Mundo / 4 de septiembre de 2014

España, a pesar de sí misma

Con el desempleo a flor de piel, los desafíos de encontrar un punto de inflexión cierto y sostenible. La esperanza del resurgimiento.

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Mientras se avanza con el debate acerca de cómo habrán de ser incorporadas al PBI las ganancias generadas por la prostitución y el tráfico de drogas –una norma que, no sin algunos cuestionamientos, entrará en vigor en 2013 y más de 24.000 solo en el primer trimestre de 2014), transfiriendo viviendas a una banca que, para procurar sanear las cuentas de sus cajas de ahorros, ya les ha costado a los contribuyentes españoles más de 52.000 millones de euros. Y que, a pesar de soportar su menor volumen de créditos morosos desde septiembre de 2013, mostraba –a mayo de 2014– un saldo todavía bastante preocupante: 190.000 millones de la Unión Europea el 22 de septiembre próximo–, pueden observarse en España perseverantes esfuerzos (del Gobierno Nacional, de algunos medios, de grupos empresarios) enfocados en exhibir un delicado equilibrio para tratar de afirmarse en la cornisa de la crisis, sin morir en el intento. El desafío: conseguir que ciertos datos macroeconómicos se conviertan, a seis años del comienzo de este proceso de achicamiento y recesión, en indicios confiables de la incipiente aproximación a un cierto “punto de inflexión” suficientemente convincente como para que no quepan dudas de que ya se ha tocado fondo.

De lo creíble y sostenible que esta bisagra histórica resulte para el conjunto de la sociedad española, dependerá estar o no más cerca de lograr efectos que, con alguna probabilidad de llegar al ciudadano de a pie, contribuirían a realimentar el deseo colectivo de abandonar la triste etapa del récord de desempleo de este último lustro y comenzar a pensar, muy gradualmente, en la conquista de progresivos espacios de recuperación de la economía a lo largo de los próximos años.

NÚMEROS ROJOS. Pero claro, para esto hace falta poner sobre la mesa evidencias concretas y suficientes que validen la hipótesis, en un país que registra, desde 2008, casi 500.000 ejecuciones hipotecarias (50.000 en 2013 y más de 24.000 solo en el primer trimestre de 2014), transfiriendo viviendas a una banca que, para procurar sanear las cuentas de sus cajas de ahorros, ya les ha costado a los contribuyentes españoles más de 52.000 millones de euros. Y que, a pesar de soportar su menor volumen de créditos morosos desde septiembre de 2013,  mostraba –a mayo de 2014– un saldo todavía bastante preocupante: 190.000 millones de euros, un 13,39% de la cartera total de créditos concedidos. Todo en el marco de una creciente deuda del conjunto de las administraciones públicas que trepó, sin pausa, desde 436.984 millones de euros en 2008 (el 40% del PBI) hasta 996.983 millones en mayo de 2014, y superó ya el 97% del PBI.

La transición desde un PBI negativo en 2013 a otro estimado en 1,4% en 2014 y tal vez algo más de un 1,6% en 2015 no dejaría de ser, si así terminara confirmándose, una muy buena noticia, necesaria para comenzar a transitar senderos de recuperación y de un incipiente crecimiento, aunque apenas suficiente todavía para desarmar el efecto perverso de una asimetría tan prolongada entre la evolución de la recaudación tributaria y las mayores necesidades de endeudamiento provocadas por el déficit fiscal. Es que, aun a pesar de los recortes producidos para acercarse a las metas de Bruselas, sigue necesitándose de auxilios financieros y de los consiguientes esfuerzos para afrontar la sangría de euros dedicados a pagar los respectivos intereses aunque, ciertamente, a tasas menos onerosas que hace un par de años.

Es evidente que el balance de actividad viene beneficiándose –tibiamente todavía– del impulso que algunos planes del Gobierno generan en la industria automotriz, de la sostenida mayor afluencia turística internacional, de un cierto mayor movimiento en ramas de la producción agroalimentaria o textil, o a causa de ciertas mejoras aún no consolidadas que, montadas sobre las ventajas derivadas de la reducción del “costo España”, vienen soplando desde los saldos del comercio exterior. Estas últimas, también estimuladas desde una cada vez más extendida propuesta de internacionalización de los negocios, se advierten claramente condicionadas por la insuficiencia competitiva que genera la todavía persistente fortaleza del euro, fatalmente combinada con un indisimulable incremento de las importaciones y con desafíos de productividad y profesionalización de la gestión aun no resueltos positivamente de un modo integral.

TEMAS EN LA MIRA. El secretario general de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), con 34 países miembro, se alarmaba en junio último, por ejemplo, a causa de la formación de los españoles, al indicar que sus graduados universitarios exhiben un nivel de competencia equivalente, aproximadamente, a los titulados de la escuela secundaria superior japonesa.

