A 29 años del asesinato de Cabezas: el mensaje de un crimen

1997 no pasó: advirtió. No fue una anomalía ni un exceso aislado del sistema democrático; fue el momento en que la democracia argentina quedó brutalmente expuesta. El asesinato de un fotógrafo no constituyó solo un crimen atroz: fue un mensaje mafioso, claro y disciplinador, dirigido a quienes investigan, preguntan y se niegan a aceptar el silencio como norma. Cuando el periodismo cumple su función real —mirar donde no se quiere que se mire— deja de ser tolerado y pasa a ser un estorbo.

Veintinueve años después, el crimen más terrible de la democracia sigue diciendo lo mismo: cuando se combinan una policía autonomizada, un poder económico invisible y una política en disputa, la violencia no es un accidente, es un método. Durante demasiado tiempo se creyó vivir en una normalidad aparente, en una calma ficticia sostenida por la presunción de regularidad institucional. Pero no era paz: era silencio antes del derrumbe. La realidad irrumpió de golpe y lo hizo con una brutalidad que nadie pudo seguir ignorando.

No fue solo un ataque contra una persona. Fue un ataque directo al periodismo de investigación, al derecho de la sociedad a saber y a la idea misma de que el poder debe rendir cuentas. Por eso 1997 no pertenece al pasado: sigue operando como advertencia en el presente.

Ese crimen no ocurrió en el vacío ni fue obra de una desviación individual. Nació de un contexto preciso, reconocible y peligroso: un entramado de intereses económicos opacos, estructuras estatales degradadas y disputas políticas que transformaron la investigación en un campo de batalla. Nada de esto fue improvisado.

El 25 de enero de 1997 no ocurrió “un crimen”. Ocurrió una demostración de poder. José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias, fue secuestrado, torturado, asesinado y luego incendiado dentro de un automóvil. La escena no fue solo para matar: fue para dejar marca, para que el mensaje quedara escrito en el cuerpo, en el fuego y en la memoria pública. Eso es lo que vuelve al caso una bisagra en la historia argentina: no es el homicidio de un individuo, sino un ataque a una función social esencial: mirar, registrar y publicar allí donde esa mirada se vuelve intolerable para un poder que exige invisibilidad.

Ese punto, en la Argentina de los años noventa, tuvo nombre propio. La cobertura periodística y los registros de época son consistentes en un dato decisivo: la fotografía que expuso a Alfredo Yabrán, la que rompió el pacto de anonimato, fue publicada menos de un año antes del asesinato. La relación no se explica por casualidades, sino por lógica de sistema: cuando un actor con redes, recursos y miedo administrado es sacado a la luz, el costo se paga en sangre.

Había señales previas. En diciembre de 1996, Noticias publicó la investigación de Edi Zunino y Joe Goldman titulada “La ESMA de Yabrán”. No fue un título retórico: el artículo denunciaba el reciclaje de hombres del aparato represivo y la existencia de dispositivos privados de control que remitían a las zonas más oscuras del Estado. Un mes después, el fotógrafo de esa misma revista apareció quemado. Esa continuidad temporal no es metáfora: es contexto.

En paralelo, la política ya había tocado el nervio. Domingo Cavallo había denunciado públicamente a Yabrán en 1996; esa disputa formó parte del conflicto que terminó con su salida del gobierno. Ocho meses después, Cabezas estaba muerto. El patrón es simple y feroz: cuando se nombra lo que no debe ser nombrado, el sistema se defiende.

Por eso 1997 no es una fecha para recordar: es una fecha para entender.

El caso Cabezas expone una verdad que se repite en la historia argentina: el Estado formal discute; el Estado real opera. Y cuando opera, lo hace con herramientas antiguas y eficaces: intimidación, disciplina, silencios comprados y miedo administrado. De allí nace un grito que no fue consigna ni marketing moral, sino advertencia institucional: “No se olviden de Cabezas”. Porque cuando se olvida, se repite.

