Polémica por la puesta en marcha de la fusión Telecom/Clarín

Nos unimos para acompañarte mejor”, reza el afiche con el que la nueva Telecom de Clarín empapeló la ciudad en el último mes. Ya los usuarios de Cablevisión sabían de la operación conjunta de ambas empresas, desde principios de año, porque la factura les comenzó a llegar a nombre de Telecom. La nueva compañía empezó a funcionar después de que en diciembre pasado el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó la fusión anunciada en junio anterior y antes de que lo autorice la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). En el Grupo Clarín explican que la antigua ley de defensa de la competencia, que estaba vigente hasta este 24 de mayo, permitía actuar en conjunto sin tener que esperar a que la CNDC la valide con o sin condiciones de desinversión, o la rechace. La nueva ley de defensa de la competencia, que impulsó el Gobierno de Mauricio Macri, establece que, de ahora en más, sí debe esperarse a la CNDC, pero en este organismo del Ministerio de la Producción alegan que no le cabe a la fusión de Telecom del 2017.

Pero no todos están de acuerdo. Entre los competidores hay quienes sostienen que debería haber aguardado a la CNDC. Pero ni Telefónica ni Claro quieren pelearse con el Gobierno: esperan que el Congreso las autorice a dar TV satelital y si se retrasa, ansían que salga por decreto.

El abogado Martín Caselli, experto en defensa de la competencia, opina a favor de Telecom: “Bajo la antigua ley de 1999, las operaciones requerían la previa aprobación de Defensa de la Competencia, pero después un decreto de (Domingo) Cavallo con las facultades extraordinarias de 2001 estableció que no hacía falta”, sostiene Caselli. En el sector telefónico argumentan que en Córdoba, Rosario y municipios de la zona norte del Gran Buenos Aires Telecom pasó a controlar más del 80% del mercado y la CNDC debería obligarla a desinvertir allí.

Martín Becerra, experto en comunicación, sostiene que la nueva empresa de Clarín debería haber esperado a la CNDC. Dos ciudadanos, Jorge Sombra y Roberto Blanco, han recurrido a la justicia para que suspenda la fusión hasta que sea aprobada por la CNDC y citan una resolución de 2001 que reglamentó la ley de 1999. La causa aún no encuentra fuero.