La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó un aspecto explosivo al darse a conocer la declaración del arquitecto y contratista Matías Tabar, quien aseguró ante la Justicia que el actual jefe de Gabinete desembolsó US$ 245.000 en efectivo para remodelar una casa adquirida en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. El testimonio quedó incorporado a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa el fiscal federal Gerardo Pollicita y abrió nuevos interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados por el funcionario para financiar la compra y las posteriores obras de refacción.
La propiedad, de aproximadamente 400 metros cuadrados, fue adquirida por el funcionario y su esposa Bettina Angeletti a fines de 2024. Según la documentación incorporada al expediente, la operación inmobiliaria se habría concretado por alrededor de US$ 120.000, aunque la Justicia investiga si el valor declarado coincide con el precio real de mercado. Lo que terminó de encender las alarmas fue que las remodelaciones posteriores, de acuerdo con el testimonio de Tabar, costaron más del doble que la compra de la vivienda.
El arquitecto, socio del grupo Alta Arquitectura, declaró bajo juramento que los trabajos se realizaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025 e incluyeron una transformación integral del inmueble. Según detalló, las tareas abarcaron la remodelación de pisos y paredes, pintura completa, reparación de revestimientos, colocación de porcelanato, reformas en cocina y baños, construcción de un quincho, mejoras en la parrilla, modificaciones en la iluminación, trabajos en la galería y el garaje, además de una profunda renovación del parque y la pileta.
Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la construcción de una cascada artificial integrada a la piscina del jardín, un detalle considerado inusual incluso para viviendas de alto nivel dentro del country. Tabar explicó ante la Justicia que la pileta fue completamente reacondicionada y que el sistema hidráulico de la cascada implicó costos elevados por la instalación de bombas, revestimientos especiales y trabajos de paisajismo. Distintos medios señalaron además que la parrilla instalada en el quincho habría costado cerca de US$ 15.000, cifra que por sí sola generó impacto en el expediente judicial.
"Es una parrilla muy buena. Tiene control remoto. Es la parrilla que cualquiera querría tener en su casa", destacó Tabar en el programa de Nelson Castro. El arquitecto insistió en que toda la operatoria económica se realizó en dólares billete y reiteró que los pagos fueron efectuados personalmente por Adorni. “Yo presenté todo lo que tenía: presupuestos, mensajes y comprobantes”, sostuvo durante la entrevista. También afirmó que la obra “fue creciendo sobre la marcha” y que muchas decisiones estéticas, incluida la cascada artificial del jardín, fueron pedidos específicos del matrimonio.
Según reconstruyó la fiscalía, el vocero de Casa Rosada habría realizado un primer pago de US$ 55.000 a fines de 2024 y luego completó el resto —unos US$ 190.000— durante 2025. El contratista aportó contratos, presupuestos, comprobantes de compra de materiales, fotografías del antes y después de la vivienda y hasta dejó su teléfono celular para que la Justicia pudiera peritar conversaciones eliminadas mantenidas con el funcionario.
“Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, declaró Tabar al salir de Comodoro Py en diálogo con la prensa. También confirmó que “él fue quien pagó” las obras y sostuvo que la remodelación no se limitó a cuestiones estructurales sino también al recambio de mobiliario y equipamiento del inmueble. El profesional además reveló una situación que complicó aún más al funcionario: aseguró que, antes de declarar, Adorni se comunicó con él mediante mensajes temporales de WhatsApp y luego mantuvieron una conversación telefónica. Según el arquitecto, el jefe de Gabinete le ofreció ayuda legal o la posibilidad de que integrantes de su equipo lo asesoraran antes de presentarse ante la fiscalía.
La causa judicial busca determinar si los gastos detectados son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario. Según trascendió en el expediente, el funcionario habría informado ingresos mensuales de alrededor de 3,5 millones de pesos hasta el año pasado y luego unos 7 millones, montos que para la fiscalía resultan difíciles de compatibilizar con erogaciones inmobiliarias y de refacción que superarían ampliamente los USD 360.000. A eso se agregan deudas, préstamos privados y gastos vinculados a viajes y alquileres.
Desde el gobierno nacional buscaron relativizar las acusaciones y negaron que las refacciones hayan alcanzado semejante cifra. Fuentes cercanas al jefe de Gabinete afirmaron que “ese no es el monto” y deslizaron que podrían solicitar una pericia técnica para discutir el valor real de las obras. También cuestionaron la ausencia de facturación formal y dejaron trascender que evaluarían acciones legales si detectaban inconsistencias en el relato del arquitecto.
También te puede interesar
Galería de imágenes
Comentarios