El tablero en llamas. El asesinato de José Luis Cabezas no irrumpe en un vacío. Ocurre en un país políticamente incendiado, donde el poder formal discute el futuro mientras el poder real administra el presente. En 1996–1997, la Argentina vive una guerra interna no declarada dentro del peronismo: Carlos Menem y Eduardo Duhalde ya no comparten horizonte. La sucesión presidencial de 1999 empieza a ordenarlo todo: alianzas, silencios, tolerancias y, sobre todo, zonas liberadas.

Menem conserva el control del Estado nacional, pero Duhalde gobierna la provincia de Buenos Aires, el territorio donde se concentra la policía más numerosa, más autónoma y más penetrada por lógicas de recaudación. Esa fractura explica algo central: nadie manda del todo, y cuando nadie manda del todo, mandan las redes. El caso Cabezas estalla en ese interregno, donde el poder político está en disputa y el poder fáctico opera sin supervisión efectiva.

En ese clima, la denuncia de Cavallo contra Yabrán no fue un exabrupto aislado: fue un misil en medio de la interna. Cavallo rompe una regla no escrita —nombrar al poder económico-policial— y el sistema reacciona con una lógica conocida: expulsión política primero, disciplinamiento simbólico después. La secuencia es incómoda pero verificable: julio de 1996, Cavallo fuera del gobierno; enero de 1997, Cabezas asesinado. No hay que probar conspiraciones para advertir patrones.

La provincia de Buenos Aires, mientras tanto, es el escenario donde esa tensión se vuelve material. La policía bonaerense de los 90 no es una fuerza subordinada: es un actor político-económico con caja propia, vínculos empresariales, control territorial y capacidad de presión. Investiga, recauda y decide. Ese modelo, heredado históricamente, tolerado y funcional, entra en crisis cuando el crimen de Cabezas expone al mundo una verdad doméstica: la policía no solo falla, también gobierna.

Dicho sin eufemismos: en 1997, la Argentina entendió, a un costo altísimo, que la democracia no se defiende solo con elecciones, sino con instituciones capaces de controlar a quienes portan armas, información y miedo. El crimen de Cabezas es el punto donde esa verdad se vuelve inocultable.

La indignación popular alcanzó el máximo de ebullición cuando se supo que, el mismo día en que ante el Juzgado Criminal de Dolores que investigaba el crimen el representante legal de la querella que representaba a los padres, hermana, esposa e hijos de José Luis había pedido la detención de Yabrán y sus cómplices por considerarlo el principal sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato, el presidente de la Nación ordenaba recibirlo en la Casa Rosada. El final de la reunión consta en las redes sociales.

Síndrome de Estocolmo democrático. Cuando una sociedad es expuesta durante años a fracasos estructurales, a promesas incumplidas, a crisis cíclicas y a una sensación persistente de indefensión, comienza a aceptar —y a veces justificar— formas de poder que no se legitiman por sus logros democráticos, sino por contraste con un pasado presentado como aún peor.

Allí aparece la captación emocional permanente. El poder ya no se sostiene por la eficacia institucional, la calidad republicana o el respeto por las reglas, sino por una dicotomía falsa: orden o caos, nosotros o el abismo, lealtad o catástrofe. No se convence desde el mérito; se retiene desde el miedo. No se gobierna desde el éxito propio; se administra el fracaso ajeno.

En ese esquema, la paradoja se vuelve norma. Se toleran ciertas mafias y se condenan otras. Se relativizan abusos si provienen del “lado correcto”. Se justifican prácticas opacas en nombre de una supuesta estabilidad. El poder no necesita ya ocultarse del todo: le alcanza con redefinir el umbral de lo tolerable. La víctima, el ciudadano, no defiende al victimario porque lo ame, sino porque teme perder el precario equilibrio que cree haber alcanzado.

La democracia, en este punto, enfrenta su mayor desafío silencioso. No el golpe explícito, no la ruptura formal, sino la naturalización del contrasentido. La aceptación gradual de que el poder no rinda cuentas, de que algunas reglas sean optativas, de que ciertos límites puedan correrse “por esta vez”. El síndrome de Estocolmo político no se manifiesta en adhesiones fanáticas, sino en resignaciones razonables, en silencios explicables, en indulgencias selectivas.

