Un comunicado oficial de la Presidencia adelanta que Mauricio Macri anunciará “el ajuste” del Estado. A la hora acordada, el Presidente aparece en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Está “contento” después de su viaje por Rusia, Suiza y Francia. Habla de “seguir el camino de la verdad” y de “cambiar la cultura mezquina”. Tras una larga introducción, cumple con la promesa del aviso, pero no dice “ajuste”. Lo reemplaza por “austeridad”. Y lanza tres medidas: un recorte del 25% en la planta política; el congelamiento de los sueldos y la expulsión de los familiares de los funcionarios del organigrama. No menciona a los empleados rasos, pero ellos intuyen que también forman parte del plan. Fueron auditados durante 2017 y se preparan para meses de telegramas.
El recorte por ahora alcanza a los altos cargos: ministros, secretarios, subsecretarios y directores. Serán mil menos. Un 25% del total, con un ahorro de 1.500 millones de pesos por año. La tarea fue comandada por la Dirección de Diseño Organizacional (DDO) que maneja el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, desde julio pasado, cuando un decreto se la quitó al ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Pero Quintana no salió a explicar la medida. Llamativamente, el que dio la cara fue Ibarra, que tuvo que sentarse a negociar el recorte dentro de su joven y poblada cartera como uno más.
La cocina
La DDO tiene un plantel de alrededor de 20 personas. Funcionaba en la Jefatura de Gabinete hasta que el Gobierno creó el Ministerio de Modernización y se la transfirió. Devuelta a su lugar de origen, en los últimos meses trabajó duro para que cada ministro diseñara el recorte interno. Pero nunca se mudó de edificio. Comparte techo con su antiguo patrón.
Seguridad, Cancillería y Modernización resistieron con más fuerza el achique, según pudo saber NOTICIAS. Hacienda tuvo la lupa encima: le exigieron derribar una estructura antigua, vigente desde los '90, cuando controlaba otras áreas como Obras Públicas, Finanzas y Transporte. Para los más chicos, como Medio Ambiente y Cultura, la exigencia fue menor.
La consultora Boston Consulting Group, que asesoró a la DDO, evaluó distintos proyectos. El plan inicial de Quintana era suprimir subsecretarías y direcciones. Pero fue descartado. La idea que prosperó algunos la atribuyen a Ibarra: cada ministro a cargo de su propio plan de estructura. Las pautas mínimas eran un recorte de cargos del 20%, otro 20% de ahorro de masa salarial y una reducción en la cantidad de líneas de mando.
“El recorte es positivo pero no llega a eliminar la cantidad de cargos que se crearon en estos dos años. Ni siquiera iguala la planta política que dejó Cristina Fernández, que era un despropósito”, aseguran fuentes calificadas a NOTICIAS. Para los gremios, el anuncio es un peligro: “La reducción política los habilita a hacer el ajuste de personal”, advierte a NOTICIAS un delegado de ATE.
Lo que viene
El recorte de personal sí está a cargo de Ibarra, a través del Plan de Dotaciones. El objetivo es achicar la plantilla de 210.000 empleados en la Administración nacional central y descentralizada. Más de mil dependencias ya fueron auditadas y se espera que en los próximos meses cada una despida a los trabajadores acordados.
Durante el proceso, los auditores debían echar mano a la imaginación. “Nos decían que había que 'inferir', estaba prohibida la palabra 'inventar'”, cuenta a NOTICIAS uno de los responsables de la tarea en estricto off. “Teníamos que calcular cuánto tiempo le llevaba a un empleado hacer una llamada telefónica, tener una reunión, viajar, diagnosticar una gripe en un paciente o responder un mail. Y muchas veces poníamos cosas inventadas, porque son tareas difíciles de calcular. Los jefes trataban de llegar al número con un Excel y sumaban o sacaban para llegar”. Lo que se llama “dibujar”.
El programa pertenece a la Dirección de Análisis y Planeamiento de Dotaciones, que depende de la Dirección Nacional de Innovación de Gestión, que responde a la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público, de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización. Un ejemplo de las líneas de mando que se intentan suprimir.
A cargo de Dotaciones está María Agustina Macías. Su cargo es menor, pero en el 2017 controló a la consultora para la que trabajó hasta un mes antes de entrar al Estado. Se trata de KPMG, que ingresó por una licitación pública en marzo pasado para capacitar a los auditores.
NOTICIAS intentó comunicarse con Macías, pero no respondió. Modernización contestó en su nombre ante la consulta por un posible conflicto de intereses: “Ella sólo hacía el seguimiento de la consultora, que fue contratada por un superior”.
Macías tiene un rol activo cuando llega la orden de “abrir” un ministerio. En las reuniones de apertura, Dotaciones pasa a tener acceso a las listas de personal y emprende un raid interno para conectar trabajador con tarea. “Hay un número al que llegar y dicen cuántos contratos sobran o faltan en cada lugar”, cuenta otra fuente cercana al área.
Carolina Stanley, en Desarrollo Social, fue una de las que opuso mayor resistencia. “No quería que le sacara los 2.000 asistentes técnicos que tenían”, aseguran. Otra cartera difícil fue Justicia: Germán Garavano retrasaba las reuniones y daba vueltas para entregar la información.
Al final, los ministros recibían un informe con el número de recortes sugeridos. Cuando lo firmaban, Dotaciones se retiraba y la ejecución del plan quedaba en sus manos.
Óptimos
El rol de Dotaciones no es nuevo para los funcionarios que llegaron a Nación desde el Gobierno porteño. Están familiarizados con los tableros de control de metas y objetivos que comenzaron a instalarse en las dependencias. En la Ciudad los usan desde hace tiempo. Y analizan tareas y perfiles de cada trabajador para “optimizar” los recursos.
Modernización impulsa también las evaluaciones de desempeño y la instalación masiva de sistemas de control biométrico para monitorear el presentismo. Quedan afuera los trabajadores que no cumplen horario en un edificio. El rumor gremial es que preparan una APP para “marcar tarjeta” desde el celular.
En el entorno de Ibarra se excusan: “Las medidas de control las piden los organismos con problemas”. Entre ellos, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en conflicto por 250 despidos, y Fabricaciones Militares, con más de 300. Las cúpulas se quejaban del ausentismo y la superposición de tareas.
Los recortes del personal durante el 2018 serán en mayor medida sobre los 69.000 contratados. Unos 5.000, que tienen años de “contratos basura”, pasarán a planta permanente, promete Modernización. También continuarán con las jubilaciones en fecha que están frenados: “Había 10.000 en edad cuando llegamos y ya jubilamos unos 4.000”, explican.
“La situación es dramática”, describe el secretario general de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy. El representante de uno de los gremios mayoritarios del Estado (junto a UPCN) asegura que el Gobierno “cerró el diálogo y obliga a redoblar las medidas de acción”. La resistencia, dice, será en las calles.
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