El Estado que decidió robar

Existe una categoría de análisis para la que el lenguaje político habitual resulta insuficiente. Se trata de los Estados que abandonaron la producción como principio organizador y han adoptado el crimen como modelo de negocio. Corea del Norte no es el único país con actividades ilícitas, ni el único régimen que evade sanciones. Esto es algo cualitativamente distinto, el primer Estado en la historia moderna cuya fuente principal de divisas es el robo sistemático, institucionalizado y ejecutado con los instrumentos del poder soberano.

La arquitectura es coherente. La Oficina 39 del Comité Central del Partido de los Trabajadores es el organismo gubernamental encargado de mantener el fondo de divisas del líder, supervisando actividades que van desde la falsificación de moneda hasta la producción de drogas, controlando en 2010 más de 100 empresas comerciales y bancos en diecisiete sucursales en el exterior, con activos estimados en $5.000 millones de dólares distribuidos en Macao, Hong Kong y Europa. Y esto es el Estado mismo operando como empresa criminal.

El inventario de actividades es amplio y antiguo. Las actividades ilícitas documentadas incluyen producción y tráfico de narcóticos, falsificación de moneda y bienes de consumo, tráfico de armas, tráfico humano, tráfico de vida silvestre y contrabando de minerales de conflicto.  Durante décadas, el régimen operó plantaciones de amapola a escala nacional, con instrucciones directas de Kim Il Sung para cultivar opio en 1991 tras el corte de subsidios soviéticos, llegando a producir estimativamente una tonelada mensual de heroína y una tonelada de metanfetamina para exportación. La respuesta al surgimiento del mercado asiático de estimulantes fue inmediata y Pyongyang reorientó capacidad industrial hacia la producción de metanfetamina de alta pureza. Según analistas especializados, el régimen también produce grandes cantidades de Viagra falsificado, fentanilo y otros narcóticos sintéticos que circulan en mercados de América del Norte. 

En el plano de la falsificación monetaria, Corea del Norte alcanzó un nivel técnico que obligó al Tesoro de los Estados Unidos a rediseñar el billete de cien dólares. El Servicio Secreto fue categórico en señalar que los “superbilletes” norcoreanos son los más perfectos del mundo, con una sofisticación técnica que evidencia una empresa criminal bien financiada con componentes científicos de primer nivel. En suma, la falsificación no era un negocio marginal: era ingeniería de precisión financiada por el Estado.

Las armas constituyen otro vector con ventas de munición de artillería a Rusia que podrían generar $1.000 millones de dólares en ingresos para el régimen. Según la consultora RAND, Corea del Norte tiene presencia en actividades de proliferación en 38 de 54 países africanos, incluyendo venta de armas, contrabando encubierto y financiamiento ilícito; al tiempo que sus ventas desestabilizan aproximadamente el 15% del continente, el Sahel en particular.

Pero la evolución más significativa es la digital. A partir de los años 2010, el régimen construyó la capacidad ofensiva cibernética más rentable per cápita del planeta. Un informe de 2024 del Consejo de Seguridad de la ONU estableció que las actividades cibernéticas maliciosas generan un 50% de los ingresos en divisas de Corea del Norte y financian el 40% de sus programas de armas de destrucción masiva. En 2025, por segundo año consecutivo, las operaciones de robo de criptomonedas norcoreanas batieron su propio récord, acumulando $2.020 millones de dólares ese año, lo que eleva el total robado desde 2016 a $6.750 millones.  Un solo golpe, el hackeo al exchange Bybit en febrero de 2025, produjo el robo de aproximadamente $1.500 millones de dólares en activos virtuales en una sola operación, atribuida por el FBI al grupo TraderTraitor. 

En 2025, los ataques norcoreanos representaron el 76% de todos los compromisos de servicios de criptomonedas a nivel global, logrando resultados mayores con menos incidentes, lo que demuestra una sofisticación y paciencia crecientes.  El patrón de lavado es igualmente preciso, el régimen muestra preferencia sistemática por servicios de lavado en idioma chino, protocolos y redes de corredores, con un ciclo de lavado de aproximadamente 45 días tras grandes robos. 

El esquema de trabajadores falsos, que acaba de expandirse a Europa, es la pieza más reciente y reveladora de este sistema. Los operadores crean identidades falsas, obtienen empleo remoto en empresas tecnológicas, y transfieren sus salarios al régimen a través de redes de facilitadores que gestionan cuentas bancarias y laptops corporativas en suelo occidental. La mutación más reciente va más lejos y los trabajadores exfiltran datos propietarios al ser contratados y, al ser despedidos, exigen rescates en criptomonedas de seis cifras bajo amenaza de entregar información sensible a competidores. Ya no es solo robo de salarios, sino penetración corporativa sistémica con capacidad de inteligencia y extorsión.

Lo que emerge de este inventario es una doctrina de Estado. Académicos especializados en seguridad nacional acuñaron la categoría de “soberanía criminal” para describir un Estado donde el gobierno no tolera ni extrae renta de actividades criminales, sino que las dirige directamente desde los más altos niveles del poder. La diferencia con, por ejemplo, un Estado capturado por el narcotráfico es estructural porque allí el crimen infiltra al Estado; aquí el Estado es la organización criminal.

La consecuencia estratégica central es la que menos se discute porque este modelo es invulnerable a los instrumentos convencionales de presión. Las sanciones no funcionan porque el régimen no depende del comercio legítimo. La disuasión militar convencional no funciona ante un arsenal nuclear que hace prohibitivo cualquier ataque. El principal desafío de las sanciones es el cumplimiento, y es responsabilidad de cada estado aunque frecuentemente muchos carecen de recursos para inspeccionar cargamentos, y en 2022 Rusia y China vetaron por primera vez en el Consejo de Seguridad una propuesta de expansión de sanciones. El escudo diplomático de Beijing y Moscú cierra el único canal multilateral que podría generar presión real.

Lo que existe, entonces, es solo defensa. Mejores procesos de contratación, mejores controles en los exchanges de criptomonedas, mejores herramientas de verificación de identidad. Nada de eso reduce la capacidad ofensiva del régimen, aunque eleva marginalmente el costo de cada operación individual, forzando adaptaciones que el régimen demuestra ejecutar con velocidad y eficiencia considerables.

La pregunta que el análisis convencional evita es si el mundo está ante una anomalía temporal o ante un modelo que podría replicarse. Un Estado que abandona la producción, adopta el crimen digital como fuente primaria de ingresos, escuda su impunidad con armamento nuclear y opera con la disciplina burocrática de un gobierno formal no es una aberración histórica pasajera sino una prueba de concepto. Y hasta ahora, la validación es exitosa.

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