El caso Paula Parisot y las fallas de la justicia frente a la violencia de género

Durante meses, la escritora y artista Paula Parisot convivió con una sensación persistente de desprotección. No se trató solo del hostigamiento que denuncia haber sufrido en el ámbito personal y familiar, sino de un recorrido judicial que, lejos de ofrecer amparo inmediato, profundizó el desgaste emocional propio de quienes acuden al sistema en busca de resguardo. En las últimas semanas, su caso dio un giro clave: la Fiscalía de Género de la Ciudad de Buenos Aires tomó formalmente la causa, un paso que reconoce la dimensión del daño denunciado y la necesidad de abordarlo desde una perspectiva especializada.

Parisot, nacida en Brasil y radicada desde hace años en la Argentina, denunció un patrón sostenido de hostigamiento, manipulación emocional y violencia psicológica que la llevó a solicitar una medida de restricción contra Eduardo Haber, excuñado y miembro de una familia de fuerte peso económico en Brasil. Sin embargo, el conflicto no se limitó a lo interpersonal. Según su relato, el verdadero quiebre se produjo cuando el proceso judicial comenzó a reproducir lógicas de revictimización: demoras, exigencias reiteradas de declaración, miradas escépticas y un funcionamiento institucional que no siempre comprendió la gravedad del daño emocional involucrado.

Ese recorrido expone un problema estructural que distintas especialistas en derecho de familia y género vienen señalando desde hace años: la violencia institucional como una segunda capa de agresión. Protocolos que no se activan a tiempo, operadores sin formación específica y una burocracia que muchas veces desconoce el impacto psicológico del hostigamiento sostenido pueden convertir a la justicia en un terreno hostil para las denunciantes.

En el caso de Parisot, ese desgaste no fue individual. Sus hijos y su entorno cercano también quedaron atrapados en un clima de alerta permanente. Cambios de rutina, temor constante a la reactivación del conflicto, noches sin dormir y un impacto directo en la salud emocional familiar forman parte de una experiencia que se repite en numerosos casos de violencia psicológica y vicaria, donde el daño se extiende más allá de la víctima directa.

La decisión de denunciar implicó, además, exponerse públicamente y revivir episodios que la propia denunciante describe como profundamente dolorosos. “Cuando una mujer llega al punto de pedir una medida de restricción, no lo hace por impulso”, sostuvo en una entrevista reciente. Es, en general, el último recurso luego de haber agotado instancias previas y haber atravesado situaciones que comprometen la integridad emocional y psicológica.

La intervención de la Fiscalía de Género abre ahora un nuevo escenario. No supone una resolución inmediata, pero sí habilita herramientas más acordes a la complejidad del caso: peritajes especializados, acompañamiento, medidas preventivas y una lectura que reconoce que el conflicto no es meramente privado, sino atravesado por relaciones de poder y dinámicas de violencia basadas en género.

Aun así, los desafíos persisten. La lentitud del sistema, los estereotipos que todavía pesan sobre las denunciantes y la falta de una perspectiva de género integral en todos los niveles del Poder Judicial siguen siendo obstáculos concretos. La existencia de fiscalías especializadas, advierten quienes estudian estos procesos, no alcanza si no se traduce en una transformación real de las prácticas cotidianas.

En paralelo a ese recorrido judicial, Parisot encontró en el arte un espacio de resistencia y reconstrucción. Su próxima muestra, “Geometría de la Memoria”, que se presentará en 2026 en el Museo de Arte de Brasilia y luego en el Centro Cultural Helio Oiticica de Río de Janeiro, condensa ese proceso: transformar el trauma, el miedo y el desgaste en un lenguaje visual que permita recuperar la voz y la identidad.

El caso de Paula Parisot excede su historia personal. Funciona como un espejo de las dificultades que enfrentan muchas mujeres cuando deciden denunciar violencia psicológica y emocional. La reciente intervención de la Fiscalía de Género marca un punto de inflexión posible, pero también deja una pregunta abierta: hasta qué punto el sistema judicial está preparado para proteger sin dañar, escuchar sin sospechar y garantizar justicia sin revictimizar.