Video: así son las charlas por las que la esposa de Adorni facturó $ 6,3 millones

La figura del jefe de Gabinete Manuel Adorni quedó envuelta en una serie de controversias que exceden su rol político y alcanzan tanto su vida privada como las actividades profesionales de su esposa, Bettina Angeletti, en un entramado que combina contrataciones estatales, viajes oficiales cuestionados y presuntas inconsistencias patrimoniales.

En el centro de las críticas aparecen las actividades de coaching que Angeletti brindó a una empresa vinculada a la petrolera estatal YPF: su consultora +BE percibió $6.370.000 por trabajos de coaching empresarial brindados a National Shipping S. proveedora clave de YPF, con contratos millonarios ligados al transporte de hidrocarburos.A. Las tareas consistieron en tres jornadas de capacitación realizadas entre noviembre de 2024 y octubre de 2025. Según reconstrucciones periodísticas, se trataba de charlas orientadas al desarrollo personal, liderazgo y motivación laboral dentro de equipos corporativos, con ejes en la gestión emocional, la productividad y el “cambio de mindset” en entornos de trabajo.

En esos cursos, difundidos en ámbitos internos y promocionales, se destacaban consignas como “romper creencias limitantes”, “alinear propósito personal con objetivos organizacionales” o “liderar desde la autenticidad”, frases típicas del coaching ontológico y empresarial. "El silencio es un regalo, es una de las herramientas más poderosa para conectar y liderar con el corazón. En un mundo que valora la rapidez y las respuestas inmediatas, te invito a reconectar con la calma", aconsejó Angeletti en un fragmento de un podcast viralizado en redes sociales. 

Sin embargo, uno de los puntos que alimentó el debate fue la falta de claridad sobre la formación académica específica de Angeletti en estas disciplinas. Aunque se la presenta como coach y facilitadora, no trascendieron títulos universitarios directamente vinculados con psicología, recursos humanos o ciencias del comportamiento, lo que abrió interrogantes sobre los criterios de contratación y los montos percibidos por este tipo de servicios.

El caso tomó mayor dimensión cuando se sumó el escándalo por el viaje oficial a la Argentina Week en Nueva York. Allí, Adorni viajó junto al presidente en el avión presidencial, pero incluyó en la comitiva a su esposa, quien no ocupa ningún cargo público. El episodio generó cuestionamientos porque el propio funcionario había respaldado previamente normas que prohíben el uso de aeronaves oficiales para familiares. La explicación oficial sostuvo que Angeletti había pagado inicialmente su pasaje, pero que luego fue incorporada por cambios en la agenda, lo que no logró disipar las críticas en torno al uso de recursos estatales.

A esto se sumó otro episodio: un viaje previo de la pareja a Punta del Este en un avión privado, cuyo costo fue estimado en varios miles de dólares y del cual nunca se aclaró públicamente quién afrontó los gastos.  Este dato reforzó las sospechas sobre un nivel de gasto difícil de compatibilizar con los ingresos declarados por el funcionario.

En paralelo, la situación patrimonial de la pareja quedó bajo la lupa judicial. Una investigación reveló que una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, figura a nombre de Angeletti, aunque no habría sido correctamente registrada en los ámbitos municipales, lo que generó sospechas sobre posibles omisiones en las declaraciones juradas. El valor estimado de la operación, junto con otros gastos detectados, superaría ampliamente los ingresos declarados.

El expediente también incluye la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, que se suma a otras propiedades ya informadas, lo que alimentó cuestionamientos sobre un crecimiento patrimonial acelerado. En ese caso, además, se investigan mecanismos de financiamiento poco habituales, como préstamos privados significativos.

En conjunto, las charlas de coaching en una empresa estatal, el uso del avión presidencial con fines discutidos, los viajes en aeronaves privadas y las inconsistencias en la declaración de bienes configuran un escenario que derivó en investigaciones judiciales y un fuerte impacto político, con el caso convertido en uno de los focos más sensibles para el Gobierno en materia de transparencia y ética pública.