Dilema de inversores

En la historia argentina reciente, la batalla por llegar a la frontera de lo que los economistas llaman las “posibilidades de producción” cruza todos los gobiernos y sus programas de política económica. Con una mezcla de voluntarismo y soluciones mágicas, la apuesta es al crecimiento que permita eludir las restricciones presupuestarias. Pero ingresar en ese círculo virtuoso requiere un elemento clave: la inversión.

Fundamentos. El historial de fracasos de muchos planes que apostaba a alentar inversiones prometiendo lo que difícilmente ocurriría marcó la trayectoria de la variable “Inversiones” que medida en relación al PBI posiciona al país en los últimos puestos de las economías de desarrollo medio. Se estima que la inversión total en Argentina para 2025 fue de 16% del PBI, pero hubo años “flacos” en que fue más baja todavía (13% en algunos meses de crisis) que ni siquiera alcanza para la reposición de lo amortizado cada año. Es decir, que el stock total de capital si no pasa un umbral en el que se estuvo casi siempre al borde, corre riesgo de deteriorarse. Basta una mirada rápida sobre el sistema ferroviario interurbano para poder apreciar un buen ejemplo de esta “desinversión” constante.

Si consideramos que, durante todos estos años, la economía de China estuvo destinando entre 40% y 45% de su PBI a inversión, la referencia a “tasas chinas de crecimiento” no es una metáfora. Es más, somo lo que se invierte proviene del ahorro (interno y externo, público o privado) el objetivo de la “nueva” política económica de Beijing, es la de alentar el consumo interno aun a costa de morigerar su tasa de crecimiento y situando la tasa de inversión en un escalón más “bajo”: entre 35% y 40% cada año, que dio como resultado una relativa ralentización del crecimiento que ya no puede sostenerse en los dos dígitos anuales.

Aterrizaje. Otra variable relevante es la de la comparación de la inversión extranjera directa (IED) no sólo por el impacto en el desarrollo del país sino como un “proxy” del atractivo que ejerce la perspectiva sobre el globalizado portafolio de los que toman decisiones. Durante el año pasado, la economía local contabilizó un stock de capital invertido de US$181.000 millones, según el informe actualizado del Banco Central y que representa un 26,5% del PBI. Sin embargo, el flujo no mostró alteraciones significativas, sin superar el 2% del PBI. Muchas de las promesas de inversión o planes a futuro son, por ahora, “sólo” eso o están en los primeros pasos que pasan por estudios de factibilidad y la arquitectura institucional de la puesta en marcha del proyecto. En cuanto a origen, Estados Unidos se ubicó como el principal actor, con un stock a fin de 2025 de US$32.060 millones (18% del total), seguido por España, con una posición bruta de US$25.715 millones (14%) y Países Bajos, con US$21.580 millones (12%), que concentran el 44% del stock de IED en Argentina.

Otro punto llamativo es la irrupción a paso firme del rubro “Minas y canteras” como un receptor creciente de inversiones extranjeras. No es de extrañar por la magnitud y entidad de los proyectos anunciados en la minería cordillerana (especialmente en cobre, litio y oro) y la veta por ahora inagotable de Vaca Muerta. En todos estos casos (con especial énfasis en los emprendimientos mineros) son de más lenta maduración, requieren un “expertise” (generalmente la IED aquí proviene de Canadá y Australia, dos potencias globales en la materia) y una billetera generosa.

Para estos casos el paraguas normativo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se ajusta a la perfección, ya que les da un horizonte de previsibilidad mayor y más herramientas para negociar con los “dueños” de su recurso inexplotado, las provincias. San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy picaron en punta en la atracción de inversiones que, desde Buenos Aires pueden pasar debajo del radar porque, salvo algún contrato de servicios centralizado, su gasto “derrama” en actividad en el terreno. También por esa razón requieren de parte de los gobiernos locales

Para mayo de 2026, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) había acumulado un total de 36 proyectos presentados que tienen un piso de US$200 millones y suman en total US$95.000 millones. De este total, los montos ya aprobados fueron por US$28.000 millones, en los sectores “ganadores” de este modelo: minería, energía y petróleo.

El ministro de Economía se mostró optimista con la marcha de la iniciativa y estima que próximamente habrá un total de US$140.000 millones comprometidos en proyectos de este tipo, también empujado por el nuevo régimen para las medianas inversiones (RIMI) que tiene un perfil menos especializado sectorialmente pero más localizado.

Los perdedores. Rápidamente, los sectores no beneficiados con estos alicientes reclamaron no ser discriminados: el presidente de la Unión Industrial Argentina Martín Rappallini pidió ampliar el régimen para sus representados y el agro ya reclamó dejar de ser el sector que enfrenta la mayor presión fiscal total (empezando por los derechos de exportación) para facilitar las inversiones necesarias en logística.

En un reciente estudio de la Fundación Mediterránea, el economista Gerardo Alonso Schwarz señala que la llegada de proyectos de inversión responde a una lógica de especialización territorial que en algunas regiones consolidan su perfil exportador primario o energético, mientas que en otras apuestan a la economía del conocimiento y la reconversión de sus industrias tradicionales. “La disparidad en la distribución de inversiones y su impacto en el empleo subraya la necesidad de políticas públicas que complementen los esquemas de incentivos nacionales” porque los datos muestran que las regiones con recursos estratégicos (principalmente energía y minería) lograron capitalizar la mayor parte de las grandes inversiones, y a partir de este marco surgen desafíos de diferentes características según la estructura productiva y los recursos de cada provincia.  “En cambio, para aquellas zonas fuera de este mapa, la política pública debería centrarse en la infraestructura logística y la formación de talento humano, además de generar los incentivos fiscales y regulatorios locales que faciliten la radicación de inversiones complementarias a los sectores de mayor crecimiento, impulsando la creación y modernización de proveedores locales”, agrega.

Siguiendo esta línea, el economista Jorge Colina, de IDESA, destaca que durante el primer año de vigencia del RIGI la tasa de inversión solo pasó de 15,8% a 16% del PBI, pero la compra de dólares por parte de particulares para ahorro explotó: 4,7% del PBI. “Estos datos muestran un bajo nivel de inversión en la última década y como era previsible el fenómeno no se modificó sustancialmente en el primer año de vigencia del RIGI, pero lo que llama la atención es la muy alta predisposición de la gente a canalizar ahorros a la compra de dólares”, analiza. A su juicio, esto sugiere que la baja inversión no se origina en la falta de ahorro sino en la persistencia de un contexto adverso para la inversión. “Que los ahorros se acumulen ‘bajo el colchón en lugar de ser canalizados a expandir la capacidad de producción implica un permanente drenaje de recursos fuera del sistema que limita las posibilidades de progreso”, concluye. Sugiere que la relativa calma financiera (graficada por la baja del riesgo país a la franja de los 500 puntos básicos y la suba de calificación de las calificadoras) se aproveche en pasos concretos como completar la eliminación del cepo y avanzar hacia un ordenamiento integral del sistema tributario. Pasos para que la inyección de fondos pueda “derramar” en más sectores y poner en marcha el círculo virtuoso de la inversión.