Caso Hernán Casciari: ¿torpeza o estafa?

La promesa de financiar películas y participar de las ganancias convirtió a cientos de lectores y espectadores en socios productores de Orsai Audiovisuales, liderada por el escritor Hernán Casciari. Después de “La Uruguaya”, presentada como una experiencia exitosa, llegaron nuevos proyectos con los nombres del Dibu Martínez, Diego Peretti, Darío Barassi y convocatorias que alentaban a invertir. Pero muchos aportantes aseguran que no recuperaron el capital, cuestionan el destino del dinero recaudado y exigen mayor transparencia en las explicaciones. Bajo ese contexto, 18 damnificados formalizaron una denuncia penal en el Juzgado Criminal y Correccional N° 34 contra Casciari y Orsai Audiovisuales, la sociedad que impulsó las producciones. La causa busca determinar qué ocurrió con los fondos recaudados y si existieron irregularidades en su administración.

“Cuando uno administra plata ajena tiene que dar explicaciones”, sostiene Ariel Gil Ces, abogado de los denunciantes, en diálogo con NOTICIAS. El reclamo, explica, no es que una película haya fracasado sino que los inversores puedan conocer cómo se usaron sus aportes, cuáles fueron los gastos y qué ingresos generó cada producción. La denuncia solicita una auditoría contable, documentación de los proyectos e informes a organismos públicos y entidades financieras. La fiscal encargada Mónica Cuñarro deberá evaluar las pruebas.
Gil Ces calcula que los fondos comprometidos en los distintos proyectos rondan los 6 millones de dólares en total. El letrado considera que los hechos podrían encuadrarse en administración fraudulenta, prevista en el artículo 173, inciso 7, del Código Penal, u otras figuras que determine la investigación. Afirma que hubo pedidos de información y cartas documento sin respuestas satisfactorias.

Negocio no redondo. El modelo invitaba a comprar bonos para convertirse en socios productores, participar en algunas decisiones artísticas y recibir retornos cuando las películas se comercializaran. El mismo sistema había utilizado en el rubro editorial y teatral y había funcionado a la perfección.  La primera experiencia fue “La Uruguaya”, adaptación de la novela de Pedro Mairal. Según los testimonios, los inversores recuperaron el capital y algunos incluso ganaron dinero, aunque menos de lo esperado. Ese resultado alentó a varios a reinvertir en otros proyectos. Gil Ces habla de un posible “método de enganche”, pero aclara que no puede afirmar que existiera un esquema Ponzi, eso requiere pruebas judiciales.

Después llegaron “Sola en el paraíso”, documental sobre la actriz Justina Bustos durante la pandemia; una producción animada vinculada con el arquero de la Selección nacional que terminó siendo “Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo”, que se emite por Netflix luego de que Casciari la vendiera a otra productora por falta de financiamiento; ”La muerte de un comediante”, inicialmente vendida como ”Peretti Project”, y finalmente “Canelones”. Los denunciantes cuestionan cambios de formato y falta de información.

En las presentaciones se mencionan 10.139 participaciones en “La muerte de un comediante”, 5.495 en “Canelones” y cerca de 4.000 en el proyecto del Dibu. No son necesariamente personas distintas. por ejemplo, Maricela Ballatore afirma haber invertido mil dólares en la cinta de Peretti y recibido 28; y Lautaro Lin Racioppi que aportó 600 y obtuvo 16. Algunos famosos como José Chatruc reconocieron haber invertido pero no acusaron a Casciari de "estafador". Sí exigió que explique el destino del dinero.

Déficit alto. Los inversores dicen que aceptan el riesgo comercial, pero no la falta de información sobre gastos e ingresos. Cuestionan planillas de Excel y documentación que consideran "insuficiente". Gil Ces afirma que, sobre una recaudación estimada en 1,8 millones de dólares para “La muerte de un comediante”, solo 250 mil tienen comprobantes y 750 mil están justificados pero con tickets no fiscales. El resto no tiene comprobantes legales. Y esto, según el abogado querellante, es un alerta para que ARCA proceda a la investigación pertinente. 

Otro punto sensible es el supuesto traslado de fondos entre producciones. Algunos inversores aseguran que Casciari reconoció que dinero de un proyecto se usó para cubrir dificultades de otro. La Justicia deberá establecer si esas decisiones estaban previstas, si fueron informadas y cómo se registraron. En el proyecto del Dibu, los denunciantes cuestionan la venta del guion a una plataforma sin consultar a los socios y reclaman información sobre ingresos y devoluciones.

La promoción pública ayudó a convocar inversores. Casciari presentó proyectos en “Perros de la Calle”, donde colaboraba como panelista. Los denunciantes dicen que confiaron en él, en Orsai y en los actores que salieron a vender sus proyectos en sus redes sociales, aunque la mayoría reconoce que ninguno firmó contrato y que pusieron el dinero “a ciegas”. Vale aclarar que Casciari en más de un medio salió hablando de que sus proyectos daban ganancias, y cuando le advirtieron que no asegurara beneficios, dijo que con el proyecto “5 Pelis” sí ganarían: “Con las ganancias vas a cambiar el auto”. Para los reclamantes, esas afirmaciones generaron expectativas incumplidas. Un caso particular es el de una productora cinematográfica que trabajó para el malogrado film de Peretti y reconoce que lo que facturó por su trabajo lo cobró en tiempo y forma, mientras que de los 200 dólares que invirtió solo recuperó un 8 por ciento. 

Soltada de mano. Diego Peretti, protagonista y director de “La muerte de un comediante”, sostuvo que Casciari le propuso financiar el film mediante aportes colectivos. Dijo que escribió, dirigió y actuó, pero no administró los fondos. Rada, que trabajó en “Canelones”, dijo que fue contratado, que no pidió aportes y que no cree que Casciari sea un estafador, aunque aclaró que no pone las manos en el fuego por nadie. La peor parte se la lleva Darío Barassi, quien alentó a sus seguidores en redes a que inviertan “una torta de dinero”. Si bien la denuncia apunta contra Casciari y Orsai, la fiscalía determinará si las personas mencionadas también tuvieron alguna responsabilidad.

Consultada por NOTICIAS, Paloma Fabrykant, escritora publicada por Orsai, cuenta una experiencia editorial positiva. Asegura que recibió pagos superiores a los habituales en medios gráficos y recuerda que la editorial compartió ingresos extra con todos los trabajadores tras una edición que vendió más. Considera posible que el modelo audiovisual haya sido ambicioso sin que eso pruebe una intención de estafar. 

Por su parte, Casciari, quien se negó a hablar con NOTICIAS, rechazó públicamente las acusaciones de estafa, fraude o esquema Ponzi. En su descargo reconoció "errores e ingenuidad en la gestión de varios proyectos simultáneos", pero sostuvo que "no hubo intención de perjudicar a los aportantes". Se dedicó a pedir disculpas individualmente y difundió un código QR que conduce a planillas de gastos. Para los denunciantes, la información es incompleta y no sustituye una rendición documentada. Él sostiene que las dificultades de las producciones no deben interpretarse como una maniobra deliberada.