Acoso fiscal: amenaza de más gasto

El paralelismo con las recientes movilizaciones en Buenos Aires por el ahogo financiero de las universidades, o la emergencia del sistema de discapacidad, con las protestas de alta intensidad en Francia, Bélgica e Italia plantea la similitud con la situación argentina, con reclamos, allí y acá, por recortes en el gasto social y educativo. Sin embargo, hay diferencias que conviene destacar, pero también proyecciones que marcan señales de alerta.

El tablero macro. El primer indicador que marca la incertidumbre es el riesgo país, un número que refleja el costo de financiamiento de un país por sobre lo que se entiende es el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a mediano plazo. Actualmente, en un escenario geopolítico complicado y con elecciones de medio término a la vuelta de la esquina que podrían cambiar la composición de fuerzas en el Congreso, la tasa está por encima del 5% anual. En Francia se toma como referencia el que paga el gobierno federal de Alemania y empezó a despegarse tocando los 200 puntos básicos (2% más que el costo de endeudamiento del Bundesbank). En Argentina fue subiendo en los últimos dos meses y se instaló un nuevo piso, pasando de 400 puntos a casi 600 puntos (670 en esta última semana). Tanto para el gobierno debilitado de Macron como para el de Milei, que ingresó de lleno en la lógica electoral, una suba de la tasa de interés internacional como la del riesgo país pone en duda la capacidad de poder hacer frente a los servicios de deuda que, en ambos casos, se originaron por la acumulación sucesiva de déficits fiscales. La primera diferencia es que el costo de financiamiento de uno y otro es diferente: 5% anual en euros para Francia y más del doble para Argentina (11%), aunque la financiación de organismos internacionales es bastante menor. Pero también que en los últimos dos años mientras localmente se generaba superávit primario (antes de pagar los servicios de deuda) en Francia, al igual que en Bélgica, el gasto fue subiendo paulatinamente generando un rojo de más de 5% del PBI que podría agrandarse si el costo financiero aumenta por las dificultades de pago y las dificultades de ajustar las cuentas públicas. A esto se le suma, por si fuera poco, la decisión de los Estados Unidos de traspasar el costo de defensa de la OTAN a los gobiernos europeos miembros.

En Argentina, la situación emite señales contradictorias. A la “buena salud” fiscal, las dudas surgen por el ascenso del costo de financiamiento, la concentración de servicios de deuda en los próximos tres años y la viabilidad de mantener el superávit en los términos actuales (en descenso hasta proyectar +1,2% y un superávit financiero casi nulo: +0,2%). Es decir, cualquier alteración en el gasto operativo o financiero, cambiaría la ecuación y alteraría la sostenibilidad del programa.

Otra diferencia con la situación francesa, belga o incluso la incipiente de Italia y España es que bajo la cobertura de una modesta tasa de crecimiento (ajustado ahora por las consultoras a +1,5% anual) se agrupan situaciones muy diferentes según sectores y zonas geográficas, coexistiendo enclaves de muy alto dinamismo con otras zonas urbanas de recesión prolongada.

La balanza. La última información del INDEC sobre actividad económica arrojó un resultado ambiguo: mientras el índice mostró que en agosto el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída de 1,7% en la comparación interanual, tuvo un incremento de 0,1% respecto a julio en la medición

desestacionalizada. Pero las diferencias sectoriales resultan elocuentes: con relación a igual mes de 2025, cinco sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en agosto: Explotación de minas y canteras (+11,1%) y Electricidad, gas y agua (4.3%), encabezan la lista. Estas actividades fueron a su vez las de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguidas por Hoteles y restaurantes (+3,1%). La suma de estos sectores aportó 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE. Mientras tanto, Por su parte, diez sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, destacándose: Pesca (-15,7%), Industria manufacturera (-3,2%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,5%), restándole 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

La semana pasada también se conoció un nuevo récord exportador: la cuenta perforó los US$10.000 millones para septiembre según el INDEC, mostrando el impacto positivo de tres factores: el precio del petróleo por la crisis en Medio Oriente, el crecimiento de la producción del sector y el ascenso de la minería como exportador neto, por un lado; la muy buena producción de la campaña maicera, especialmente, por otro. Esto, unido al relativo estancamiento de las importaciones que incluso decrecieron (-1% interanual), por la baja demanda de insumos industriales proyecta un superávit comercial récord para este año (+US$25.000 millones).

Aspiradora en pausa. Estas cifras plantean una contradicción, porque el crecimiento sostenido del intercambio de bienes parece marcar una tendencia constante para los próximos años que diluye el tradicional estrangulamiento externo argentino, pero no termina de volcarse en las cuentas fiscales. En las provincias receptoras de inversiones bajo el paragua del RIGI (Neuquén y las mineras), el “derrame” en obra pública todavía no es visible, pese a las regalías que las provincias cobran desde la puesta en marcha de la producción. En un estudio reciente de la economista Alejandra Nazareno de la Fundación Mediterránea, explica que, en 2025, la minería explicó el 94% de las exportaciones de Catamarca, el 80% de las de Jujuy y el 44% de las de Salta. En conjunto, las tres provincias concentraron aproximadamente el 30% de las exportaciones mineras argentinas, pero tuvo un bajo impacto fiscal directo. En 2025, las regalías representaron 0,46% de los ingresos totales de Catamarca y el 0,96% de los de Jujuy. En Salta, la participación estimada de las regalías mineras fue del 0,2%. Y en cuanto al financiamiento de la inversión pública: entre 2023 y 2025, las regalías mineras significaron entre 8% y 9% de la inversión pública provincial en Jujuy, entre 3% y 4% en Catamarca y entre 1% y 5% en Salta. “Su contribución al financiamiento de la inversión pública sigue siendo limitada”, concluye.

Paralelamente, la recaudación fiscal no termina de levantar vuelo: según analiza el IARAF sobre los datos de septiembre a nivel nacional, en septiembre de 2026, la recaudación tributaria nacional tuvo un crecimiento real interanual del 3,7% pero acumula una baja real del 3% respecto al mismo período de 2025, destacándose el gran crecimiento de los derechos de exportación (+49%) y la caída de los derechos de importación (-23%) y del IVA (-5,4%).

Acoso fiscal. Finalmente, a la poca reacción de la recaudación fiscal a nivel nacional que genera esta situación, hay un punto en que la crisis europea sí se parece a la proyección de un problema argentino en crecimiento: el envejecimiento de la población que encarece el gasto social y atención a la tercera edad. Si bien no tiene impacto en el cortísimo plazo, en el que se dirimen muchas de las discusiones de política económica, su relevancia es mayúscula porque ambos ítem concentran casi 60% del gasto público nacional (régimen jubilatorio del ANSES, PAMI, programas sociales generales y subsidio a las obras sociales). Jorge Colina, economista de IDESA advierte de la escalada de esta alerta en el tablero fiscal. “Luego del ajuste aplicado por el actual gobierno, el gasto público no vinculado a la vejez es apenas un 5% superior, en términos del PBI, al que había en el promedio de la década del ’80, mientras que el gasto para la vejez, en cambio, es un 73% mayor”, analiza. Una cuestión que hoy parece lejana, pero el futuro llega inexorablemente.