En las últimas semanas, la República Islámica de Irán ha vivido uno de sus momentos de movilización social más intensos desde la revolución de 1979. Un estallido que nació como protesta contra una profunda crisis económica —incluyendo la depreciación del rial, la caída del poder adquisitivo y la inflación descontrolada— se transformó en un desafío político directo al establishment clerical y al propio Líder Supremo Ayatollah Ali Khamenei. Las autoridades respondieron con una combinación de violencia letal, corte total de internet y censura informativa que recuerda lo que sucedió y sigue sucediendo en Venezuela.
En Irán, el movimiento de protesta, que comenzó a fines de diciembre de 2025, se extendió rápidamente por las 31 provincias, impulsado no sólo por comerciantes y trabajadores agobiados por el deterioro de su economía, sino también por una ciudadanía que ve en el descontento material un reflejo de un régimen incapaz de ofrecer perspectivas. En varias ciudades, incluidos Teherán, Kermanshah e Ilam, las manifestaciones llegaron a ser masivas y sostenidas, con escenas de desobediencia civil, cierres de negocios y protestas que no se detuvieron incluso después de que el gobierno impuso medidas extremas para silenciar la disidencia.
La respuesta estatal ha sido, desde el principio, brutal. Según organizaciones de derechos humanos como Iran Human Rights (IHR), al menos 45 personas han muerto, incluidos menores de edad, mientras que miles han resultado heridos o fueron detenidos en apenas 12 días de protestas. ONGs y grupos independientes también reportan, pese a las restricciones informativas, que las fuerzas de seguridad han irrumpido en hospitales para arrestar a heridos en las manifestaciones y que han utilizado fuerza letal en múltiples ocasiones.
Pero lo que ha llamado la atención de observadores internacionales ha sido la táctica de censura digital: el apagón total de internet y de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional, una herramienta recurrente del régimen para bloquear la circulación de imágenes, videos y mensajes que puedan retratar la violencia estatal o coordinar protestas. Este apagón, detectado por grupos de monitoreo como NetBlocks y confirmado por múltiples agencias internacionales, fue impuesto deliberadamente desde el centro del poder y deja al país “casi incomunicado”, incluso impidiendo el uso de redes privadas virtuales que suelen ser la única vía de conexión a la información libre dentro del país.
La estrategia no es nueva en Irán; el régimen ha recurrido a bloqueos similares en protestas de 2019 y 2022, y la interrupción del acceso digital se ha convertido en una forma de suprimir la disidencia antes de utilizar fuerza letal, reduciendo drásticamente la visibilidad internacional de lo que ocurre en las calles.
Este patrón —represión violenta combinada con control de la información— presenta inquietantes paralelismos con lo que se observó recientemente en Venezuela, donde el Estado, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, reaccionó endureciendo tácticas represivas y afectando el libre flujo informativo dentro de su territorio. En ambos casos, los regpimenes encararon el desafío no solo con fuerza bruta, sino con mecanismos que buscan neutralizar la visibilidad de su violencia y cortar la transmisión de imágenes y relatos que podrían amplificar la revuelta social.
La lógica de ambos gobiernos parece ser la misma: ante el espectro del cambio político —ya sea por protestas internas o por eventos externos que socavan su poder—, la primera respuesta es cerrar el espacio público, silenciar medios y controlar la narrativa, con la esperanza de que el descontento no encuentre caminos organizados para consolidarse. En Venezuela esa lógica se expresó secularmente en la captura de comunicaciones, la presión sobre periodistas y la manipulación de redes sociales; en Irán, la vía es el apagón total y la persecución digital.
Esta estrategia es también una señal de debilidad más que de fortaleza. El recurso simultáneo a violencia física y apagones comunicativos demuestra que el gobierno se siente incapaz de gestionar la protesta mediante el consenso o la negociación. En un contexto global donde la información es un activo político fundamental, cerrar internet es como cerrar los ojos ante la realidad: puede impedir que otros vean lo que está sucediendo, pero no cambia lo que está ocurriendo.
La intención inmediata de estos regímenes suele ser calmar las aguas, frenar la escalada y esperar que el tiempo diluya la presión social, abriendo al mismo tiempo canales mínimos de concesión —como promesas de diálogo o reformas cosméticas— que operen como una válvula de escape sin verdadero impacto estructural. Esto permite al poder reclamar que actúa con “moderación” o “sensatez” frente a sus críticos, incluso después de haber utilizado medidas extremas.
Irán enfrenta ahora un desafío crítico: su respuesta represiva ha encendido una llama que ni los apagones ni la violencia han logrado sofocar. El uso intensivo de la fuerza y la censura puede contener temporalmente las protestas, pero también profundiza la fractura entre el Estado y amplios sectores de la sociedad. En Venezuela, por su parte, la represión coordinada con la intervención externa ha generado una polarización interna aún más profunda, con sectores firmes en su rechazo al régimen que no desaparecen pese al control estatal de la narrativa.
En ambos casos, la represión se vuelve un elemento constitutivo de la resistencia: cuanto más violentas y opacas son las respuestas del poder, más alimentan la percepción de que no hay futuro posible dentro del marco institucional existente. Esto no significa necesariamente que los regímenes vayan a colapsar de inmediato, pero sí que la estabilidad que pretenden imponer se basa cada vez más en el uso autoritario del Estado y menos en la legitimidad popular.
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