En la Argentina, los paros generales y manifestaciones públicas contra “los ajustes” de turno se asemejan a ritos inspirados por creencias ancestrales. Son obras teatrales colectivas, empapadas de nostalgia por tiempos idos, que tienen mucho en común con aquellas procesiones de fieles, encabezadas por sacerdotes, que piden lluvia que aún pueden verse en distintos puntos del mundo, si bien en el caso de los paros generales los suplicantes suelen asumir una postura mucho más agresiva hacia quienes, para su indignación, no pueden darles lo que reclaman. Con todo, mientras que a veces las lluvias sí llegan, la experiencia debería haberles enseñado a los que se pliegan a los paros que siempre empeoran la situación del país y por lo tanto la de sus habitantes más vulnerables; si funcionaran como quisieran hacer pensar quienes los organizan, el nivel de vida de los obreros argentinos sería el más alto del planeta, pero gracias en buena medida al sindicalismo peronista e izquierdista, está entre los más bajos. El paro general del martes pasado que marcó el comienzo de una primavera que a buen seguro será caliente fue un buen ejemplo de un género que es entrañablemente nacional. En ningún otro país son tan frecuentes las protestas callejeras rituales.
Será porque a ninguno le ha tocado un destino tan frustrante como el de la Argentina en que, luego de disfrutar de algunas décadas de prosperidad, el grueso de la población se las arregló para convencerse de que había llegado la hora de vivir de lo ya acumulado, repartiéndolo con generosidad en nombre de la justicia social sin preocuparse en absoluto por el futuro. Así le fue.
A lo sumo, el paro de la CGT de Hugo Moyano y la CTA de los estatales brindó a muchas personas que tienen buenos motivos para quejarse una oportunidad para desahogarse expresando la rabia que sienten en lugares que a través de los años han adquirido cierto valor simbólico. Como en tantas otras ocasiones, lo hicieron coreando insultos contra quienes están en el poder y manifestando su repudio al mundo representado por el Fondo Monetario Internacional. Sabían que muy poco cambiaría a causa de un paro cuyo éxito a ojos de los protagonistas dependería por completo de las dimensiones que alcanzara, no de los eventuales resultados concretos, si los hubiera.
Pase lo que pasare, para muchos los meses próximos serán duros, aunque no tan duros como sería el caso si “cayera el modelo” y, con él, el gobierno constitucional, como pide el tribuno de los estatales, Pablo Micheli, puesto que lo que lo reemplazaría no sería un país mejor sino el caos. Los sindicalistas dicen que seguirán luchando hasta que el gobierno saque un “plan B”, uno que, es de suponer, necesitaría una reedición del milagro de los panes y los peces, ya que el gran problema es que no hay plata para los gastos que casi todos quisieran ver aumentar. A Moyano y compañía les es fácil paralizar al país, pero no tienen la más mínima idea de cómo movilizarlo en pos de algo constructivo.
En tiempos que ya son lejanos, los líderes sindicales y sus aliados populistas o izquierdistas sí confiaban en que los paros generales que esporádicamente organizaban no sólo les traerían beneficios personales al obligar al gobierno a negociar con ellos, sino que también mejorarían la vida de los trabajadores. Creían contar con propuestas concretas que, bien aplicadas, brindarían resultados muy superiores a los producidos por el “modelo” contra el cual protestaban.
Aquellos días se han ido. Ni siquiera el camionero Moyano puede imaginar que si el gobierno de Mauricio Macri dejara de “ajustar”, la inflación bajaría, la economía reanudaría el crecimiento, los salarios aumentarían, los empleos bien remunerados aptos para quienes carecen de calificaciones o experiencia se multiplicarían y todos comeríamos perdices. Hace medio siglo, antes del naufragio del comunismo y, lo que tendría consecuencias aún más graves para los pueblos de países de cultura occidental, del desprestigio del socialismo democrático, a muchos tales fantasías les parecían realistas, pero en la actualidad sólo un delirante las tomaría en serio.
Por cierto, nadie supone que el gobierno macrista, debidamente avergonzado o intimidado por el espectáculo que acaban de montar los combativos de siempre, optará por aumentar el gasto público, inventar más subsidios, crear más puestos de trabajo estatales y reducir drásticamente el costo de vida. Le encantaría hacer todo eso, pero lo sabe imposible. El problema que enfrentan los muchos que sienten bronca no se debe al ajuste tardío y, dadas las circunstancias, relativamente suave que se ha puesto en marcha. Tampoco es “el modelo” híbrido, que sigue siendo más peronista que “neoliberal”, que el gobierno, con el respaldo del FMI, está tratando de mantener a flote. Es que la Argentina es un país pobre y, con la excepción del agro, nada competitivo, cuyos habitantes, encabezados por los políticos, sindicalistas y otros, creen merecer un nivel de vida que sería propio de uno mucho más rico, o sea, más productivo, que puede permitirse ciertos lujos.
Si hay alternativas auténticas a la política económica de Macri, sería cuestión de variantes, que sus enemigos rechazarían con desprecio, del esquema que, terminada la etapa gradualista, está procurando aplicar. Soñar con un “giro de 180 grados” o algo igualmente tremendo es absurdo en un mundo en que el único sistema que rivaliza con el capitalismo democrático tal y como lo practican en Europa, América del Norte, Australia, el Japón y, de un modo u otro, América latina, es el chino, o sea, el neoliberalismo con bayonetas.
No sólo aquí sino también en el resto del planeta, gobiernos de distinto origen están intentando, con éxito limitado, reconciliar las expectativas a primera vista razonables de la gente con lo que parecen querer los mercados que, mal que nos pese, suelen tener la última palabra. Si por motivos políticos un gobierno -democrático o dictatorial, da lo mismo- se concentra en mantener contenta a la ciudadanía local, corre peligro de provocar una crisis financiera; si exagera los esfuerzos por apaciguar a los mercados, puede perder el apoyo del electorado. Los populismos que están brotando por doquier no traen soluciones para el dilema así supuesto; a lo mejor, hacen más tolerable por un rato lo que está ocurriendo al encuadrarlo en un drama fácilmente comprensible. Las protestas, que continuarán proliferando en los meses próximos al intentar los kirchneristas, sindicalistas como Moyano y militantes de las diversas sectas izquierdistas aprovechar una realidad que, en teoría por lo menos, debería serles propicia, podrían demorar la recuperación económica, pero no necesariamente perjudicarán al gobierno de Cambiemos. Felizmente para Macri y sus colaboradores, son cada vez más los que se han dado cuenta de que los contrarios al “rumbo” son incapaces de ofrecer otro que sea menos arduo.
Puede que a los oficialistas por falta de opciones claramente mejores no les guste para nada el estado en que se encuentra el país y que tengan dudas en cuanto al profesionalismo de Macri y de quienes integran su equipo, pero entienden muy bien que sería peor que inútil entregarse a una nueva ilusión que, después de algunos días de euforia, condenaría a una mayoría creciente a años más de miseria. La bancarrota intelectual de la oposición frontal al oficialismo, la imagen nada atractiva de Moyano y otros sindicalistas, más la conciencia de que los kirchneristas están más interesados en robar que en hacer, ha modificado la balanza de poder.
Por lo demás, nadie ignora que para quienes están flirteando con el golpismo hay en juego mucho más que el destino del “modelo” económico vigente, un tema que, en verdad, les importa poco ya que sus prioridades son otras. Al cobrar fuerza la ofensiva contra la corrupción, los más conspicuos corren el riesgo de terminar entre rejas. No lo habrá propuesto Macri, pero al dejar actuar a jueces y fiscales que se afirman resueltos a aplicar la ley sin tomar en cuenta la identidad ideológica o social de los acusados de cometer delitos, puso en marcha una revolución que, de concretarse, incidirá profundamente en las estructuras de un país de cultura corporativista en que casi todos los grupos de poder se han habituado a lucrar a costa de la gente común.
La inequidad, porque es de esa que se trata, no es la consecuencia inevitable de un sistema económico que, con algunas diferencias locales, es casi universal sino de la voluntad de los más poderosos de hacer valer los privilegios corporativistas que han sabido conquistar. Políticos, miembros de la familia judicial, sindicalistas, individuos vinculados con los servicios de inteligencia, empresarios eminentes y, durante mucho tiempo, militares, han disfrutado de fueros, algunos explícitos, como en el caso de Cristina, y otros implícitos, ya que no se ven legitimados por ninguna ley escrita, pero todos muy valiosos para quienes los han aprovechado. Para justificar las ventajas que han conseguido, políticos, sindicalistas y otros beneficiados por el orden así supuesto suelen presentarse como amigos del pueblo trabajador que, claro está, ha sido la víctima principal de un sistema arcaico y perverso que, hasta hace poco, la mayoría suponía era perfectamente normal.
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