Leído así, el caso Cabezas vuelve a interpelar desde otro ángulo. Porque el crimen no solo buscó eliminar una mirada incómoda, sino advertir sobre los costos de no adaptarse. El mensaje era claro: hay límites que no deben cruzarse, verdades que conviene no mirar, poderes con los que es mejor convivir. La reacción social de entonces fue romper ese hechizo. Recordar que no hay estabilidad posible cuando se negocia la verdad.

Tal vez por eso, a casi tres décadas, el homenaje a Cabezas no es solo memoria histórica. Es una vacuna cívica contra ese síndrome sutil que reaparece cuando la democracia se debilita: la tentación de confundir protección con sometimiento, gobernabilidad con silencio, orden con renuncia.

Cuando una sociedad naturaliza la captación emocional del poder, el primer daño no es institucional: es perceptivo. Se pierde la capacidad de distinguir entre protección y sometimiento, entre orden y silencio impuesto. En ese punto, la democracia no cae: se anestesia. Y lo hace aceptando que mirar demasiado, preguntar de más o documentar lo incómodo puede ser visto como una provocación innecesaria.

Allí es donde el síndrome de Estocolmo político revela su costado más peligroso: no necesita justificar la violencia; le alcanza con relativizarla. No exige adhesión explícita; se conforma con la tolerancia selectiva. El poder ya no debe demostrar legitimidad propia: le basta con señalar un pasado peor, un enemigo más caótico, un miedo más grande.

El caso Cabezas irrumpe precisamente en ese punto de inflexión. No como excepción, sino como advertencia. Porque cuando la mirada independiente se vuelve intolerable, cuando el periodismo deja de ser control y pasa a ser riesgo, el problema ya no es la prensa: es la violación de los límites mismos del sistema.

Desde ahí, el homenaje deja de ser memoria y se convierte en frontera.

La advertencia que sigue ardiendo. El asesinato de José Luis Cabezas no buscó silenciar una nota. Buscó disciplinar una función. El mensaje no fue solo para Noticias ni para el periodismo: fue para cualquiera que osara hacer visible lo que el poder había decidido no mostrar.

Por eso la foto no es un detalle anecdótico: es un acto institucional. Fotografiar, en ese contexto, fue ejercer control democrático cuando las otras instancias —políticas, policiales, judiciales— habían fallado o mirado hacia otro lado.

La Argentina ya conocía esta lógica. La historia la repite con distintos nombres y distintas víctimas: cuando el poder se vuelve opaco, la primera frontera que intenta quebrar es la mirada. Ayer fue el fotógrafo; hoy puede ser el fiscal, el juez, el perito, el testigo. El método es el mismo: aislar, estigmatizar, intimidar, quebrar. El caso Cabezas lo mostró con una crudeza que volvió imposible seguir fingiendo que se trataba de “excesos” o “desbordes”.

Por eso el cierre no puede ser nostálgico. “No se olviden de Cabezas” no es un lema conmemorativo; es una instrucción institucional. Olvidar no es un acto pasivo: es una forma activa de habilitar la repetición. Cada vez que se naturaliza la violencia contra quien investiga, pregunta o documenta, el Estado se achica y el poder real se agranda.

El crimen de 1997 dejó una enseñanza que incomoda a todos los gobiernos, sin excepción: las instituciones no se defienden declamándolas, sino aceptando que el control duele. Duele cuando la prensa expone. Duele cuando la justicia investiga. Duele cuando se le quita autonomía a las fuerzas armadas del Estado. Pero ese dolor es el precio mínimo de la democracia. El costo de no pagarlo es infinitamente mayor.

Cabezas no murió por una foto. Murió porque esa foto rompió un pacto de silencio. Y los pactos de silencio son la materia prima de todas las mafias, grandes o pequeñas, estatales o privadas. La quema del cuerpo fue el intento final de borrar la prueba. Fracasó. Eso sí fracasó. Porque lo que no pudieron quemar fue la conciencia social de que algo se había roto para siempre.

Veintinueve años después, el homenaje no consiste en repetir su nombre, sino en sostener el límite que su muerte trazó. Cada vez que ese límite se corre, el fuego vuelve a acercarse.

Cada vez que se lo defiende, Cabezas sigue mirando.