Las razones por las que Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la Causa Seguros

La Cámara Federal de Casación Penal anuló por mayoría la resolución que había confirmado el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales. El máximo tribunal penal federal también anuló el embargo de bienes dictado contra él, que ascendía a más de 14.634 millones de pesos.

La decisión fue adoptada por la sala IV del tribunal. Los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo votaron a favor de la anulación, mientras que el juez Gustavo Hornos lo hizo en disidencia.

El argumento central: fiscalía y defensa coincidían

La razón de fondo que llevó a la mayoría a anular el fallo radica en una contradicción procesal. El fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Aguero Iturbe, había sostenido en una audiencia previa que no existían elementos de prueba suficientes para mantener el procesamiento y solicitó expresamente que se lo revocara y se dictara la falta de mérito. Esa postura coincidía con la de la defensa del ex presidente.

Sin embargo, la sala II de la Cámara Federal —el tribunal intermedio de apelaciones— confirmó el procesamiento de todos modos, apartándose de lo pedido por la fiscalía actuante en esa instancia. Ante eso, la defensa de Fernández recurrió a Casación argumentando una "afectación al principio acusatorio y al debido proceso".

El juez Borinsky señaló en su voto que "no existió controversia entre las partes —defensa y Ministerio Público Fiscal actuante ante la Cámara— en cuanto al temperamento a adoptar respecto de su situación procesal". En base a ese razonamiento, al que adhirió Carbajo, concluyeron que la Cámara Federal se apartó de la postura solicitada en forma unánime por fiscalía y defensa. Ordenaron entonces que se dicte una nueva resolución, e indicaron que ya se están tomando nuevas declaraciones de los testigos propuestos por la defensa.

La disidencia de Hornos

El juez Hornos sostuvo que el recurso debía declararse inadmisible, lo que hubiera dejado firme el procesamiento. Su argumento se apoyó en el dictamen del fiscal general ante Casación, Raúl Pleé, quien se manifestó por rechazar el planteo de la defensa del ex presidente y fundamentó su posición en la unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal y en la necesidad de investigar delitos de corrupción estatal. Para Hornos, ese dictamen era el que debía tenerse en cuenta, y no el del fiscal de la instancia anterior.

Hornos también sostuvo que el procesamiento dictado —sin prisión preventiva— y confirmado por la Cámara de Apelaciones estaba "suficientemente fundado en derecho y en las constancias de la causa", en relación con los hechos investigados, que apuntaban a un supuesto esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales.