El sábado pasado, durante la inauguración de la tradicional muestra agrícola-ganadera en la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Palermo, se repitieron los clásicos discursos de apertura, aunque con dos datos llamativos: ni la vicepresidenta Victoria Villarruel ni el asesor presidencial Santiago Caputo asistieron al evento. Un gesto que no pasó desapercibido y que sugirió que la “mesa chica” del poder ya no funcionaba como tal.
Pero más allá de ese dato político, el discurso del presidente de la SRA, Nicolás Pino, resultó el más elocuente: no por su claridad, sino por su crudeza. En lugar de mostrar compromiso social o visión estratégica, se dedicó a exigir beneficios sectoriales con total desparpajo, incluso cuando los argumentos rozaban el absurdo.
Por ejemplo, reclamó al presidente de la Nación una baja del impuesto a los Ingresos Brutos, ignorando que ese tributo no es nacional sino provincial, y que su administración depende de los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones. Fue una muestra explícita de desconocimiento tributario, pero también de oportunismo político: exigir sin saber, ni hacerse cargo.
Tampoco se quedó atrás el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien afirmó que los productores con domicilio fiscal en la Ciudad estaban exentos del impuesto a las actividades agropecuarias. Pero omitió explicar que, según el Convenio Multilateral, esos contribuyentes tributan sólo por el 15 % del importe total, y aún menos si exportan, ya que el impuesto se reintegra.
Otro clásico pedido fue la eliminación de retenciones, justificadas —según la SRA— como una traba a la producción. Lo que no dijeron es que fue el propio sector agropecuario el que, en el Diálogo Social impulsado por la Iglesia en 2001-2002, propuso implementar retenciones para estabilizar la economía tras el colapso de la convertibilidad. En ese entonces, el agro avaló una retención del 33 % como mal necesario. Hoy, olvidan convenientemente su propia historia.
También reclamaron una reforma laboral “urgente”, con eje en la creación de un fondo de cese laboral que reemplace las indemnizaciones y evite los juicios. Pero omitieron que esos conflictos no existirían si se cumplieran las leyes laborales vigentes. Según datos históricos del gremio UATRE, alrededor del 60 % del personal rural estaba sin registrar. Un ejemplo reciente fue el caso del “peón tiktokero”, despedido sin derechos ni respaldo alguno.
Pidieron además créditos blandos para el sector, sin mencionar que los bancos ya ofrecían financiamiento al 50 % anual, mientras un ciudadano común accedía a tasas del 127 %. También exigieron beneficios para la compra de maquinaria importada, ignorando el daño que eso implica para la industria nacional radicada en Santa Fe y Córdoba. El mensaje fue claro: el resto del país no importa.
Todo esto evidencia que ese sector de la Mesa de Enlace —el más concentrado, el que representa al 20 % de los productores pero concentra el 80 % de la producción— no defiende a los pequeños y medianos productores. Más bien los ignora. De hecho, ni Federación Agraria ni CONINAGRO ni CARBAP avalaron semejante agenda.
En el mismo acto, el presidente de la Nación no se quedó atrás. En su discurso, desconoció el origen de las retenciones implementadas en 2002 y omitió que su actual equipo económico participó de su reinstauración en 2018. Las calificó de “nefastas y siniestras”, sin contexto histórico ni precisión técnica, y con un enfoque puramente ideológico basado en planillas de Excel.
El mandatario sostuvo que eliminar retenciones permitiría igualar los precios internos a los internacionales. Pero olvidó una variable clave: los salarios en Argentina no se acercan ni remotamente a los estándares globales. En ese contexto, liberar los precios sin mejorar los ingresos sería condenar a millones de argentinos a la indigencia.
Como es habitual, atacó la justicia social, acusándola de fomentar la movilidad ascendente y de permitir que jóvenes de sectores populares accedan a la universidad. Según su mirada, eso representa una amenaza para la casta económica, que no tolera que alguien “de abajo” obtenga mejores resultados, como se evidenció en los recientes exámenes de residencias médicas.
A modo de cierre, anunció una baja del 20 % en retenciones a granos y del 26 % en productos cárnicos. Pero omitió que, en los días posteriores al fin de la baja anterior, el Banco Central perdió USD 372 millones en reservas. Tampoco explicó que el gobierno sigue sin cumplir con el acuerdo con el FMI, que exige elevar las retenciones al tope previsto en el presupuesto 2023. El próximo vencimiento, el 1.º de agosto, por USD 800 millones, sigue sin garantía de cobertura.
Además, el Gobierno continuó enfrentando a los productores con los gobernadores, reteniendo fondos que debían transferirse desde hacía más de un año. Así logró sostener artificialmente el superávit fiscal, recortando la ejecución del impuesto a los combustibles ($180.000 millones) y reteniendo Aportes del Tesoro Nacional por $700.000 millones. Mientras tanto, la coparticipación efectiva seguía por debajo del 20 %.
Como si eso fuera poco, a los trabajadores se les exigió comenzar a devolver los créditos ANSES otorgados en 2023, con descuentos de hasta el 40 % y cuotas mensuales que rondaban los $50.000. Todo esto en medio de una operatoria sostenida con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que se usó para intervenir en el mercado de bonos y contener los dólares financieros. Hasta ahora, nadie pidió informes públicos sobre ese uso entre marzo y junio de 2025.
El acto en Palermo no fue solo una postal del poder rural: fue una radiografía cruda de cómo una élite pretende blindarse fiscal y laboralmente, mientras el resto del país paga la factura.
Galería de imágenes
Comentarios