo que la convierte en la reducción más importante desde 1972, cuando se empezaron a medir esos fondos. De acuerdo con el último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIITI), la ejecución acumulada a noviembre del presupuesto de ciencia y tecnología no se redujo de manera pareja en todo el territorio: algunas provincias tuvieron una disminución superior al 70% y en 13 distritos, al 50%.
“Las caídas más drásticas se dieron en distritos como La Rioja, Santa Cruz y Formosa, donde la virtual desaparición de los programas de infraestructura y equipamiento y de las transferencias condujo a descensos reales del 70,3%, 69,6% y 68,1% respectivamente. Tierra del Fuego y Chaco también vieron afectadas sus partidas presupuestarias, con retracciones superiores al 60%”, especifica el informe.
Aunque en el imaginario colectivo el gran representante del sistema de producción de conocimiento científico está básicamente formado por el CONICET, la realidad es que también hay que sumar a la universidades nacionales y a diversos organismos, como la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales). Si algo caracterizó a esta gestión en Ciencia y Tecnología, además de la reducción, es la sub ejecución presupuestaria: apenas se usó el 7% de los fondos asignados.
De acuerdo con el análisis del CIITI, el CONICET tuvo un 20,8% menos de recursos, el INTA, un 23,6%; la CNEA, un 28,8%; los fondos para investigación de las universidades nacionales se contrajeron un 72,6%. La peor caída fue la de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICT) que declinó un 91,7%. En resumen, la función Ciencia y Técnica representa tan solo 0,208% del PBI (cuando había sido el 0,302% en el año 2023; y cuando debería haber alcanzado el 0,39% según la Ley 27.614).
“Hoy el Estado Nacional ha bajado un 30% el financiamiento de la ciencia llevándolo a niveles mínimos”, explica Roberto Salvarezza, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Y enfatiza: “Los valores de inversión en ciencia y tecnología de Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, son cuatro o cinco veces mayores al que tenemos nosotros. Por otro lado, en la Argentina contamos con tres investigadores por cada mil habitantes de población económicamente activa, los países desarrollados en cambio multiplican por cuatro esa cifra, tienen 12, 9. Nos superan ampliamente en financiamiento y en personal científico”.
A esta debilidad argentina actual hay que sumarle el éxodo de científicos que está ocurriendo en la actualidad. “No vamos camino a lo que son los países desarrollados, lo que hace el presidente Javier Milei es plantear un país colonial que va a exportar insumos con bajo valor agregado, va a exportar gas, petróleo, litio, sin agregar valor a esos bienes que tiene nuestro país. Es claramente un modelo en el cual la Argentina cumple el rol de ser un suministrador de bienes primarizados, y eso no requiere ni ciencia ni tecnología. No es un esquema novedoso, ya lo hizo en su momento el ex presidente Carlos Menem”, opina el ex ministro de ciencia y tecnología de la Nación.
La cereza del desmembramiento
En medio de este panorama, de una pérdida salarial de aproximadamente el 30%, el 9 de este mes se conoció a partir de su publicación en el Boletín Oficial la Resolución 10/2025 de la Jefatura de Gabinetes de Ministros, con la firma de Guillermo Francos, el otorgamiento de facultades especiales al actual secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua. A partir de ahora el funcionario puede revisar el otorgamiento de fondos en gestiones anteriores; exigir la devolución con intereses de recursos transferidos que no hayan sido rendidos a la fecha o bien hayan sido parcialmente ejecutados; definir el cierre de programas y la rescisión de convenios que no se adecúen al “Plan estratégico definido para el 2024/2025”; iniciar acciones legales contra quienes considere que no cumplen en algunos de los sentidos estipulados.
Lo real es que el supuesto plan mencionado no fue dado a conocer y no fue presentado al Congreso, sino que apenas se esbozó a través de un post publicado en la red social X el 14 de noviembre del 2024 y que consta de apenas cuatro puntos, sin objetivos, sin descripción de áreas científico-tecnológicas a impulsar, sin un análisis profundo de las necesidades, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector. Esto va contra la ley 27.614 de financiamiento de la CyT, promulgada en febrero del 2021, y que requiere para su ejecución de un plan que sea presentado y aprobado por el Congreso Nacional. Ese plan existe, es el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, donde se definen las prioridades que el Estado considera que deben guiar sus acciones. Ese supuesto plan 2024/25 comentado en un tuit, de hecho, desconoce esa ley nacional, la 27.738, que fue votada por unanimidad en el Congreso Nacional en octubre del 2023.
