De la inmigración a la represión: cómo Trump convirtió al ICE en una fuerza ideológica

El asesinato de Renee Nicole Good a manos de agentes del ICE en Minneapolis no es un exceso aislado ni un “error operativo” que pueda explicarse por el estrés del terreno o la confusión de una intervención. Es, por el contrario, la expresión más cruda de un patrón que empieza a consolidarse en Estados Unidos bajo la segunda administración de Donald Trump: el uso de la política migratoria como herramienta de disciplinamiento político interno.

En apenas cuatro meses, agentes de inmigración dispararon contra once civiles dentro de sus vehículos. En todos los casos, la explicación oficial fue idéntica: “legítima defensa” ante un supuesto intento de atropello. La repetición mecánica del argumento debería encender alarmas. No sólo por la letalidad, sino porque la violencia se concentra en un tipo muy específico de territorio: ciudades gobernadas por alcaldes demócratas, comunidades con tradición liberal y espacios donde el rechazo al trumpismo es abierto y organizado.

Good no era una inmigrante indocumentada. Era una ciudadana estadounidense, poeta, madre y activista vinculada a colectivos LGBTQ+ y trans. Su perfil no es un dato marginal: es central para entender lo que está ocurriendo. El ICE ya no opera únicamente como una agencia encargada de hacer cumplir la ley migratoria. En la práctica, funciona como una fuerza federalizada que irrumpe en barrios progresistas, provoca confrontación con vecinos y militantes, y luego responde con una escalada represiva que incluye armas de fuego, gases químicos y detenciones arbitrarias.

El mensaje es claro: protestar, filmar, interpelar o simplemente cuestionar la presencia de estos operativos puede costar la vida. No se trata sólo de control migratorio. Se trata de control político. De hecho, las víctimas y los escenarios se repiten: Minneapolis, Portland, Chicago. Lugares donde la resistencia al trumpismo es visible y donde los movimientos sociales —especialmente los ligados a la diversidad sexual y a los derechos civiles— tienen presencia territorial.

La reacción del gobierno federal refuerza esta lectura. Lejos de abrir investigaciones transparentes, la administración Trump bloqueó a fiscales estatales, desacreditó pruebas audiovisuales y lanzó una ofensiva discursiva para criminalizar a la víctima. La secretaria de Seguridad Nacional la calificó de “agitadora” y “terrorista doméstica”. El vicepresidente J.D. Vance fue más lejos: habló de “inmunidad absoluta” para los agentes de inmigración. Una afirmación jurídicamente falsa, pero políticamente reveladora. Es una señal explícita hacia los 12.000 nuevos agentes reclutados: la violencia será tolerada, incluso premiada.

No es casual que esta expansión represiva coincida con un crecimiento exponencial del aparato de vigilancia. Contratos millonarios con empresas tecnológicas para monitoreo de redes sociales, rastreo de celulares, reconocimiento facial y hackeo remoto muestran que la frontera ya no es sólo geográfica: es digital, ideológica y doméstica. El objetivo no es únicamente encontrar inmigrantes sin papeles, sino identificar “líderes”, “agitadores” y redes de protesta.

El resultado es una mutación peligrosa del rol del ICE. De agencia administrativa pasó a convertirse en una fuerza de choque ideológica, desplegable contra ciudadanos que no encajan en el molde MAGA. La criminalización de la disidencia, disfrazada de seguridad fronteriza, permite atacar a dos enemigos simbólicos a la vez: los inmigrantes y los movimientos progresistas que los defienden.

Estados Unidos está cruzando una línea delicada. Cuando una mujer muere acribillada por agentes federales en su propio barrio, cuando las autoridades locales son excluidas de la investigación y cuando el gobierno responde con insultos y blindaje político, el problema ya no es migratorio. Es democrático. Y el mensaje que se transmite es tan brutal como efectivo: defender a tus vecinos, protestar o simplemente estar del lado “equivocado” puede convertirte en un objetivo legítimo del Estado.

Si esto se naturaliza, lo ocurrido con Renee Nicole Good no será recordado como una tragedia excepcional, sino como el momento en que la represión interna dejó de ser una amenaza abstracta y pasó a ser política pública.