Apenas ciento siete años nos separan de la sanción de la constitución mexicana, la primera en introducir potestades que posiblemente hayan caído más bien de maduras antes que ser un acto humanitario y de beneplácito por parte del capitalismo (que por aquel entonces comenzaba a vibrar al ritmo de la segunda revolución industrial).
Era lógica la decisión de abrirle paso al constitucionalismo social y comenzar a hablar de derechos sociales. Al calor de la experiencia previa (desde la primera revolución industrial y la expansión de la producción mecánica) y con los crecientes conflictos entre proletarios y patrones, seguramente era más redituable por aquellos tiempos otorgar derechos que seguir perdiendo vidas obreras, ya que, a fin de cuentas, era la clientela que consumía los mismos productos fabricados con su propio trabajo.
Nos separa muy poco tiempo de este capítulo histórico, que, visto en perspectiva, pareciera que fue ayer; pero, desde el prisma de los avances tecnológicos y científicos en el último siglo, y lo que va del actual, ciertamente nos separa una brecha considerable.
La constitución mexicana, la de Weimar, o la argentina de 1949, fueron fruto de ese momento histórico: el de cuestionar lo inhumano por parte de las organizaciones sindicales y el de brindar respuestas desde un capitalismo moderno que necesitaba del diálogo social para continuar con su expansión. Jornada de ocho horas, seguridad social, convenios colectivos, estabilidad laboral: todos conceptos que creíamos saldados en nuestro acervo cotidiano, en el mundo en que crecimos, pero que, frente al impacto de la revolución digital actual —y con antesala en la revolución informática anterior—, comienzan a tambalear, al igual que las sociedades, la lógica del trabajo y la producción.
En eso estamos: intentando entender al mismo tiempo que pensar posibles tangentes de solución que brinden respuestas masivas antes que tasas de ganancia cada vez más individualizadas.
El futuro ya llegó: plataformas digitales, automatización, IA y Gig economy son las constantes del mundo pospandémico, que aún hace eco de sus consecuencias, muy notoriamente, en el mundo del trabajo. Si bien podemos observar la existencia de nuevas oportunidades, también se plantean grandes desafíos para los sistemas laborales tradicionales. A lo largo y ancho del globo, las normas del empleo están siendo puestas a prueba y, en muchos casos, resultan obsoletas.
Asistimos a un presente donde se acentúa la integración de tecnologías avanzadas como la IA, el Internet de las Cosas (IoT) y la Big Data en los procesos de producción y servicios. Estos avances han impulsado la creación de nuevos modelos laborales, entre ellos la Gig economy, donde millones de trabajadores realizan tareas temporales o independientes a través de plataformas (Mercado Libre, Uber, Rappi). Si bien este modelo permite flexibilidad y un acceso más vasto a oportunidades de trabajo, lo cierto es que la precarización laboral comienza a ser la moneda corriente.
Asimismo, la IA y la automatización de tareas han afectado principalmente a trabajos rutinarios y manuales, pero también se están expandiendo hacia ocupaciones más complejas. Según un informe de la OIT y el Banco Mundial, entre un 26% y un 38% de los empleos en la región de América Latina están expuestos a la IA generativa, tanto por el riesgo de automatización como por el potencial de productividad a través de la colaboración hombre-máquina. No obstante, la desigualdad constante y creciente, que tiene un correlato en países periféricos con una brecha digital significativa, limita la capacidad del sector trabajador para aprovechar estos avances, especialmente en los países más pobres de la región.
¿Y por casa cómo andamos?
En medio de esta disrupción global, Argentina acaba de dar un paso con una reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, e implementada a través del Decreto N° 847/2024. La misma introduce cambios que flexibilizan las relaciones laborales y reducen costos para los empleadores: se eliminan las indemnizaciones por despido (ahora existirá un ‘fondo de cese laboral’), se extiende el período de prueba, y se crea un régimen especial para trabajadores independientes y no registrados.
Todo esto puede tener puntos asertivos en un país con altos niveles de informalidad y creciente desempleo, con el objetivo de formalizar y generar condiciones para la creación de nuevos puestos, pero ¿es realmente este el objetivo de la reforma? ¿Es una reforma laboral la que genera empleo o un plan económico?
Hace pocas semanas, el centro de investigación Fundar presentó un interesante documento titulado "Una reforma laboral para la inclusión y el crecimiento". El mismo ofrece una perspectiva alternativa sobre la necesidad de reformar las leyes laborales en Argentina.