“Lo que hace esta resolución es delegar en el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología las atribuciones para decidir qué hacer con todos los convenios que tenía firmados el ex Ministerio de Ciencia, que hoy en día sería la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología. No estamos hablando de los subsidios de la agencia de investigación, eso es otra cosa. Estamos hablando de los contratos que tenían que ver con el Construir ciencia, Equipar ciencia, los programas federales y otros programas menores que había lanzado el ministerio para estimular jóvenes vocaciones científicas, la divulgación, la creación de clubes de ciencia. La resolución tiene una buena parte de considerandos que son los que fundamentan la decisión. Muchos simplemente se refieren a la crisis económica, a los problemas que padece la Argentina y todas las atribuciones que le han delegado al Gobierno, ya sea por el DNU 70/23, que nunca fue anulado por el Congreso, como por la Ley Bases, es decir, la emergencia económica, administrativa, etcétera. Entonces, en base a todo eso, agrega además que hay un plan estratégico para la ciencia 2024-25, que dieron a conocer ellos en un tuit, que establece ciertos temas que hay que priorizar, que tienen que ver con agricultura, energía, minería, innovación y salud”, resume Jorge Aliaga, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires.
Genua puede revisar los convenios y tomar las decisiones que estime, de acuerdo con las situaciones detalladas. “Esto viene a resolver es el problema que veníamos denunciando de toda la plata que no ejecutaba la secretaría, esos 70 mil millones que se habían gastado en el 2023 en estos programas y que en el 2024 estuvieron ahí sin ejecutarse. Ante el reclamo de ejecución dan a conocer esta normativa que en realidad no va a ir esencialmente a ejecutar, sino a liquidar la mayoría de los programas”, concluye Aliaga, miembro del directorio del CONICET en representación de las universidades.
Preocupación nacional e internacional
“La Ley 27.614 establece que la función Ciencia y Técnica debe incrementarse progresivamente hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032 y que el Ministerio de Ciencia y Tecnología es la autoridad de aplicación. Entre sus disposiciones establece que el 20% del incremento debe ser destinado al programa de Federalización de la ciencia. Este programa a su vez se nutría entre otros de los Programas Construir y Equipar Ciencia. En el presupuesto 2023 este programa de Federalización contaba con 49.000 millones de pesos y fue prorrogado en 2024. La ejecución fue del 0.88% en 2024”, resume Salvarezza.
Y agrega: “Los funcionarios son responsables de velar y por la ejecución de las leyes en las cuales son autoridad de aplicación, y de no hacerlo son susceptibles de quedar expuestos a cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cabe consignar que la ley 27.614 está vigente y por ello intentaron suspender los artículos de la ley que otorga los fondos en el fallido presupuesto 2025”.
La situación de desfinanciación de la ciencia argentina, así como las agresiones verbales vertidas por miembros del actual Gobierno movieron a parte de la comunidad científica a nivel internacional. Así surgieron una carta firmada por 68 premios Nobel pidiendo por la protección de la ciencia argentina, artículos en las revistas Science, Nature y, hace apenas diez días un editorial en The Lancet pidiendo, además, por el respeto a los derechos humanos y por la memoria a lo hecho en la Argentina en esa área. El estado de la ciencia argentina es crítico como nunca antes.
Privatizaciones
En medio del panorama vinculado con la investigación científica, también empiezan a concretarse medidas tendientes a privatizar empresas del estado con base tecnológica. La primera fue IMPSA, y ya están en la mira ARSAT y Nucleoeléctrica.
“Yo creo que hay un desguace de todo el sistema de ciencia y tecnología. Por un lado se privatiza y extranjeriza el complejo científico tecnológico ingresando el capital extranjero y por el otro lado disminuyen la inversión en el sistema, que es lo que vemos reflejado en los números del sector. Entonces el ataque sobre el sistema de ciencia y tecnología argentino es completo, sobre el sistema en sí, y sobre las terminales que son las que pueden transformar lo que hace el sistema de ciencia en bienes y servicios de alta complejidad, como es el sector nuclear, el sector satelital”, opina Roberto Salvarezza, ex ministro de Ciencia de la Nación.
Mientras tanto, el asesor presidencial Demian Reidel festejó esta semana el patentamiento en los Estados Unidos del diseño de un reactor nuclear modular compacto, bautizado ACR-300, por parte de INVAP.
Pero la ciencia vinculada con la energía nuclear es mucho más que una patente.
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