A cien años del nacimiento de Michel Foucault, resulta tentador imaginar qué diría frente a uno de los debates más actuales de la Argentina: la reducción de 16 a 14 años de la edad mínima de responsabilidad penal. Y, como contrapunto, qué respondería Gary Becker, premio Nobel de Economía y autor de uno de los trabajos más relevantes sobre la economía del delito.
En 2026 el Congreso sancionó un nuevo Régimen Penal Juvenil que estableció la responsabilidad penal a partir de los 14 años. La norma plantea entre sus objetivos la responsabilización del adolescente, su educación, resocialización e integración social.
¿Qué diría Becker? Su argumento sería bastante directo. Quien evalúa cometer un delito responde a incentivos. La política criminal debe procurar disuadir antes de que el delito ocurra. El beneficio esperado depende de lo que puede obtener mediante el delito. Por su parte, el costo depende de la probabilidad de ser descubierto, condenado y de que exista una consecuencia efectiva.
Pero hay un punto que suele perderse cuando se habla de la teoría de la disuasión: disuadir no significa llenar las cárceles. En realidad, ocurre exactamente lo contrario. La política es exitosa cuando una persona decide no cometer el delito porque percibe que existe una probabilidad suficientemente alta de ser descubierta y sancionada. El resultado ideal de la disuasión es, por lo tanto, que el delito no se realice.
La evidencia desarrollada posteriormente a los trabajos de Becker reforzó esta intuición. La certeza de ser atrapado suele tener un efecto disuasorio mayor que el simple aumento de la severidad de las penas. Una pena muy alta sirve de poco si quien está por delinquir considera que la posibilidad de ser descubierto es mínima.
Los datos argentinos ayudan a dimensionar el problema. En 2023 se registraron en el país más de 870.000 robos y hurtos. Ese mismo año, las estadísticas judiciales registraron 29.382 sentencias condenatorias vinculadas a delitos contra la propiedad. Las cifras permiten dar una dimensión de la baja probabilidad de condena. Muestran una enorme distancia entre los hechos registrados y las condenas. Estos datos son consistentes con la idea de que, cuando la probabilidad efectiva de sanción es baja, los incentivos a delinquir pueden ser mayores.
La baja de la edad de imputabilidad puede analizarse desde esta perspectiva. Hasta ahora, un adolescente de 14 o 15 años quedaba fuera del régimen de responsabilidad penal. Según la teoría de la disuasión de Becker, la nueva ley modifica el costo esperado de cometer un delito.
Pero aparece además un segundo efecto que merece atención: el incentivo de los adultos que utilizan menores para delinquir. Un adulto puede tener incentivos para utilizar a un adolescente precisamente porque considera que disminuye el riesgo penal de la operación. Si la intervención de un joven de 14 o 15 años genera ahora una respuesta judicial efectiva y aumenta también la posibilidad de investigar a quienes organizaron o promovieron el delito, ese incentivo puede disminuir. Esto puede ser particularmente importante cuando son adultos, incluso integrantes de su propio entorno familiar, quienes inducen a jóvenes a delinquir. La reforma no sólo modifica los incentivos del menor, también puede modificar los de quien decide utilizarlo.
Éste sería probablemente el argumento más contundente de Becker frente a la reforma: el objetivo no es castigar a más jóvenes, sino conseguir que menos jóvenes delincan y que menos adultos tengan incentivos para utilizarlos.
Foucault entraría en la conversación desde otro lugar muy distinto. Su preocupación estaba puesta en las instituciones que las sociedades construyen para vigilar, disciplinar y castigar. Su visión de la prisión era profundamente crítica. “Las cárceles surgieron, entre otras cosas, con la promesa de corregir al delincuente y permitir posteriormente su reinserción”. Sin embargo, históricamente han mostrado enormes dificultades para cumplir ese objetivo. Foucault señalaba: “Cuanto más tiempo se está en la prisión menos se reeduca el individuo y más delincuente se vuelve”.
La pregunta de Foucault frente a la nueva ley sería entonces muy concreta: ¿qué sucede con un chico de 14 años después de ingresar al sistema penal? Si la consecuencia es abandonar la escuela, convivir con jóvenes con trayectorias delictivas más consolidadas, debilitar sus vínculos familiares y reducir sus posibilidades futuras de conseguir empleo, la intervención del Estado puede terminar agravando aquello que pretendía solucionar.
En otras palabras, incorporar a un adolescente al sistema penal puede tener un efecto disuasorio antes del delito, como plantearía Becker, pero también puede producir consecuencias muy negativas, como advertiría Foucault.
Pero el diálogo entre Becker y Foucault no agota el problema. En un contexto socioeconómico complejo, con importantes carencias económicas, educativas y familiares, el delito juvenil requiere una mirada más amplia. Estas condiciones no determinan que una persona delinca, pero pueden afectar sus oportunidades, sus incentivos y sus trayectorias de vida. Lo interesante es analizar qué puede aportar cada uno, desde su perspectiva, a una problemática mucho más compleja.
En ese contexto, habrá que observar los resultados. Si la reforma logra que algunos jóvenes decidan no delinquir porque saben que existe una respuesta estatal efectiva, habrá funcionado el mecanismo de disuasión planteado por Becker. Si además disminuyen los incentivos de los adultos para utilizar menores en la comisión de delitos, el efecto será aún más importante.
Pero si los jóvenes que ingresan al sistema penal salen con mayores posibilidades de volver a delinquir, Foucault tendrá mucho para decir. La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad no debería reducirse, entonces, a la habitual oposición entre “mano dura” y tolerancia. La pregunta es bastante más exigente: ¿la reforma consigue reducir el delito sin aumentar la reincidencia de quienes ingresan tempranamente al sistema penal?
El éxito de la política penal no se verá en cárceles cada vez más llenas. Se verá en que cada vez menos jóvenes tengan que entrar en ellas.
*Licenciado en Economía (Universidad Nacional de La Plata) y Magister en Políticas Públicas (UTDT). Profesor titular de Finanzas Públicas II (FCE-UNLP) y de Economía del Sector Público en la Maestría en Políticas Públicas (UTDT).
por Marcelo Garriga
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