Es interesante el aporte, ya que para los sectores “progresistas”, hablar de reforma laboral ha sido siempre un tema incómodo, pero que, en el presente de la economía digital que avanza en una transformación que precisa de respuestas para quienes quedan más desamparados, la tarea es ineludible. Una reforma posible, como plantea Fundar y ya fue objeto de debate en otras latitudes, puede pensar en la reducción de la jornada de trabajo; revisar los convenios colectivos para adaptarlos al contexto actual; la reducción progresiva de costos laborales para las PyMEs para que formalicen puestos, o la sanción de un estatuto especial para trabajadores de plataformas digitales.
Debatir una reforma laboral puede ser una necesidad ante un nuevo paradigma económico y productivo, pero puede que sea importante pensar desde dónde, hacia dónde y en función de qué.
La desigualdad y las brechas
La Inteligencia Artificial llegó para quedarse. Ahora bien, uno de los problemas más críticos que supone para nuestra región es la brecha digital. Aproximadamente unos diecisiete millones de trabajos que podrían beneficiarse de la IA en la región no podrán hacerlo debido a la falta de acceso a tecnologías básicas como computadoras e internet. Para el experto en desarrollo de proyectos institucionales, esto no solo va en detrimento de la potencialidad económica, sino que abre más capítulos en la desigualdad entre trabajadores: ahora están los que tienen acceso a tecnología y aquellos que no.
El acceso a la infraestructura digital es fundamental para que los países puedan beneficiarse plenamente de las tecnologías emergentes. En este sentido, es necesario que los gobiernos inviertan en la expansión de la conectividad y la digitalización, especialmente en las zonas rurales y entre los sectores más vulnerables. Sin medidas e intervención pública, el potencial impacto positivo de la IA en el empleo será desigual y podría agravar —aún más— las brechas socioeconómicas existentes.
Una gran responsabilidad
Lejos de creer que la IA venga a destruirnos, el abanico de posibilidades que se abre a la humanidad con este cambio —que aún no tiene techo a la vista— puede ser inimaginable. La adaptación de nuestra cultura, sociedades, políticas y decisiones será la clave en el aprovechamiento de esta nueva era digital. La crisis global no responde a una lógica de escasez, sino de sobreproducción y falta de redistribución.
La tecnología puede acentuar la desigualdad si no encuentra andariveles claros por parte de los Estados en la protección de las personas y sus derechos. Y en esa línea es importante que se activen los mecanismos correspondientes para no librar a la suerte de un magnate qué es lo que pueda suceder con esta gran herramienta. El desarrollo de esta tecnología “no puede dejarse únicamente al capricho de los mercados”; no lo dijo el flamante presidente marxista de Sri Lanka, sino las Naciones Unidas días atrás, con motivo de una reunión para abordar la necesidad de regular mundialmente la IA.
En medio de esto, el mundo del trabajo está en una encrucijada. Este nuevo paradigma de la Gig economy está reconfigurando el mercado laboral global. Mientras que estas tendencias ofrecen nuevas oportunidades, también presentan riesgos significativos para los trabajadores y las trabajadoras que no están protegidos por un marco legal adecuado o que no tienen acceso a las herramientas tecnológicas necesarias.
A un siglo de la sanción de las primeras leyes de protección social, estamos retrocediendo en dicho paradigma de una manera inusitada. En Argentina, la reforma laboral del gobierno de Milei entra en vigencia en el mismo mes que se cumplen cincuenta años de la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo.
¿Paradojas?
Debatir reformas laborales ya no puede ser un tabú: el objetivo es pensar cómo adaptarse a esta nueva realidad, al mismo tiempo que garantizar la protección de los derechos laborales. Como sugiere el informe de Fundar, es necesario un enfoque equilibrado que combine flexibilidad con seguridad.
Por último, Eyzaguirre expresa que, así como surgieron aquellos derechos sociales luego de que corriera mucha sangre a inicios del siglo XX, el diálogo social y el rol del Estado son fundamentales en estos tiempos. Para evitarnos sangrías —de cualquier tipo— estamos a tiempo. Y podemos lograrlo usando algo que seguramente a la IA le cueste reproducir fácilmente: atributos inherentemente humanos, como la empatía, la solidaridad y la capacidad de entenderse, sin importar el idioma.
Julián Eyzaguirre. Project Manager y Director.
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por Julián Eyzaguirre
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