La motosierra en entes de servicios y los intereses del FMI

Esta última semana nos encontramos con dos situaciones que presentan características de fondo similares: ENARSA y ENOHSA. Lo común en ambos casos es la intención de eliminar estos entes de diferentes formas. En el caso de ENARSA, se ha detectado una sobrefacturación en la importación de gas desde Bolivia a un precio de U$S 21,5 por millón de BTU, en contraste con los 10 buques de PETROBRAS que solicitaban la descarga en puerto, gestionada por la canciller Mondino ante el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, incluso sin haberse realizado los pagos (la forma de pago para los buques regasificadores es generalmente previa a la descarga, o como se dice coloquialmente, "contra culata de camión"). Estos buques se consiguieron al precio internacional de U$S 8,50 por millón de BTU. Este escándalo, generado por las compras realizadas por el vicepresidente Rigoberto Mejía Avena (lo cual resulta curioso, ya que también es un funcionario argentino con nacionalidad chilena, al igual que José Luis Daza, y ambos fueron nombrados con número de pasaporte por no poseer documentación argentina ni contar con las excepciones correspondientes), causó grandes perjuicios en la salida de dólares estadounidenses de las reservas internacionales del BCRA.

Es importante mencionar que tanto Mejía Avena como Olaizola, Chirillo y/o Enrique Devoto forman parte del equipo Sturzenegger-Cavallo y su socio Carlos Bastos (uno de los siete exsecretarios de energía de la democracia, grupo que también integran Alieto Guadagni, Daniel Montamat, Enrique Devoto, Julio César “Chiche” Araoz), quienes actualmente están en pugna con los Caputo (Santiago, Luis y Francesco). Ante este descalabro, se decidió liquidar los bienes de ENARSA, que suman la considerable cifra de U$S 1.500 millones, incluyendo las represas hidroeléctricas del Comahue.

En cuanto a ENOHSA, creada en 1995, es importante destacar que se encarga de las obras de agua potable y cloacas en todo el país. Dejarlo en proceso de liquidación de sus bienes y contrataciones implicará tener que pagar las cláusulas de rescisión de los contratos suspendidos desde el 12 de diciembre de 2023. Esto conlleva la paralización de los sistemas de cloacas, lo cual no es solo un costo de infraestructura, sino que también trae consigo la proliferación de aguas servidas y pozos/cámaras sépticas sin conexión a los sistemas cloacales, como sucede en la comuna 9 de la Ciudad de Buenos Aires, donde los vecinos de la denominada Ciudad Oculta (barrios 15, 20 y 30) se ven afectados. Esto genera un negocio considerable para los camiones atmosféricos —incluso oficiales— que se encargan de vaciar las cámaras, y, aunque crea trabajo para los poceros, también incrementa las enfermedades intestinales, especialmente en niños y adultos mayores, debido al consumo de agua no potable. Actualmente, solo el 60% de la población del país tiene acceso a cloacas.

La paralización de estos proyectos también significa un mayor uso de los servicios hospitalarios que este gobierno pretende eliminar, aumentando notablemente la pobreza debido a las condiciones de vida y la falta de trabajo, lo que impide el uso de obras sociales por la falta de empleo registrado, resultado de la Ley 27.742 (BASES).

Asimismo, en Estados Unidos, en el FMI se está discutiendo la posibilidad de reducir la sobretasa de intereses, además de aumentar el techo de los préstamos para los países miembros, como consecuencia de la recesión y/o depresión que enfrentan los países deudores. Esto podría representar para nuestro país un ahorro de U$S 12.000 millones en la refinanciación a partir de 2026. El gobierno está gestionando un waiver por no alcanzar la meta de reservas internacionales, además de solicitar un adicional de U$S 5.000 millones, lo cual el FMI no considera pertinente, dado el déficit actual de reservas de U$S -8.000 millones, proyectado a U$S -14.000 millones para diciembre próximo. La reducción de la sobretasa de intereses permitirá que la inflación mensual sea realmente menor al 4%, lo cual, sumado a los subsidios de energía y transporte establecidos en las leyes de convertibilidad que nunca se modernizaron (excepto en 2016 cuando Mauricio Macri extendió los contratos de concesión por 30 años, cambiando la jurisdicción de litigio de Buenos Aires a Nueva York), contribuirá a mejorar la situación.

Esto también responde a la necesidad del FMI de asegurarse sus cobros, evitando que sus deudores se unan y amenacen su capacidad de cobrar, como demostraron Argentina y Egipto en una reunión virtual de sus Ministros de Economía a fines de 2022, cuando se unificaron, representando el 70% de las acreencias del organismo, lo que podría llevar a su quiebra.

Es importante que el pueblo y los tomadores de decisiones conozcan la verdad para que puedan hacer lo mejor para sus familias y entidades, sin ser sometidos a un sufrimiento inútil que no traerá beneficios reales.