Irán amenaza a la Argentina: la escalada que despierta viejos miedos

Teherán volvió a poner a la Argentina en la mira. El martes, la Cancillería iraní declaró organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas, y cerró su comunicado con una frase que en Buenos Aires no se puede leer como una fórmula diplomática más: “Obviamente, el gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto”. La advertencia llega del mismo Irán que la Justicia argentina señala como autor intelectual de los dos peores atentados terroristas de nuestra historia.

La medida se presenta como recíproca. Responde a la decisión del Gobierno de Javier Milei, de fines de marzo, de incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica en el registro nacional de organizaciones terroristas, el RePET. Teherán invoca una ley de 2019 que obliga a castigar a los países que “cumplan o apoyen la decisión de Estados Unidos” de calificar así a su principal cuerpo militar. Es el mismo instrumento que usó el 1 de noviembre contra la Marina Real y la Real Fuerza Aérea británicas. La Argentina no estuvo sola en ese camino: Estados Unidos condenó a la Guardia Revolucionaria en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, y la Unión Europea lo hizo en enero de este año, tras la represión de las protestas internas. 

Amenaza que despierta fantasmas

Para entender el peso de la amenaza hay que volver a 1992. El 17 de marzo de ese año, un coche bomba destruyó la Embajada de Israel en Retiro. Dos años después, el 18 de julio de 1994, otro ataque demolió la sede de la AMIA en Once y mató a 85 personas. Ambos crímenes siguen impunes. La investigación judicial atribuyó la planificación al aparato de inteligencia iraní y la ejecución a Hezbollah, su brazo armado en el Líbano. Una de las hipótesis sobre el móvil apunta a la suspensión, durante el gobierno de Carlos Menem, de los acuerdos de cooperación nuclear con Teherán.

Lo que siguió fue un largo ejercicio de frustración. En 2006, el fiscal Alberto Nisman acusó formalmente a la cúpula iraní de la época, y al año siguiente Interpol emitió alertas rojas contra varios de sus integrantes. En 2013, el gobierno de Cristina Kirchner impulsó el Memorándum de Entendimiento con Irán, que proponía interrogar a los acusados en Teherán y que terminó declarado inconstitucional. En enero de 2015, Nisman apareció muerto horas antes de exponer en el Congreso su denuncia contra la entonces presidenta por encubrimiento. 

En 2022, la retención en Ezeiza de un avión de la venezolana Emtrasur con tripulantes iraníes reavivó las sospechas sobre la presencia de Teherán en la región. En abril de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal declaró que los atentados fueron crímenes de lesa humanidad y señaló a Irán como responsable. Desde entonces, la relación bilateral se transformó en una escalada sin freno.

El 2026 aceleró todo. En enero, la Argentina incluyó en el RePET a la Fuerza Quds, el brazo exterior de la Guardia Revolucionaria. El vocero iraní Ismail Baghaei respondió que la medida era “peligrosa desde el punto de vista político” y que “sin duda recibirá una respuesta adecuada”. Con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ya en marcha, el canciller Pablo Quirno fijó la doctrina: “Argentina no va a ser neutral ante el terrorismo de Irán”. A fines de marzo llegó la designación de la Guardia Revolucionaria, y el 2 de abril, la expulsión del encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, con 48 horas para dejar el país. En la ONU, Quirno condenó el cierre del estrecho de Ormuz: “Frente al terror, la Argentina no es tibia, responde con determinación”.

La justicia marcó el rumbo 

En paralelo, la Justicia dio un paso histórico. En septiembre, Casación convalidó el juicio en ausencia contra los prófugos de la causa AMIA, entre ellos el exministro de Inteligencia Alí Fallahijan, el excanciller Alí Akbar Velayati, el excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai y el excomandante de la Fuerza Quds Ahmad Vahidi. Por primera vez en tres décadas, la Argentina se acerca a una condena, aunque sea simbólica, contra los responsables.

La respuesta de Teherán debe leerse sobre ese fondo. No es un gesto aislado: es el cierre de un año en el que la Argentina pasó de reclamar justicia a alinearse sin matices con Washington y Jerusalén en plena guerra. El Gobierno sostiene que esa cercanía no aumenta el riesgo. Quirno llamó “construcción maquiavélica” a la idea de que la alianza con Trump y Benjamin Netanyahu expone al país. Sus críticos advierten lo contrario: que un país con una defensa debilitada, que el propio canciller admitió “diezmada”, y una frontera porosa como la Triple Frontera no está en condiciones de sobreactuar protagonismo en un conflicto ajeno.

Las dos posiciones comparten un dato incómodo. La Argentina ya fue blanco, dos veces, y la impunidad fue total. La comunidad judía argentina, la más numerosa de América Latina, conoce el costo de las advertencias que se subestiman. Las amenazas de hoy obligan a setear la guardia argentina en alto, ante un régimen que ha hecho del terrorismo su principal espada.