La trastienda de la "Propofest"

El escándalo que hoy conmociona a la comunidad médica y pone bajo la lupa no solo al sistema de control de fármacos hospitalarios, sino también a prácticas clandestinas e irresponsables, tiene un punto de partida tan inquietante como revelador: la muerte de un joven profesional, hallado sin vida en su casa con una vía intravenosa conectada y restos de propofol y fentanilo, dos drogas de uso exclusivo clínico que no se venden en farmacias ni se distribuyen fuera de ambientes clínicos. 

La escena inicial ocurrió el pasado 20 de febrero en un departamento del barrio de Palermo. El anestesiólogo Alejandro Zalazar, de 31 años y con una trayectoria en instituciones  públicas como el Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez y el Hospital Rivadavia, fue encontrado tendido en el suelo, con insumos descartables, una bomba de infusión y sustancias que, al ser analizadas, se revelaron como propofol y fentanilo, procedentes del inventario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Enseguida, la Justicia abrió una causa que, en pocos días, destapó una trama que combina sustracción de medicamentos, redes informales de profesionales y fiestas clandestinas conocidas en el medio sanitario como “Propofest”. 

El propofol es un anestésico de acción ultrarrápida que se administra por vía intravenosa para inducir sedación profunda, generalmente antes de una intubación traqueal en quirófano. Su efecto dura apenas minutos, seguido por otros sedantes como el midazolam para mantener la anestesia. El fentanilo, por su parte, es un opioide analgésico extraordinariamente potente, hasta cien veces más eficaz que la morfina, que se usa en los postoperatorios para manejar el dolor. En un ambiente clínico controlado, ambas drogas salvan vidas; fuera de ese contexto, su uso puede provocar depresión respiratoria y apnea severa. 

Dinámica tóxica

Consultado por NOTICIAS, en el relato del enfermero Fernando, con años de trabajo en el Hospital Pirovano, se esclarece con crudeza cómo funcionan estos medicamentos (como paralelismo a lo que se busca recrear en estas fiestas clandestinas) y, sobre todo, lo estrecho que es el margen de seguridad: “Se usa en quirófano, cuando un paciente se va a operar y necesita ser entubado. Primero le colocan una máscara con un gas que lo duerme pero sigue respirando. Después le pasan propofol con el que deja de respirar por completo”. Dicho proceso, que en manos expertas es rutina, se vuelve letal sin el equipo completo ni el personal adiestrado. “Ahora bien, si al paciente el propofol no le genera los efectos esperados, se utiliza fentanilo. Cuando los pacientes ingieren muchos medicamentos para dormir, o son adictos a diversas drogas, su metabolismo se vuelve más resistente al propofol, entonces hay que utilizar fentanilo”. El conocimiento técnico, tal como lo detalla Fernando, no es una protección fuera del entorno hospitalario; es, paradójicamente, el motor del problema. 

La ruta del propofol desde el hospital hasta las “fiestas controladas” es objeto de reconstrucción en la causa judicial unificada bajo el expediente N° 8922/2026, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento. En ella, habrá que investigar dónde se realizaban, el valor del “viaje”, las medidas de prevención adoptadas, cuánto fue el material robado de los establecimientos y desde cuándo. 

A partir de los fármacos hallados junto al cuerpo de Zalazar y de los registros de trazabilidad, la investigación identificó que los medicamentos salían del Hospital Italiano y eran trasladados a domicilios particulares donde se los conservaba y administraba fuera de cualquier control médico institucional. Fernando detalla: “El propofol y el fentanilo se utilizan exclusivamente en quirófanos, terapias intensivas, unidades coronarias, guardias y shock room. Los aplica el enfermero y después lo deja por escrito en un documento que es entregado al siguiente turno para un control interno de lo que se utiliza. El médico no puede aplicarlo ni documentarlo. Pero es muy fácil de robárselo porque es un insumo muy utilizado. No se vende en farmacias. Lo único que se compra en farmacias es la morfina, pero con triple receta archivada”. 

Tres fueron los allanamientos ordenados por la División de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad en viviendas ubicadas en zonas de Caballito y de la avenida Pueyrredón, con resultados clave: secuestro de ampollas de propofol y fentanilo, bombas de infusión, jeringas, material descartable e instrumental médico que permiten establecer la trazabilidad de los insumos y confirmar su origen hospitalario. 

Los puntados

Entre los profesionales bajo investigación sobresalen los nombres de Hernán Boveri (45) y Delfina Lanusse (29). Boveri es un anestesiólogo formado en la Universidad de Buenos Aires, con residencia y carrera dentro del Hospital Italiano, donde ocupó roles académicos y clínicos vinculados a la anestesia total intravenosa y el neuromonitoreo. Tras el hallazgo del origen de las drogas, presentó su renuncia y se negó a declarar en indagatoria. Lanusse, conocida en el medio como “Fini”, es residente de tercer año de anestesiología en la misma institución desde 2023 y también fue indagada por la Justicia; su descargo fue verbal, con promesas de ampliarlo por escrito, pero sin aportar elementos decisivos sobre la sustracción de los fármacos. A ambos se les dictó la prohibición de contacto mutuo y la imposibilidad de salir del país mientras avanza la investigación. 

Una tercera participante es Chantal Leclercq, anestesióloga que cursa el tercer año de la residencia en el Hospital Rivadavia. Su nombre cobró relevancia cuando, en una ampliación de denuncia presentada por la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA), aportó un relato propio sobre el consumo de fármacos de uso quirúrgico, incluido propofol, fuera del ámbito institucional y reconoció su vínculo con el anestesista Alejandro Zalazar, cuya muerte por sobredosis fue el disparador de la pesquisa. Reconoció que le alteró su celular y la Justicia allanó su domicilio incautando su teléfono celular.

El caso se complejiza con la muerte del enfermero Eduardo Bentancourt, de 44 años, encontrado sin vida en su departamento de Palermo con múltiples ampollas de drogas anestésicas y material médico similar al secuestrado en anteriores allanamientos. Este segundo deceso, también bajo investigación, profundiza la pregunta sobre si las fiestas clandestinas, los “viajes controlados” y el uso recreativo de sustancias hospitalarias tuvieron un alcance mayor aún del inicialmente imaginado. NOTICIAS intentó hablar con la familia de Betancourt pero se negaron a declarar por instrucción de su estudio de abogados.

Los relatos aún no confirmados oficialmente, que circulan en audios de WhatsApp y conversaciones entre profesionales de la salud, describen reuniones en las que se ofrecían estos fármacos con la promesa de un estado de “relajación extrema”, algunos participantes hablan de efectos similares a los inducidos por drogas recreativas; y en las que se contaba con bombas de infusión y un encargado para “ambucear”, es decir, ventilar manualmente con un ambú a quienes sufrían apnea. Esa dinámica, impredecible y peligrosa, estaba muy lejos de cualquier protocolo médico aceptable. 

Hoy, más allá de las imputaciones y de los allanamientos, el escándalo de las “Propofest” es un espejo inquietante. Expone la vulnerabilidad de los sistemas de control de medicamentos de alto riesgo, la facilidad con que fármacos vitales pueden desviarse de su propósito terapéutico y el cúmulo de responsabilidades éticas y profesionales que están siendo escrutadas por la Justicia.