Junto a estas dificultades, y en el marco de una sucesión inagotable de causas por defraudaciones y corrupción bajo el amparo de un inquietante sistema de privilegios –tan poco frecuente para los principales vecinos europeos– que acoge y protege, en distintas instancias judiciales, a 10.000 aforados, cabe señalar, como parte imprescindible del panorama que caracteriza (y condiciona) al perfil socioeconómico de la España de estos días, la profundización del proceso de desigualdad en la distribución de la renta. Medido en términos del coeficiente de Gini, España es hoy el segundo país “más desigual” de la Unión Europea, detrás de Letonia y por delante de Portugal, Grecia e Irlanda.

No obstante, en cualquier análisis que se proponga identificar la categoría de problemas más graves que afronta España, continúa ocupando un sitio absolutamente relevante el cuadro de destrucción de empleo que ha dejado la crisis. Aun cuando últimamente vienen observándose algunos descensos en los datos del “paro registrado”, no debería dejar de evaluarse cuánto de esas reducciones relativas tienen que ver más con la disminución de la población activa que con evidencias de mayor ocupación efectiva.

La foto del mercado laboral sigue mostrando un panorama de escasa movilidad relativa y de alta preocupación en términos del pronunciado deterioro de la calidad de vida de los casi seis millones de desempleados, ese impactante récord del 26% de la población activa, del que más de la mitad son ya de larga duración, el 54% lo integran individuos que no han completado su escuela secundaria y el 15% son jóvenes sub-25, que padecen una tasa de paro del orden del 56%. Por supuesto, cada comunidad autónoma tiene, además, su propia realidad.

TIJERAS AFILADAS. Las medidas de recorte a ultranza de las partidas presupuestarias unidas a incrementos de impuestos para cubrir el déficit fiscal como alternativa al endeudamiento, no han ayudado claramente, por lo que se ve hasta hoy, a producir una genuina y vigorosa reactivación de la actividad económica ni de la demanda laboral. Es más: al castigar con más tributación (incrementos del IVA, por ejemplo) al conjunto de productos –incluidos los alimentos– que consume toda la población, solo han logrado disminuir aun más su capacidad de compra y, consecuentemente, achicar volúmenes de ventas y márgenes sujetos a impuestos a las ganancias, con lo que, tal como viene recomendándolo, por ejemplo, el FMI, vuelven a  frente a la provocación de volver a incrementar el IVA. Un absurdo total que solo contribuiría a encoger aun más la capacidad adquisitiva de los consumidores y, detrás de eso, el nivel de actividad económica y, más allá todavía, al afianzamiento de la tendencia a mantener los niveles de desempleo junto con un imparable ritmo de crecimiento de la deuda para atender el inevitable deterioro del desbalanceo fiscal.

Asociado a los típicos efectos de precarización de la calidad de las prestaciones (como el caso, por ejemplo, de los pacientes del Hospital General de Alicante, obligados a llevar su propia ropa de cama) los recortes ofrecen para el análisis, situaciones que sirven para resumir las distorsiones a que da lugar este encadenamiento de malas decisiones: para reducir el peso presupuestario de 19 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, en octubre pasado se privatizó el servicio de lavandería. La UTE ganadora anunció entonces que, obviamente a efectos de estar en mejores condiciones de pagar el canon de 46 millones de euros, había decidido reducir el ya de por sí bajo salario medio de sus trabajadores desde 1.100 hasta 660 euros mensuales. Un 40%, sin anestesia. Sobrevino entonces una huelga de 42 días que culminó con una negociación en valores promedio de 825 euros por mes. Sin embargo, cantidad de operarios (mayoría de mujeres), llegó a la conclusión de que –aun en las condiciones tan sombrías del mercado laboral– no tenía sentido mantener ese trabajo. En primer lugar, porque decididamente no les alcanzaba para vivir dignamente. Y en segundo, porque prefirieron jugarse a la aventura de comenzar a cobrar el seguro de desempleo: 1.100 euros mensuales, durante el primer semestre, y 785 por mes durante el año y medio siguiente.

Con este panorama, cuesta pensar que la recuperación de los puestos de trabajo pueda producirse, sin más, con la mera regeneración de ciertos incipientes niveles de crecimiento de una economía apoyada, fundamentalmente, en el grupo que hoy mantiene sus hábitos de consumo, a costa del deterioro de la capacidad adquisitiva de los que ven precarizar su salario sin piso a la vista. Es más: hay quienes sostienen que el salario mínimo (645 euros) debería bajar aun más, para facilitar el acceso de los jóvenes y desempleados en general a algunas alternativas laborales, aun cuando estas fueran de tiempo parcial. Nadie parece advertir, en el diseño de políticas de Estado, la magnitud de la hipoteca que habrá de dejarle a la sociedad española esta política de clara apuesta a la inercia de un programa que no está en condiciones de devolver a la actividad productiva –en el corto plazo– a cuatro millones y medio de expulsados del mercado de trabajo ni, mucho menos, a evitarles las graves consecuencias con las que la marginalidad social amenaza su futuro e, indirectamente, el del conjunto de los españoles.

