En los tribunales de Comodoro Py le dicen “Polli”. Empezó su carrera en Morón, donde trabajó con Alberto Nisman, y lleva más de dos décadas a cargo de la Fiscalía Federal N.º 11. Este viernes, Gerardo Pollicita volvió al centro de la escena con un dictamen sobre Manuel Adorni. Consideró que las pruebas reunidas no alcanzan para sostener que el exjefe de Gabinete se enriqueció ilícitamente durante su paso por el Gobierno.
Nacido en Barracas, hijo de un botellero y una costurera, de chico vendía sándwiches en la cancha de Independiente. Su tío tenía una despensa cerca del estadio. En la Justicia federal porteña, fue adjunto de Carlos Stornelli y de Eduardo Freiler, y colaboró con Raúl Pleé en una fiscalía especializada en delitos aduaneros. En 2005 concursó por una de las dos fiscalías que estaban vacantes. Federico Delgado quedó al frente de la N.º 6 y Pollicita ocupó la N.º 11, que había dirigido Guillermo Montenegro.
Socio de Boca, en 2007 integró una comisión asesora en seguridad deportiva creada por Mauricio Macri. Entre sus miembros también estaban Stornelli, Pleé y Ariel Lijo, el juez que ahora tiene a su cargo la causa Adorni.
En febrero de 2015, después de la muerte de Alberto Nisman, impulsó la denuncia de su antiguo compañero contra Cristina Kirchner y el entonces canciller Héctor Timerman. El expediente buscaba determinar si el Memorándum con Irán había formado parte de una maniobra para encubrir a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA. El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia y Pollicita apeló. En 2017, una vez reabierta la causa, pidió la indagatoria de la expresidenta.
Ese mismo año, junto al fiscal Ignacio Mahiques, pidió que Vialidad fuera a juicio oral por las irregularidades en la adjudicación de obra pública a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz. En el juicio, en el que la acusación estuvo a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta. La sentencia quedó firme en junio de 2025.
La investigación sobre Adorni empezó por una denuncia de la diputada Marcela Pagano. Según el dictamen al que accedió Infobae, la defensa atribuyó los fondos cuestionados a operaciones con bitcoin anteriores a su ingreso al Gobierno. Pollicita concluyó que la prueba no permitía refutar esa versión y pidió que se investigue si hubo evasión tributaria. El juez federal Ariel Lijo debe decidir si envía el expediente al fuero penal económico. Hasta entonces, el expediente sigue en Comodoro Py.
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