Caso Adorni: la vendetta del juez Ariel Lijo

Cuando a Javier Milei le protestaban su decisión de nombrar a Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema, el Presidente esbozaba una tibia respuesta: “Si entrás en detalles puristas podés encontrarle cosas a todo el mundo”, decía. El juez no enamoraba, pero el Gobierno estaba dispuesto a premiarlo con el mayor cargo dentro del Poder Judicial. No tuvo suerte, no se juntaron las voluntades.

Dos años después de aquella fallida aventura, desde el despacho del mismo magistrado que intentaron llevar al bronce se maneja el caso que más daño le hace al Gobierno: la presunta corrupción del jefe de Gabinete. Y el caso Adorni avanza.
En pocas semanas, Lijo compiló suficiente información para complicar, al menos públicamente, al jefe de Gabinete. Declaraciones testimoniales, solicitud de informes a las autoridades, levantamiento del secreto fiscal, información de viajes.
Pero la velocidad con la que avanza la causa no es la única incógnita en la política. Lo que más llama la atención es cómo se filtran novedades desde su juzgado. Todos los días, una información que alimenta el fuego de la indignación social contra Adorni.
El último capítulo, el del contratista que refaccionó la casa del country Indio Cuá. La información que brindó el testigo, que aseguró que el jefe de Gabinete le pagó 245 mil dólares en efectivo y en negro, se iba conociendo casi en directo por algunos medios de comunicación. A esta altura, las filtraciones del despacho del juez no son por goteo, es un chorro completo.

Confusiones.

No son pocos los que le manifiestan al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el desconcierto que les provoca el accionar de Lijo.
De manera indirecta, hay un reclamo hacia el flamante ministro, de sobrados contactos con Comodoro Py y quien, se entendía, generaría un dique de contención de las causas oficiales. Por ahora, no pasa. La pregunta recurrente es: ¿cómo puede ser que el candidato a la Corte de Milei sea tan duro con su Gobierno?
La explicación que más suena en Comodoro Py es la clásica: se acelera en la primera etapa para luego cajonear el expediente. El punto flaco de esta estrategia es que es judicial, pero no política. Podría blindar el futuro judicial de Adorni, pero el daño sobre la imagen del jefe de Gabinete será irreversible. Y no es un problema sólo de Adorni, sino de todo el Gobierno.
Es que Adorni era la mayor espada mediática del Presidente. Escondido y acusado, no sólo pierde él sino también el relato libertario.
Desde la irrupción del escándalo, debió cancelar sus conferencias de prensa y no está dando entrevistas. Del informe de gestión que dio en la Cámara de Diputados trascendió más su defensa personal que las explicaciones sobre las políticas que lleva adelante el Gobierno.
El lunes 4, previo a la declaración del contratista en sede judicial, el jefe de Gabinete volvió a brindar una conferencia de prensa. Insistió en que lo suyo era un tema terminado. No contaba con que horas después volvería a ser noticia nacional por las filtraciones del testimonio ante Lijo en Comodoro Py: la construcción de una cascada, una parrilla millonaria y un jacuzzi, entre otras cosas, hicieron recrudecer la indignación popular.

Enemigo.

Con Mahiques, Lijo siempre tuvo una buena relación. Pero este 2026 los encuentra en veredas enfrentadas. Y con objetivos similares: colocar a los propios en los cargos vacantes.
Cada uno cuenta con sus armas. Mahiques, como funcionario del gabinete, tiene incidencia directa en los concursos que se dan a lo largo y a lo ancho del país, con especial atención a Comodoro Py, y la confianza de Karina Milei. El combo perfecto. Pero Lijo también tiene lo suyo: desde afuera, pero con los expedientes como instrumento principal, puede presionar.
Les toca competir en un momento especial, por la cantidad de escritorios que deben ocuparse: entre las vacantes a llenar, además de los juzgados en distintas instancias, están la del procurador general, el defensor general y dos sillas en la Corte Suprema. Hay mucho por negociar.
Por eso el juez mira con atención los pliegos que se mandan al Congreso. Tiene interés en algunos casos puntuales, por ejemplo el de Juan Rodríguez Ponte, su ex secretario del juzgado, hoy director de la DAJUDECO (la oficina de escuchas judiciales), quien concursó para ser magistrado en Lomas de Zamora. Ese pliego ya había sido enviado al Senado durante el gobierno de Macri, pero fue retirado por Alberto Fernández. Ahora insistió.

Lijo no es el único que presiona, y hasta el final la suerte venía siéndole esquiva. La tanda de pliegos judiciales que el gobierno de Milei envió al Senado entre marzo y abril deja en evidencia un patrón nítido en Comodoro Py: los jueces federales con peso propio están a punto de ubicar a personas de su entorno en cargos clave.
Marcelo Martínez de Giorgi obtuvo el pliego para su esposa, Ana María Cristina Juan, como jueza federal de Hurlingham. Julián Ercolini consiguió que su actual secretaria, María Julia Sosa, fuera propuesta para camarista en el Tribunal Oral Federal de La Plata. Mariano Borinsky sumó dos nombramientos en simultáneo: sus secretarias más cercanas, Laura Kvitko y Jessica Sircovich, fueron postuladas para tribunales orales federales. Incluso secretarios históricos de la Cámara Federal —entre ellos Pacilio y Quinteros— quedaron incluidos en la nómina.
Ariel Lijo, consiguió recién en la última tanda que Mahiques mande el pliego de su interés. Eso muestra que, pese a haber sido candidato a la Corte Suprema de este Gobierno, hoy su relación con el Poder Ejecutivo está en una crisis de difícil resolución.
En ese contexto, se interpretan mejor los avances que tuvo Lijo en la investigación contra el jefe de Gabinete, de quien solicitó que se levante el secreto fiscal y bancario tanto de él como de su esposa, Bettina Angeletti. “Lijo se está poniendo en valor”, interpreta un funcionario judicial que conoce cómo piensa un juez federal.
Eso podría responder al interrogante recurrente sobre a qué juega el juez. Es que, al mismo tiempo, en su despacho descansa con comodidad la causa Dólar Blue y SIRA, un caso que investiga la supuesta connivencia de ex funcionarios de la gestión de Alberto Fernández con financistas para acceder al dólar oficial y revenderlo al paralelo, además de presuntas coimas que habrían pagado empresarios a gente del área de Economía, que entonces comandaba Sergio Massa, para ingresar importaciones al país.
El monto económico que se investiga en ese expediente supera ampliamente al del caso Adorni, sin embargo se mantiene en reserva. A finales de abril, Lijo decidió prorrogar por tercera vez el secreto de sumario para seguir investigando, algo poco habitual. El argumento es que quedaron medidas de pruebas por realizar.
Algunas causas van por autopista, otras por colectora y regulando.
Ningún funcionario judicial avezado tiene una mirada inocente sobre lo que sucede en Comodoro Py. Es que, tal como es la costumbre, Lijo no mira sólo lo que está pasando, sino lo que va a suceder en el futuro. Mira dos jugadas adelante.
Tuvo la oportunidad de su vida en 2024, cuando fue propuesto para ocupar una vacante en la Corte. Pero desde la negativa del Congreso, todas son pálidas. Ahora ni siquiera logró conseguir un pliego para sus amigos. El premio consuelo, según se rumorea, podría ser la Procuración General. Pero después de los últimos acontecimientos, empieza a quedarle más lejos. Sobre todo si le crece un competidor de peso: es que el propio ministro Mahiques podría estar buscando el mismo lugar. Tendrán que competir, cada uno con sus armas.