FUTURO INCIERTO. De ahí que el desafío esencial hoy, en España, pase por el diseño de un Plan Estratégico de Emergencia Nacional y por un Plan de Acción que traduzca eficazmente, en términos operativos, la agenda y los responsables ejecutivos del cumplimiento de un programa integral que no corra el riesgo de enredarse en los vericuetos burocráticos de decisiones aisladas o de efecto tardío o de poco potencial de aprovechamiento. Ejemplo: no está mal ofrecerles a los empresarios, como se decidió en Cataluña, un reconocimiento por cada alta de empleados que reúnan determinadas características o dificultades. Pero, al igual que lo que ocurre con ciertas líneas de crédito, hace falta no poner el carro delante del caballo. Ampliar la nómina o endeudarse con un Banco supone, para las compañías que deban tomar la decisión, encontrarle sentido y soporte a la expansión de sus costos y compromisos. O, lo que es lo mismo, necesitan advertir o reconocer que, desde una política absolutamente integrada, el Gobierno ha decidido promover la conquista del punto de inflexión al crecimiento “poniendo dinero en el bolsillo de la gente”, directa e indirectamente, apelando a medidas claras, ensambladas, veloces y contundentes, que contribuyan a regenerar la confianza colectiva y reactivar el mercado de consumo.

Alguien tiene que arriesgar e invertir. Y para el Estado es el tiempo de cambiar ya mismo el sentido de sus políticas contractivas por otras que, de modo selectivo, apuesten a detener el crecimiento de la deuda a través de la reducción del déficit fiscal, y esto logrado como resultado de los mayores ingresos tributarios derivados de la recuperación del círculo virtuoso de los mejores niveles de actividad económica.

En este sentido, un Plan Estratégico no debería dejar de analizar, como mínimo, la implementación de una hoja de ruta con ideas y proyectos que alienten:

  1. Reducción del IVA para estimular una saludable actitud de “volver a comprar”.
  2. Identificación de oportunidades de incremento de exportaciones.
  3. Revisión creativa de las posibilidades de explotación alternativa, exportación o aprovechamiento de los excedentes de capacidad de generación de energía instalada.
  4. Formulación de planes de promoción para el desarrollo de industrias que sustituyan importaciones.
  5. Incremento de la productividad.
  6. Promoción de inversiones externas y de alianzas productivas que faciliten la incorporación de tecnologías.
  7. Impulso a la investigación, el desarrollo y la innovación.
  8. Promoción de planes de fomento y recuperación del turismo nacional de bajo costo.
  9. Instrumentación de créditos al consumo, con baja tasa de interés y plazos largos.
  10. Reglamentación de dos medio aguinaldos en seis meses.
  11. Mejora en la propuesta de formación para empresarios y emprendedores.
  12. Planificación de acuerdos de incorporación concreta de desempleados, en empresas o en proyectos de nuevos emprendimientos.

Finalmente, cabe observar que, como consecuencia de esta suerte de devaluación interna y del alcance de los fenómenos asociados, viene generándose una progresiva reducción del costo España ligada a incipientes oportunidades que, como suele ocurrir en estos casos, comienzan a traducirse en mejoras que favorecen la competitividad exportadora.

En este sentido, y considerando que no es solo España la que atraviesa en su continente procesos de este tipo, y que la fortaleza del euro viene demorando una inserción más productiva en otros escenarios internacionales, no estaría de más que algún comité de la Unión Europea se dedicara a estudiar, por ejemplo, hasta qué punto no valdría la pena atenuar las crueles consecuencias de este penoso proceso de achicamiento de ciertas economías europeas, optando, directamente, por inducir una devaluación “salvadora del euro”, haciendo uso de la política monetaria soberana continental.

Cuando en el mundial de fútbol de Brasil la selección española mostró, por primera vez, su inesperada vulnerabilidad, el periódico Marca tituló su tapa “¡ARREGLAD ESTO!” Sin embargo, lamentablemente para España y también para un torneo de esta categoría, los reflejos no llegaron a tiempo… Ojalá que no pase lo mismo con el desafío que plantean los aspectos indeseables de esta etapa de la crisis y se animen a concebir una respuesta audaz y convincente, desmintiendo ciertos rasgos de una identidad no favorecida, en muchos casos, por la celeridad en la instrumentación de respuestas veloces y eficaces para provocar y asegurarse el éxito de la gestión estratégica de un país maravilloso.

España puede, a pesar de la mismísima España.

* CONSULTOR de Dirección, Formación y

Planeamiento Estratégico

 

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